Recomienda la OCDE a senadores avanzar en la privatización de ejidos

El legislador priísta Heladio Ramírez califica la propuesta de "irresponsable"

ANDREA BECERRIL

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que preside José Angel Gurría, entregó al Senado de la República un estudio sobre el campo mexicano, en el cual recomienda avanzar en la privatización del ejido y la eliminación de la propiedad comunal, propuesta que provocó el rechazo inmediato de varios legisladores.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, el priísta Heladio Ramírez, dijo que "es incomprensible" que un organismo de tanta relevancia internacional, pero tan alejado de la realidad social y la evolución histórica de México, se atreva a hacer una sugerencia tan "irresponsable".

La experiencia mexicana, luego de la contrarreforma salinista de 1992, ha sido de mayor pobreza de los campesinos, quienes "dejaron de ser ejidatarios o comuneros para convertirse otra vez en peones", ya que "gran parte de las tierras de riego del sector social están rentadas a unos cuantos poderosos", destacó.

También dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez consideró que dicho análisis, titulado La política agropecuaria y pesquera en México: logros recientes, continuación de las reformas, debe ser rechazado por el pleno del Senado, pues entre las 13 recomendaciones que formula destaca el "avanzar hacia la eliminación de la propiedad comunal de la tierra, suprimir las limitaciones para la propiedad privada de la tierra y crear incentivos para la privatización de los ejidos".

Es decir, advirtió, la OCDE propone "privatizar las tierras comunales donde están los pueblos indígenas, donde se encuentran playas y costas, donde están los recursos forestales y mineros, la rica biodiversidad de nuestro país, donde se ubican nuestros recursos hidráulicos y los hidrocarburos".

Hizo notar que seguramente los estudiosos de la organización que elaboraron dicho estudio ­que luego enviaron formalmente al Senado­ no leyeron los artículos 25 y 27 de la Constitución, pero lo que sí hicieron, dijo, fue "apuntalar a ultranza las orientaciones del Consenso de Washington, donde se postula un rol mínimo para los gobiernos y radicales procesos de privatización".

El legislador expresó que quienes siguen impulsando ese tipo de propuestas "callan deliberadamente que esas políticas privatizadoras han fracasado en el continente, ante la rebelión de la pobreza, que además está poniendo en entredicho la democracia y sus instituciones".

Es lamentable, insistió, que la OCDE ignore que en el agro mexicano, donde habitan más de 30 millones mexicanos, la propiedad social, que conforman el ejido y las tierras comunales indígenas, representan más de 50 por ciento del territorio nacional.

Fue una falacia, resaltó Heladio Ramírez, la argumentación que se esgrimió en 1992 para reformar la Constitución y abrir las tierras ejidales al mercado, de que la inversión privada se volcaría al campo para colocar a México a la altura de los países productores del primer mundo.

En realidad, la contrarreforma impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo que logró fue pulverizar las unidades de producción ejidal o asociadas con auténticos pequeños propietarios, que se habían ido construyendo durante más de tres cuartos de siglo para dar paso a "una nueva casta de intermediarios".

El documento de la OCDE, detalló, confunde el concepto de ejido con el de minifundio, y critica fuertemente la productividad de la propiedad social, sin considerar que "a partir del pragmatismo neoliberal" el ejido se sometió "a un abandono lamentable y a una ofensiva por parte de los dueños de las inmobiliarias y de empresas turísticas que han aprovechado el proceso privatizador para sustraer los derechos sobre la tierra y el agua en condiciones por demás lamentables, frente a la impotencia de quienes no cuentan con los recursos mínimos para cultivar la tierra".

Los campesinos dejaron de ser ejidatarios o comuneros para convertirse otra vez en peones, y todo ello al amparo de una política deliberada de desaparición de los organismos e instituciones creadas para apoyar el ejido, las comunidades y a los pequeños propietarios, con el objetivo de hacerlos viables y competitivos.

El legislador resaltó que quedó demostrado que el proceso privatizador en el campo propició más pobreza, mayor desigualdad, la desintegración del ejido y la dispersión de la familia campesina. De ahí que el Senado deba expresar "total desacuerdo" con la recomendación de la OCDE.

Las maquiladoras arrojaron al desempleo a 150 mil trabajadores

Despidieron a los hombres y mujeres sin pensión, liquidación o seguridad social

Informe documenta la devastación económica, social y laboral de esa empresas

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Más de 150 mil trabajadores de la industria textil mexicana de estados como Puebla y Tlaxcala fueron arrojados al desempleo, sin pensión, liquidaciones ni seguridad social, aunque muchos están enfermos como consecuencia de los químicos que se vieron forzados a utilizar en sus labores. Son víctimas del desplome del sector, en el cual 3 mil 286 empresas quebraron, la mitad del mercado se lo "comió" la economía informal y el negocio quedó controlado por "prácticas depredatorias" realizadas por firmas como Palacio de Hierro y Wal- Mart.

Es el sombrío panorama que dejó el llamado "milagro mexicano" de la industria maquiladora, del cual ahora quedan cientos de cascarones de empresas instaladas en el país y en las que los que más perdieron fueron los trabajadores, a quienes se les obligó a aceptar esquemas de explotación laboral, les impidieron su organización sindical, se les desconocieron todos sus derechos; mientras hombres de negocios como Kamel Nacif llegaron a tener el control de la producción textil de Ajalpan, la Sierra Negra, Tlaxcala, San Martín y el centro de Puebla.

El centro y el norte del país, los más afectados

El informe La industria maquiladora del vestido en México, elaborado por Huberto Juárez Núñez, profesor y analista del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, y presentado hace apenas unas semanas, evidencia la devastación económica, social y sobre todo laboral que dejó en diversos estados del centro y norte de la República el modelo maquilador en este sector industrial.

Empresarios nacionales lograron ingresos anuales por más de 9 mil 600 millones de dólares en este sector; organizaciones sindicales como la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROG), que supuestamente es un apéndice estatal de la CROC, hizo un papel penoso al plegarse a las empresas, fungiendo como "sindicato blanco" y casualmente "perdió" todas las batallas reivindicatorias que emprendieron supuestamente en favor de los trabajadores.

En tanto los trabajadores no sólo ofrecieron la mano de obra más barata del mundo, ya que entre 60 y 70 por ciento de ellos no recibieron prestaciones ni fueron nunca registrados ante el IMSS o el Infonavit, mientras las maquiladoras pusieron de "moda" las pruebas de embarazo para las mujeres, dejaron manantiales contaminados, por las deslavadoras de pantalones, y población afectada por la utilización de químicos y polvos en la producción de las prendas, amén de una desarticulación social y económica que ha provocado que Puebla sea una de las principales exportadoras de mano de obra mexicana a Estados Unidos.

El informe detalla que el mercado interno mexicano de los textiles tiene ahora un valor calculado entre los 19 y 20 millones de dólares; sin embargo, 50 por ciento está sujeto al comercio informal y la parte formal "está controlada por firmas como Palacio de Hierro y Wal-Mart", que marcan las pautas tanto de la producción como de la comercialización de las prendas en el país.

Wal-Mart utiliza el esquema de brokers, que son los que controlan los pedidos, el diseño, los volúmenes y los tiempos de entrega de los textiles en México; también asigna la proveduría de tela-cortes y demás insumos que en su mayor parte son importadas, aunque se puede encontrar en las etiquetas la leyenda Hecho en México, pero con telas del exterior.

Además, esta firma no paga de contado a los proveedores, e inclusive recientemente incrementó el tiempo de espera de 60 días hasta 3 meses, lo que da por resultado que los maquiladores tienen que financiar a la gran cadena comercial. Y algunas de estas prácticas también son utilizadas por Palacio de Hierro, lo que ha provocado que tan sólo estas dos firmas controlen la mayor parte del mercado formal de los textiles en México, según señala el investigador.

Plantea en su informe que el control que tienen otros empresarios sobre el mercado, como Kamel Nacif ­el llamado Rey de la mezclilla­ no se afectó por la recomposición del mercado, sólo se transformó, ya que aprovechó con mucha eficacia una complicada red de conveniencias e intereses en torno al negocio de la fabricación de prendas para construir un verdadero reino en la región a partir de la asociación con los hermanos Gerald y Paul Guez, empresarios del vestido cuyo centro de operación está en Los Angeles.

"Su asociación con Tarrant Apparel Group, empresa trasnacional que por su poder ha venido a centralizar la propiedad de la industria regional desplazando a pequeños y medianos empresarios y ampliando los radios de operación hacia nuevas áreas del centro y sur del país", lo hace sumamente poderoso, ya que la firma tiene la marca American Rag CIE y de la subsidiaria local de Private Brands, conectada con marcas como GAP, Guess, Tommy y Levi's: un verdadero poder económico.

En tanto, otras industrias que no estaban "tan protegidas" sufrieron la misma caída en picada que el sector, que tiene la cifra oficial de 150 mil empleos perdidos entre 2000 y 2006, y 3 mil 286 empresas cerradas: en Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, lo mismo que en la Comarca Lagunera "en Gómez Palacio, Torreón y Lerdo, las escenas se repiten aquí y allá: cascarones de plantas en donde otrora se respiraba el polvillo de la mezclilla", máquinas sin uso. Y no es que las maquiladoras se fueran a Centroamérica o China, lo que realmente pasó es que las órdenes de compra fueron las que viajaron a otras regiones, porque las maquiladoras están muriendo de pie, señala la información.

La migración es la única salida para muchos despedidos

Puntualiza que como esta industria creó en su fase de expansión cadenas informales de producción ­incluyendo la maquila a domicilio y la ilegal- el costo adicional para el país es el desempleo de miles de trabajadores que no están contabilizados porque estaban en la informalidad y que, como en la región de Tehuacán, Ajalpan, Sierra Negra y otros, han tenido que recurrir a la migración "como la única salida".

Una de las conclusiones de la investigación es que mientras en Europa y Estados Unidos la tendencia es hacia regular la actuación de las empresas tanto en el plano económico como en el laboral, en México se les permitió y permite que actúen con prácticas depredatorias, que no cumplan con la Ley Federal del Trabajo, de las de medio ambiente, ni otras; que traigan capitales "golondrinos" e inclusive empresas como Nike o GAP, que en otras países hasta publican sus códigos de conducta, aquí los ignoran. Remata al señalar que los acuerdos textiles que México a firmado a escala internacional no han servido más que para hacer ricos a las grandes trasnacionales y a empresarios que se asocian con ellos, pero para el país y los trabajadores nada.