Avances de la política social en el DF
Julio Pomar
Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno capitalino, se le adelantó al auto denominado “presidente del empleo”, Felipe Calderón, y anunció la aplicación, a partir del próximo diciembre, del Seguro de Desempleo, que en una primera fase abarcará a 70 mil personas que perdieron su trabajo desde diciembre de 2006. De inmediato saltó, descalificándolo naturalmente, el secretario del Trabajo de Felipe Calderón, para denostar la histórica medida. No podía ser menos. Javier Lozano Alarcón, titular del Trabajo, se ha mostrado enemigo del empleo desde que funge como empleado de los empresarios mineros --Grupo México-- que quieren anular en la industria minero metalúrgica la contratación colectiva y por consiguiente echar a la calle a los insumisos sindicalistas que le hacen huelga al arrogante patrón del sector, Germán Larrea, unos dicen que el segundo rico de México, sólo después de Carlos Slim, aunque otros lo sitúan en el cuarto sitio de la opulencia nacional. Un personaje como Lozano Alarcón no puede, por definición, estar por el empleo, sino por el desempleo de los mexicanos. Y de ahí sus acerbas censuras al Seguro de Desempleo.
El proyecto anunciado en estos días por Marcelo Ebrard durante su primer informe al frente del gobierno capitalino ante la Asamblea Legislativa del DF, consiste en otorgar un apoyo mensual de mil 500 pesos durante medio año a los desocupados en este periodo, independientemente de su edad y que será verificable con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social o se comprobará con el último recibo de cobro del trabajador. Mientras se mantenga el Seguro de Desempleo, los cesantes tomarán cursos de capacitación y desarrollo de nuevas habilidades y serán inscritos en una bolsa de trabajo.
La importancia de la medida anunciada por Ebrard es inocultable. Se otorga por primera vez en la historia de México y abre el camino para generalizar esta prestación social, en un país en el que cunde el desempleo, no el empleo. Pero el mismo Ebrard hizo notar su limitación, dato que corroboró el secretario del Trabajo del GDF, Benito Mirón Lince, quien informó que asciende a 224 mil personas el número de desempleados. Cifras que desmienten categóricamente las fantasiosas que manejó Felipe Calderón en su “informe” del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el sentido de que en los 9 meses iniciales de su administración se han creado 618 mil nuevos empleos, que ni el INEGI (Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática) ha publicado ni avalado.
Pese a las diatribas del colaborador de Calderón, ya veremos muy pronto cómo la administración del michoacano se lanzará a crear algún otro instrumento de apoyo sucedáneo, de la misma manera que hicieron los foxistas respecto al apoyo que López Obrador le dio desde el gobierno del DF a los ancianos: lo criticaron, lo denostaron, lo descalificaron como “populista” y comprador de clientela electoral, pero cínicamente lo asumieron poco después.
Este proyecto de Marcelo Ebrard viene al mismo tiempo que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anunciaba (miércoles 19) que le subirá el precio del agua que abastece al Distrito Federal, hasta en 19 por ciento, con lo cual el gobierno de Ebrard tendrá que pagar 500 millones de pesos más y eso lo obligará a subir la tarifa a los capitalinos, en lo que ya se puede interpretar como una suerte de venganza ideológica de parte de la derecha contra Ebrard, ya que la CONAGUA está encabezada por un resabioso dirigente panista, miembro del grupo ultraderechista Yunque, José Luis Luege Tamargo, quien quedó muy resentido por el ascenso político de López Obrador en los años anteriores. Y con eso no sólo le asestan al gobierno del DF un golpe financiero, sino que lo pretenden castigar por su ventajoso refinanciamiento de la deuda local, además de haberlo excluido de la derrama del aumento gradual de precios de la gasolina --el llamado “gasolinazo”-- a partir de diciembre, que sí recibirán otros gobiernos estatales, el cual evidentemente es inflacionario y ya ha empezado a funcionar en este último sentido en todos los precios.
El Seguro de Desempleo se presenta poco después, asimismo, de que el gobierno del DF anunciara que la credencial con la que se ayuda a los “viejitos” del DF ampliaría sus funciones, y pasaría de ser sólo para la compra de alimentos, a utilizarse para pagar la luz, el teléfono y otros gastos. Lo que pretenden ignorar los críticos de toda política social real, aunque esta sea limitada, es que el Seguro de Desempleo es parte de una serie de recomendaciones que ha estado formulando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también llamada “club de los ricos”. Pero la OCDE no sólo hace estas recomendaciones, sino que últimamente hizo otra para privatizar la educación media y superior en México --que mereció ipso facto una gran repulsa de la comunidad educativa nacional-- así como para eliminar las formas de tenencia colectiva de la tierra, el ejido principalmente, que este jueves 20, recibió un rechazo unánime en el Senado por parte de las bancadas, incluidos los panistas. La OCDE, pues, no las trae todas consigo en México, ni siquiera con el PAN, el partido de Felipe Calderón.
Pero este jueves 20 ocurrió otra cosa muy importante en la sesión regular de la Cámara de Diputados. Por 360 votos a favor y sólo una abstención, el pleno aprobó una reforma a la Ley General de Educación por la cual se aplicarán multas hasta por 60 mil pesos y las sanciones penales correspondientes, a los profesores o autoridades escolares que, cooptados por las trasnacionales de los medicamentos psiquiátricos, suministren algún tipo de fármacos a sus alumnos. Esta decisión de los diputados viene de las denuncias que numerosas voces han externado sobre el uso de fármacos, como el “ritalín” y otros, que enferman más a los niños considerados con déficit de atención o hiperactivos, y los inducen criminalmente hacia la dependencia a las drogas.
Las denuncias las ha hecho en México y en Monterrey, así como en Guadalajara y otras ciudades, lo mismo que en diversas partes de América Latina, la Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos (CCDH), integrada por activistas mujeres y médicos que han revelado que los grandes laboratorios farmacéuticos trasnacionales están impulsando la venta de esos medicamentos en las escuelas, como medio de “mercadeo” desalmado y criminal contra alumnos menores de edad. Donde esta decisión de los diputados se convierte en otra buena noticia, ya que además confirma la posibilidad de encuentro entre las diferentes bancadas partidistas en el Congreso para causas positivas.
pojulio2@gmail.com
Julio Pomar
Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno capitalino, se le adelantó al auto denominado “presidente del empleo”, Felipe Calderón, y anunció la aplicación, a partir del próximo diciembre, del Seguro de Desempleo, que en una primera fase abarcará a 70 mil personas que perdieron su trabajo desde diciembre de 2006. De inmediato saltó, descalificándolo naturalmente, el secretario del Trabajo de Felipe Calderón, para denostar la histórica medida. No podía ser menos. Javier Lozano Alarcón, titular del Trabajo, se ha mostrado enemigo del empleo desde que funge como empleado de los empresarios mineros --Grupo México-- que quieren anular en la industria minero metalúrgica la contratación colectiva y por consiguiente echar a la calle a los insumisos sindicalistas que le hacen huelga al arrogante patrón del sector, Germán Larrea, unos dicen que el segundo rico de México, sólo después de Carlos Slim, aunque otros lo sitúan en el cuarto sitio de la opulencia nacional. Un personaje como Lozano Alarcón no puede, por definición, estar por el empleo, sino por el desempleo de los mexicanos. Y de ahí sus acerbas censuras al Seguro de Desempleo.
El proyecto anunciado en estos días por Marcelo Ebrard durante su primer informe al frente del gobierno capitalino ante la Asamblea Legislativa del DF, consiste en otorgar un apoyo mensual de mil 500 pesos durante medio año a los desocupados en este periodo, independientemente de su edad y que será verificable con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social o se comprobará con el último recibo de cobro del trabajador. Mientras se mantenga el Seguro de Desempleo, los cesantes tomarán cursos de capacitación y desarrollo de nuevas habilidades y serán inscritos en una bolsa de trabajo.
La importancia de la medida anunciada por Ebrard es inocultable. Se otorga por primera vez en la historia de México y abre el camino para generalizar esta prestación social, en un país en el que cunde el desempleo, no el empleo. Pero el mismo Ebrard hizo notar su limitación, dato que corroboró el secretario del Trabajo del GDF, Benito Mirón Lince, quien informó que asciende a 224 mil personas el número de desempleados. Cifras que desmienten categóricamente las fantasiosas que manejó Felipe Calderón en su “informe” del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el sentido de que en los 9 meses iniciales de su administración se han creado 618 mil nuevos empleos, que ni el INEGI (Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática) ha publicado ni avalado.
Pese a las diatribas del colaborador de Calderón, ya veremos muy pronto cómo la administración del michoacano se lanzará a crear algún otro instrumento de apoyo sucedáneo, de la misma manera que hicieron los foxistas respecto al apoyo que López Obrador le dio desde el gobierno del DF a los ancianos: lo criticaron, lo denostaron, lo descalificaron como “populista” y comprador de clientela electoral, pero cínicamente lo asumieron poco después.
Este proyecto de Marcelo Ebrard viene al mismo tiempo que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anunciaba (miércoles 19) que le subirá el precio del agua que abastece al Distrito Federal, hasta en 19 por ciento, con lo cual el gobierno de Ebrard tendrá que pagar 500 millones de pesos más y eso lo obligará a subir la tarifa a los capitalinos, en lo que ya se puede interpretar como una suerte de venganza ideológica de parte de la derecha contra Ebrard, ya que la CONAGUA está encabezada por un resabioso dirigente panista, miembro del grupo ultraderechista Yunque, José Luis Luege Tamargo, quien quedó muy resentido por el ascenso político de López Obrador en los años anteriores. Y con eso no sólo le asestan al gobierno del DF un golpe financiero, sino que lo pretenden castigar por su ventajoso refinanciamiento de la deuda local, además de haberlo excluido de la derrama del aumento gradual de precios de la gasolina --el llamado “gasolinazo”-- a partir de diciembre, que sí recibirán otros gobiernos estatales, el cual evidentemente es inflacionario y ya ha empezado a funcionar en este último sentido en todos los precios.
El Seguro de Desempleo se presenta poco después, asimismo, de que el gobierno del DF anunciara que la credencial con la que se ayuda a los “viejitos” del DF ampliaría sus funciones, y pasaría de ser sólo para la compra de alimentos, a utilizarse para pagar la luz, el teléfono y otros gastos. Lo que pretenden ignorar los críticos de toda política social real, aunque esta sea limitada, es que el Seguro de Desempleo es parte de una serie de recomendaciones que ha estado formulando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también llamada “club de los ricos”. Pero la OCDE no sólo hace estas recomendaciones, sino que últimamente hizo otra para privatizar la educación media y superior en México --que mereció ipso facto una gran repulsa de la comunidad educativa nacional-- así como para eliminar las formas de tenencia colectiva de la tierra, el ejido principalmente, que este jueves 20, recibió un rechazo unánime en el Senado por parte de las bancadas, incluidos los panistas. La OCDE, pues, no las trae todas consigo en México, ni siquiera con el PAN, el partido de Felipe Calderón.
Pero este jueves 20 ocurrió otra cosa muy importante en la sesión regular de la Cámara de Diputados. Por 360 votos a favor y sólo una abstención, el pleno aprobó una reforma a la Ley General de Educación por la cual se aplicarán multas hasta por 60 mil pesos y las sanciones penales correspondientes, a los profesores o autoridades escolares que, cooptados por las trasnacionales de los medicamentos psiquiátricos, suministren algún tipo de fármacos a sus alumnos. Esta decisión de los diputados viene de las denuncias que numerosas voces han externado sobre el uso de fármacos, como el “ritalín” y otros, que enferman más a los niños considerados con déficit de atención o hiperactivos, y los inducen criminalmente hacia la dependencia a las drogas.
Las denuncias las ha hecho en México y en Monterrey, así como en Guadalajara y otras ciudades, lo mismo que en diversas partes de América Latina, la Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos (CCDH), integrada por activistas mujeres y médicos que han revelado que los grandes laboratorios farmacéuticos trasnacionales están impulsando la venta de esos medicamentos en las escuelas, como medio de “mercadeo” desalmado y criminal contra alumnos menores de edad. Donde esta decisión de los diputados se convierte en otra buena noticia, ya que además confirma la posibilidad de encuentro entre las diferentes bancadas partidistas en el Congreso para causas positivas.
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