Rebanadas de Realidad
La agencia postmoderna que se quedó en el ´45
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 13/08/07
Torturan a mineros para que se declaren culpables
Informaciones del SNTMMSRM editadas en Rebanadas
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México: Sindicato minero inicia huelgas en tres yacimientos de Grupo México
México: Estallan huelgas contra Grupo México por violaciones a Contratos Colectivos de Trabajo
Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, México, 13/08/07.- El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana acusa al gobierno de Sonora de torturar a dos trabajadores para obligarlos a reconocer su supuesta culpabilidad en los hechos suscitados el sábado en Nacozari, Sonora en los que el trabajador Reynaldo Hernández González perdió la vida a causa de un balazo en la frente y solicitará juicio político para Eduardo Bours Castelo, afirmó Carlos Pavón Campos, Secretario de Asuntos Políticos.
Puntualizó, que la policía estatal mantiene detenidos en Nacozari a otros 15 trabajadores torturados e incomunicados, incluso de sus familiares, casualmente todos del grupo de sindicalizados, porque en la entidad las fuerzas del orden responden a los intereses de Grupo México y le sirven de apoyo a los grupos de golpeadores y asesinos contratados por la empresa para reprimir a los trabajadores.
Hoy se presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue los acontecimientos de la noche del sábado en que los mineros amparados por un laudo, reclamaban su reinstalación y fueron recibidos por guardias blancas al servicio de Mexicana de Cobre filial de Grupo México, que los golpearon posteriormente en la factoría y los balacearon, resultando muerto un trabajador y más de 20 heridos que están escondidos ante el temor de una nueva agresión.
Mañana estarán en Nacozari un grupo de Diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social quienes se entrevistaran con los mineros y los acompañarán para que la empresa responda porque no ha dado cumplimiento al laudo federal a ver si a ellos no los reciben a balazos, pero de Grupo México y de un gobernador represor se puede esperar cualquier cosa.
La Unión Nacional de Trabajadores, UNT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, y el grupo parlamentario del PRD se solidarizaron con los mineros de Cananea y Nacozari, con los primeros en apoyo a su huelga y con los segundos para que se dé cumplimiento al laudo y sean reinstalados de inmediato.
Demandamos al gobierno del Presidente Felipe Calderón que ponga fin a la impunidad de Germán Larrea Mota Velasco y conmine al Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón a que haga cumplir la ley y deje de estar solapando las acciones de Grupo México, su obligación es tutelar los derechos de los trabajadores no proteger al patrón para que viole la legislación laboral y los derechos humanos.
Las zonas mineras en las empresas de Grupo México se han convertido en territorios en donde los derechos laborales y humanos son letra muerta con la complacencia de las autoridades federales, estatales y municipales, las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social no existen y la impunidad de los paramilitares es manifiesta.
Los esbirros de Grupo México han manifestado que tienen en dinero suficiente para comprar a quién sea y han seleccionado a los más destacados delincuentes de las zonas para reprimir a los trabajadores.
Condenamos la conducta criminal y el entreguismo del gobernador Eduardo Bours Castelo, que protege y cuida al hampón de Germán Larrea Mota, segundo hombre más rico y primer asesino de mineros, que los mata impunemente.
Condenamos enérgicamente la represión en contra de nuestros trabajadores, con grupos de choque, porros, expresidiarios que incluso portan armas prohibidas y todo a la luz y al amparo del gobierno estatal.
Este tipo de actos merece el peor castigo y la condena los mineros, de la clase trabajadora del país, de los partidos políticos, de las Cámaras de Diputados y Senadores, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos y de la sociedad en su conjunto.
Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, castigo para los culpables, los que tiraron del gatillo pero también para los autores intelectuales, la muerte de Reynaldo no debe quedar impune.
Exigimos que la Secretarías del Trabajo, de Gobernación definan su actuación y no sigan protegiendo a mafias y calle ante actos criminales perpetrados en contra de mineros.
Política Nacional
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Torturan a mineros para que se declaren culpables
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Puntualizó, que la policía estatal mantiene detenidos en Nacozari a otros 15 trabajadores torturados e incomunicados, incluso de sus familiares, casualmente todos del grupo de sindicalizados, porque en la entidad las fuerzas del orden responden a los intereses de Grupo México y le sirven de apoyo a los grupos de golpeadores y asesinos contratados por la empresa para reprimir a los trabajadores.
Hoy se presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue los acontecimientos de la noche del sábado en que los mineros amparados por un laudo, reclamaban su reinstalación y fueron recibidos por guardias blancas al servicio de Mexicana de Cobre filial de Grupo México, que los golpearon posteriormente en la factoría y los balacearon, resultando muerto un trabajador y más de 20 heridos que están escondidos ante el temor de una nueva agresión.
Mañana estarán en Nacozari un grupo de Diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social quienes se entrevistaran con los mineros y los acompañarán para que la empresa responda porque no ha dado cumplimiento al laudo federal a ver si a ellos no los reciben a balazos, pero de Grupo México y de un gobernador represor se puede esperar cualquier cosa.
La Unión Nacional de Trabajadores, UNT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, y el grupo parlamentario del PRD se solidarizaron con los mineros de Cananea y Nacozari, con los primeros en apoyo a su huelga y con los segundos para que se dé cumplimiento al laudo y sean reinstalados de inmediato.
Demandamos al gobierno del Presidente Felipe Calderón que ponga fin a la impunidad de Germán Larrea Mota Velasco y conmine al Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón a que haga cumplir la ley y deje de estar solapando las acciones de Grupo México, su obligación es tutelar los derechos de los trabajadores no proteger al patrón para que viole la legislación laboral y los derechos humanos.
Las zonas mineras en las empresas de Grupo México se han convertido en territorios en donde los derechos laborales y humanos son letra muerta con la complacencia de las autoridades federales, estatales y municipales, las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social no existen y la impunidad de los paramilitares es manifiesta.
Los esbirros de Grupo México han manifestado que tienen en dinero suficiente para comprar a quién sea y han seleccionado a los más destacados delincuentes de las zonas para reprimir a los trabajadores.
Condenamos la conducta criminal y el entreguismo del gobernador Eduardo Bours Castelo, que protege y cuida al hampón de Germán Larrea Mota, segundo hombre más rico y primer asesino de mineros, que los mata impunemente.
Condenamos enérgicamente la represión en contra de nuestros trabajadores, con grupos de choque, porros, expresidiarios que incluso portan armas prohibidas y todo a la luz y al amparo del gobierno estatal.
Este tipo de actos merece el peor castigo y la condena los mineros, de la clase trabajadora del país, de los partidos políticos, de las Cámaras de Diputados y Senadores, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos y de la sociedad en su conjunto.
Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, castigo para los culpables, los que tiraron del gatillo pero también para los autores intelectuales, la muerte de Reynaldo no debe quedar impune.
Exigimos que la Secretarías del Trabajo, de Gobernación definan su actuación y no sigan protegiendo a mafias y calle ante actos criminales perpetrados en contra de mineros.
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