Por Ramsés Ancira
Nota introductoria: Como todo artículo firmado, este representa la opinión del autor y no necesariamente la de un colectivo
Nota introductoria: Como todo artículo firmado, este representa la opinión del autor y no necesariamente la de un colectivo
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo su tarea, consultó a su Consejo y decidió no participar en la controversia sobre el aborto a pesar del berrinche de los legisladores panistas del Distrito Federal, todos los cuales cabrían cómodamente sentados en un microbús y están lejos de representar las opiniones de los habitantes de la Ciudad de México.
Antes de que la película ganadora de la palma de oro en el festival de Cannes 2007 nos contara la historia de una chica rumana que tiene que pasar por una larga epopeya para conseguir un aborto, la izquierda mexicana había logrado poner a la Ciudad de México en la misma condición de varias docenas de los países más desarrollados y civilizados del mundo, en los cuáles nadie considera que se deba castigar con prisión a la mujer que decida no proseguir su embarazo.
La lista de países en los que se puede interrumpir el embarazo incluye toda Norteamérica y por lo tanto México mientras la corte no proceda en contrario, también casi toda Europa, incluyendo la muy católica Italia, gran parte de Asia, con la excepción notable de la India y una franja visible de Sudáfrica.
Al parecer ni el abogado de la Nación que despacha en la Procuraduría General de la República como representante de Felipe Calderón, ni el Ombudsman Federal, tienen la menor idea de lo que dice el derecho comparado, en los países más avanzados del Planeta, sobre el tema del aborto.
Como si más de mil ejecuciones excepcionalmente violentas, sobre las cuales no parece existir la menor pista que conduzca a los responsables, fueran poca cosa, quienes tuvieron enfrentamientos por las violaciones sexuales y a los derechos humanos en Atenco, hoy hacen mancuerna para tratar de desprestigiar al poder legislativo y a la Comisión de Derechos Humanos que se negó a complacer los berrinches de una minoría de derechas conservadoras.
La participación del Procurador General de la República (quien solo recibe órdenes del Jefe del Ejecutivo) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en la Controversia Constitucional que pretende que el aborto vuelva a ser un delito, representa una violación a la soberanía legislativa del Distrito Federal y merece la revocación del mandato o por lo menos que ambas posiciones se sometan al escrutinio de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión.
Cuando el presidente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, fue presionado por los diputados locales del PAN juzgo prudente recordarles el artículo 15 de la Ley creadora de esa Comisión, donde textualmente se establece:
La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las o los Visitadores Generales no podrán ser detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones o recomendaciones que emitan ni tampoco por los actos que realicen en ejercicio de las facultades propias de sus cargos que les asigne esta Ley.
Por el contrario la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que su Presidente solo puede ser removido de su cargo si viola en artículo 4º de la Constitución, lo que no impide que los legisladores puedan solicitarle su renuncia y en este momento parece haber condiciones para ello.
Soberanes sale sobrando porque si permanece en el puesto se estará vulnerando la autoridad moral de más de 40 legisladores, quienes como sus pares en más de cuarenta países, consideran que el aborto es un derecho legítimo de las mujeres.
Ignora también que Ombudsman es una palabra acuñada en Europa del Norte, en países que no tienen ningún problema con descriminalizar el aborto, mientras el Estado no garantice una vida digna a sus niños y jóvenes.
Por lo visto José Luis Soberanes quiere ignorar a los niños que todavía viven en las coladeras aledañas a las centrales de autobuses, a los extraviados mentales que pernoctan en las calles en derredor de la estación del Metro Hidalgo; a los niños indígenas que son alquilados para catalizar la compasión de quienes puedan ofrecer una moneda.
Con su firma del cuarto para las 12, Soberanes se vuelve cómplice de expandir una cortina de humo que desvíe la atención sobre la ineficiencia del Estado para refrenar las ejecuciones e impedir que la federación atraiga los asesinatos de periodistas, como sabiamente lo demando Jesús Ornelas.
El suelo que pisan Soberanes y el Procurador fue minado con la mínima ventaja que obtuvo, si la obtuvo, Felipe Calderón. Si el Jefe del Ejecutivo puede utilizar a estos personajes para obedecer las instrucciones que le da el español Moriño y facilitar su próxima estancia en el Vaticano, las mayorías tienen derecho a retomar la revisión de su legitimidad presidencial.
Mientras tanto, a la Permanente del Congreso de la Unión le toca hacer su movimiento.
Antes de que la película ganadora de la palma de oro en el festival de Cannes 2007 nos contara la historia de una chica rumana que tiene que pasar por una larga epopeya para conseguir un aborto, la izquierda mexicana había logrado poner a la Ciudad de México en la misma condición de varias docenas de los países más desarrollados y civilizados del mundo, en los cuáles nadie considera que se deba castigar con prisión a la mujer que decida no proseguir su embarazo.
La lista de países en los que se puede interrumpir el embarazo incluye toda Norteamérica y por lo tanto México mientras la corte no proceda en contrario, también casi toda Europa, incluyendo la muy católica Italia, gran parte de Asia, con la excepción notable de la India y una franja visible de Sudáfrica.
Al parecer ni el abogado de la Nación que despacha en la Procuraduría General de la República como representante de Felipe Calderón, ni el Ombudsman Federal, tienen la menor idea de lo que dice el derecho comparado, en los países más avanzados del Planeta, sobre el tema del aborto.
Como si más de mil ejecuciones excepcionalmente violentas, sobre las cuales no parece existir la menor pista que conduzca a los responsables, fueran poca cosa, quienes tuvieron enfrentamientos por las violaciones sexuales y a los derechos humanos en Atenco, hoy hacen mancuerna para tratar de desprestigiar al poder legislativo y a la Comisión de Derechos Humanos que se negó a complacer los berrinches de una minoría de derechas conservadoras.
La participación del Procurador General de la República (quien solo recibe órdenes del Jefe del Ejecutivo) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en la Controversia Constitucional que pretende que el aborto vuelva a ser un delito, representa una violación a la soberanía legislativa del Distrito Federal y merece la revocación del mandato o por lo menos que ambas posiciones se sometan al escrutinio de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión.
Cuando el presidente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, fue presionado por los diputados locales del PAN juzgo prudente recordarles el artículo 15 de la Ley creadora de esa Comisión, donde textualmente se establece:
La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las o los Visitadores Generales no podrán ser detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones o recomendaciones que emitan ni tampoco por los actos que realicen en ejercicio de las facultades propias de sus cargos que les asigne esta Ley.
Por el contrario la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que su Presidente solo puede ser removido de su cargo si viola en artículo 4º de la Constitución, lo que no impide que los legisladores puedan solicitarle su renuncia y en este momento parece haber condiciones para ello.
Soberanes sale sobrando porque si permanece en el puesto se estará vulnerando la autoridad moral de más de 40 legisladores, quienes como sus pares en más de cuarenta países, consideran que el aborto es un derecho legítimo de las mujeres.
Ignora también que Ombudsman es una palabra acuñada en Europa del Norte, en países que no tienen ningún problema con descriminalizar el aborto, mientras el Estado no garantice una vida digna a sus niños y jóvenes.
Por lo visto José Luis Soberanes quiere ignorar a los niños que todavía viven en las coladeras aledañas a las centrales de autobuses, a los extraviados mentales que pernoctan en las calles en derredor de la estación del Metro Hidalgo; a los niños indígenas que son alquilados para catalizar la compasión de quienes puedan ofrecer una moneda.
Con su firma del cuarto para las 12, Soberanes se vuelve cómplice de expandir una cortina de humo que desvíe la atención sobre la ineficiencia del Estado para refrenar las ejecuciones e impedir que la federación atraiga los asesinatos de periodistas, como sabiamente lo demando Jesús Ornelas.
El suelo que pisan Soberanes y el Procurador fue minado con la mínima ventaja que obtuvo, si la obtuvo, Felipe Calderón. Si el Jefe del Ejecutivo puede utilizar a estos personajes para obedecer las instrucciones que le da el español Moriño y facilitar su próxima estancia en el Vaticano, las mayorías tienen derecho a retomar la revisión de su legitimidad presidencial.
Mientras tanto, a la Permanente del Congreso de la Unión le toca hacer su movimiento.
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