El nuncio confunde a fieles venezolanos con mexicanos
Critica la Iglesia manifestaciones; Bertello se despide en Catedral
La Arquidiócesis de México cuestionó la intención de sindicatos por realizar marchas en la ciudad de México contra el alza de precios a productos básicos. En el editorial de su periódico Desde la Fe preguntó a las organizaciones qué sentido tiene ''obligar'' a sus agremiados a salir a las calles y manifestarse en contra.
Por otra parte, en la Catedral Metropolitana, el nuncio apostólico, Giuseppe Bertello, aprovechó la misa dominical que normalmente encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera para despedirse del país. Sostuvo, desde el altar mayor, que siempre ha ''admirado la fe del pueblo venezolano'', en lugar de decir mexicano, en un pequeño lapsus que nadie corrigió.
El arzobispo primado de México ayer no concedió entrevista alguna a la prensa, pero al final de su homilía agradeció a Bertello el trabajo evangelizador que realizó en la nación a partir de 2001, cuando fue designado nuncio por el entonces papa Juan Pablo II.
Destacó ''el trabajo continuo'' que el religioso italiano mantuvo con el presidente del República y funcionarios de todos los niveles de gobierno para, en ''este ambiente nada fácil'', cumplir su misión ''de inculcar valores cristianos, de dejar la semilla que puede producir entre nosotros frutos abundantes''.
Quizá, sostuvo el cardenal, su trabajo fue ''oscuro, quizá desconocido'' porque, añadió, realizó una labor ''callada y ardua'', pero sumamente eficaz.
Por su parte, el diplomático vaticano agradeció a Rivera sus ''consejos, su disponibilidad de escucharme siempre con paciencia'' para no cometer ''demasiados errores''. Afirmó que siempre ''he tenido la posibilidad, diría la gracia, de acercarme a un buen número de sacerdotes, de religiosos y religiosas visitando las parroquias de la ciudad y siempre he admirado la fe del pueblo venezolano''. El lapsus, al parecer, pasó inadvertido.
Durante la celebración eucarística se distribuyó el periódico Desde la Fe, en cuyo editorial se lamenta que cuando el gobierno federal comienza a delinear su ''política de conciliación nacional'', aparezcan ''nuevos intentos de crear más confrontaciones entre distintos sectores, tomando como pretexto el encarecimiento de algunos productos básicos, especialmente la tortilla''.
La arquidiócesis consideró ''decepcionante la falta de solidaridad de muchos productores de nixtamal y tortilla, al no aceptar el llamado gubernamental'' para adherirse al Acuerdo Nacional para la Estabilización del Precio de la Tortilla en 8.50 pesos.
En este panorama, se preguntó: ''¿Qué sentido tienen una serie de marchas organizadas por los sindicatos, obligando a todos sus agremiados a salir a las calles, a interrumpir sus trabajos, a manifestarse en contra? ¿Ya han dialogado con distintas instancias y no han sido escuchados? ¿Ya han propuesto los líderes sindicales alguna solución y ha sido rechazada?''
Insistió: ''¿Vale la pena politizar un tema tan sensible y complejo en momentos en que buscamos rencontrarnos como sociedad, después de muchos agravios innecesarios?''
Argumentó que la protesta social es ''un instrumento siempre válido cuando se ve amenazada la misma democracia y la libertad, cuando los cauces representativos son reprimidos o ignorados'', y recordó que ''las tensiones partidistas pueden generar división y encono sin aportar nada para encontrar soluciones a nuestros problemas''.
Concluyó: ''Por eso nos preguntamos: es tiempo de marchas y plantones o tiempo de trabajo y soluciones''.
Además establecería criterios para no intervenir en casos similares: fuentes judiciales
La Suprema Corte rechazará petición de investigar violaciones en Atenco
Una vez que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ampliar las investigaciones sobre la presunta violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, se espera una resolución totalmente contraria en materia de protección a los derechos humanos, cuando rechace en estos días la petición de investigar las presuntas violaciones graves cometidas durante los operativos policiacos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo del año pasado.
Fuentes judiciales reconocieron lo anterior, al comentar que hay una mayoría de ministros que se opone a que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para conocer sobre los presuntos excesos cometidos por corporaciones policiacas; aunque también se espera una intensa discusión sobre las propuestas que plantea el proyecto elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano sobre establecer nuevos criterios que dificulten en el futuro la intervención del máximo tribunal en casos similares.
Si bien, comentaron los informantes, existe un rechazo cada vez mayor para que la Corte conozca sobre presuntas violaciones graves a las garantías individuales, lo cierto es que por otra parte, no hay consenso en cuanto a la propuesta de Aguirre Anguiano de limitar, vía tesis de jurisprudencia aprobada por el propio pleno, lo que el artículo 97 señala en cuanto a los requisitos para que el máximo tribunal eventualmente ejerza su facultad de investigación.
En este contexto, el proyecto de dictamen, al que tuvo acceso este diario, propone que la Corte no ejerza su facultad de investigación el ministro Genaro David Góngora Pimentel le planteó al pleno en su momento determinar si había condiciones para hacerlo o no, pese a que están documentadas las denuncias por violación, agresión sexual, golpes, torturas e insultos en el operativo en que fueron detenidas 217 personas, 44 de ellas mujeres.
Sin embargo, lo que generó mayor controversia, más allá del criterio que ha mantenido Aguirre Anguiano de que el citado artículo 97 constitucional ya quedó rebasado, es que éste propone que "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables".
Afirma que la Corte no debe investigar cuando "la omisión de la autoridad se produzca al margen del ejercicio de sus funciones y ello llegase a la violación grave de garantías individuales".
Complementa al señalar que "si los hechos y conductas no son de una autoridad, tampoco sería motivo de investigación".
También propone que los hechos generalizados en que se presuma que hubo violación a las garantías individuales, no sean necesariamente motivo para que la Corte intervenga.
En su dictamen, que será discutido por el pleno en los próximos días, Aguirre Anguiano señala que "sin desconocer que los hechos de que se trata ocasionaron perturbación de la paz social y causaron preocupación a nivel nacional e internacional", resulta notorio que la paz social "ya ha sido restablecida" y que las autoridades competentes ya tomaron conocimiento de los hechos.
El dictamen da cuenta la detención ilegal de 217 personas, presenta testimonios de golpizas, torturas e insultos sufridos por los detenidos, y las denuncias de las 44 mujeres que sufrieron abusos durante su traslado a un penal del estado de México, como tocamientos sexuales, violencia, agresiones sexuales, golpes e insultos sexistas, entre otros.
No obstante lo anterior, Aguirre Anguiano concluye que los documentos que obran en el expediente de la solicitud de facultad de atracción 3/2006 y los "testimonios aportados" deben ser valorados por la autoridad competente, la cual, en su caso, sería a la que le correspondería aplicar las penas correspondientes, y no a la Suprema Corte.
La Secretaría de Gobernación y la CNDH, destinatarios de la solicitud
Esposas de los hermanos Sosa piden que los acerquen a penales de Oaxaca
Lanza el PRD iniciativa para instaurar el plebiscito en la entidad y evitar malos gobiernos
Oaxaca, Oax., 28 de enero. Las esposas de los hermanos Flavio, Horacio y Erick Sosa Villavicencio, quienes se encuentran presos en reclusorios federales, solicitaron a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sus cónyuges sean traslados a prisiones de Oaxaca.
"No hay razón para mantenerlos allí debido a que los delitos imputados son del fuero común", expresó un familiar de los reclusos que recientemente fue a visitarlos y que pidió no ser identificado para evitar represalias.
De acuerdo con parientes de los hermanos Sosa Villavicencio, la petición fue presentada hace más de un mes por las señoras Beatriz Castañeda y Eva Martínez, cónyuges de Flavio y Horacio, quienes se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, ubicado en Almoloya, estado de México, así como por Graciela Eguía, esposa de Erick, quien se encuentra en el penal de Matamoros, Tamaulipas.
El familiar que visitó a los reclusos explicó que Gobernación recibió la solicitud por escrito, el 21 de diciembre del año pasado, durante la última mesa de diálogo con la representación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la ciudad de México, "pero hasta ahora no existe ninguna respuesta, a pesar de no ser responsables de alguna de las acusaciones, porque no incurrieron en alguna trasgresión a la ley por participar en el movimiento".
Agregó que las cónyuges de los presos "están sorprendidas como el Estado mexicano manipuló las leyes para encarcelar a ciudadanos que luchan por un ideal, mientras que verdaderos delincuentes están libres, con total cinismo".
Flavio, señaló, está procesado en seis expedientes que están relacionados con la quema del entarimado del auditorio de la Guelaguetza y del Tribunal Superior de Justicia del estado, la toma de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el saqueo del palacio municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz y de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, así como de la privación ilegal de la libertad de dos agentes de la Policía Ministerial del estado, uno de ellos ya fallecido.
"No hay ninguna prueba (de esas acusaciones) porque esos delitos nunca fueron cometidos por él; está castigado por razones políticas", apuntó la fuente.
Subrayó que su familiar, a pesar de confiar en la justicia, exige su libertad inmediata "en honor a la mentada legalidad y estado de derecho que tanto hablan los políticos".
Señaló que "la vida en un penal federal es inhumana; (y) lo que se pretende es acallar las voces críticas de un pueblo que cada vez es más consciente y más exigente ante la ola de arbitrariedades del gobierno del tirano (el mandatario estatal Ulises Ruiz)".
Consulta polular
Mientras, ante el conflicto político social en la entidad, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local presentó una iniciativa de ley de participación ciudadana para instituir el referéndum, el plebiscito y la consulta popular en la entidad.
Con lo anterior se pretende "evitar malos gobiernos, decisiones arbitrarias, proyectos sin consulta, discrecionalidad en el uso de los recursos, los excesos y los abusos de los poderes públicos", señaló el diputado Lenin López Nelio, autor del proyecto de ley.
"No es violentando los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como deben atenderse y resolverse los problemas y exigencias de los oaxaqueños; por el contrario la participación de la sociedad debe ser el mejor activo de los buenos gobiernos", indicó el legislador.
A su vez, el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, se solidarizó con los deudos de las víctimas del accidente de un autobús en Huautla de Jiménez, en el que murieron más de 30 personas, y exigió a las autoridades justicia para los deudos.
También pidió que se sancionen las violaciones a derechos humanos cometidos por la Policía Federal Preventiva, que han sido denunciados por organismos civiles, en contra de miembros y simpatizantes de la APPO.
"Sé que el gobernador ha enviado a sus sicarios a encontrarme", denuncia
Locutora emblemática del movimiento oaxaqueño vive huyendo con sus hijas
Me he convertido en obsesión para Ulises Ruiz porque osé enfrentarlo
Hoy "tengo una familia desintegrada, pero nuestra convicción de lucha la mantenemos muy en alto"
Después de conseguir que radiodifusoras de Oaxaca, tomadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), se convirtieran en espacio de lucha contra el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, la maestra María del Carmen López Vázquez se considera una perseguida política del gobernador del estado y el Ejecutivo federal.
En entrevista, la mentora narró que luego el desalojo de los integrantes del movimiento, a finales de noviembre pasado, tuvo que alejarse de sus tres hijas adolescentes y las cuatro, en suma, vivir escondidas para evitar las represalias del mandatario.
Sobre ella pesan una serie de denuncias por robo, sedición, motín, ataques a la vías de comunicación, daños en propiedad ajena, entre otras.
De ser una de las locutoras improvisadas más reconocidas entre los oaxaqueños, la profesora de prescolar hoy trata de pasar desapercibida en la ciudad de México, para evitar que me encuentren, porque "sé que el gobernador ha enviado a sus sicarios a encontrarme".
Abascal "pedía mi silencio"
"Me he convertido, sostuvo, en una especie de obsesión para Ulises Ruiz porque tuve la osadía de enfrentarlo desde los micrófonos y denunciar todos los males que al pueblo de Oaxaca ha hecho." Así, recordó, "fui tema recurrente en las mesas de negociaciones que la APPO sostuvo con el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, quien cuestionaba lo que transmitía y de una u otra manera pedía mi silencio".
Como concejal de la APPO trabaja desde la capital del país, junto con otros de sus compañeros, en la reactivación del movimiento, segura de que en algún momento "habremos de ganar la lucha".
López Vázquez inició como locutora de Radio Universidad, en junio del año pasado, después de que un grupo de jóvenes tomó la radiodifusora para continuar trasmitiendo comentarios sobre las problemáticas que se viven en el estado, y abriendo a los ciudadanos los micrófonos para que denunciaron los presuntos actos de corrupción y mal manejo de recursos públicos por parte de Ruiz, tal como hacían los maestros desde Radio Plantón, antes de que, desde el gobierno, les destruyeran el equipo.
Desde entonces, la profesora se convirtió en parte de lo que, para el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Azcárraga, se convirtió en un "eje peligroso" contra Ulises Ruiz, porque la radio fue, durante meses, el mejor medio para que la APPO juntara pruebas en contra del gobernador, ya fuera de manera anónima o con documentos oficiales.
La constante de mi vida, a partir de entonces, manifestó la maestra, ha sido impulsar o apoyar acciones, como tomas de estaciones de radio comerciales o de televisión, para permitir que la gente mantuviera abierta la línea de denuncia contra el "caciquismo, la marginación y la tiranía que se vive en Oaxaca".
Ello sin importarme sostuvo vivir al igual que mis hijas en un ambiente de intranquilidad, "de zozobra, de mucho peligro por el permanente acoso que tenemos".
Han sido de dominio público, insistió, "las intenciones de Ulises Ruiz por callarme, por detenerme. Su gente llegó a realizar llamadas al aire, en los espacios de conducción que yo tenía, para decirme: maldita, cállate, tus días están contados; quieran o no lo quieran, Ulises Ruiz Ortiz se va a quedar, o cuenten cuántos minutos les quedan de vida porque en este momento vamos por ustedes".
Carmen López Vázquez explicó que desde que dejó la locución, en octubre pasado, "he tenido que andar a salto de mata, escondiéndome; temiendo por mi vida, mis hijas, mis hermanas".
Hoy, sostuvo, "tengo una familia desintegrada, viviendo en lugares distintos y cambiando constantemente de sitio para que no nos ubiquen. Mis niñas, de 18, 16 y 15 años, dejaron de ir a la escuela, pero nuestra convicción de lucha está muy en alto, porque sabemos que es legítima y justa. No nos arrepentimos y lo volveríamos a hacer".
Cientos de personas se sumaron a la exigencia de libertad para los "presos políticos"
Convergen en el Zócalo diversidades artísticas en apoyo a la lucha oaxaqueña
El folclor rural y el urbano confluyeron en un escenario con un objetivo en común: el apoyo a la lucha "pacífica" de los pueblos de Oaxaca y su asamblea popular.
Representados por las tradicionales danzas de la Guelaguetza y diversas bandas de rock, la fusión de ambos elementos organizada por la comisión de cultura de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), logró atraer a cientos de personas al Zócalo capitalino, donde se mezclaron desde familias hasta jóvenes anarquistas y skatos, para sumarse a la exigencia de libertad para los "presos políticos" a raíz del conflicto en la entidad y el cese a la represión del pueblo oaxaqueño.
"La cultura es un arma de lucha", aseguró Nicéforo Urbieta, integrante de la comisión organizadora del acto y agregó que aunque se ha catalogado al movimiento oaxaqueño como "contestatario", la historia de lucha de la APPO está sustentada también en la cultura.
Urbieta señaló que el objetivo del encuentro fue ofrecer, mediante la cultura, el milenario acto de la Guelaguetza a los capitalinos, para que éstos respondan como marca la tradición con apoyo a los pueblos de Oaxaca.
Explicó que el concepto de Guelaguetza se refiere "a la solidaridad sagrada que se brinda la gente de Oaxaca; en la que alguien ayuda a otro y éste contesta de la misma manera: con ayuda"; agregó que son actos de trueque, intercambio y solidaridad sin ninguna intención más que la de ayudar a los semejantes.
Dijo que las danzas que representan hombres y mujeres de las siete regiones del estado retomaron el nombre; lo cual el gobierno estatal convirtió en un show agringado que terminó siendo comercializado. La comercialización "es la idea contraria a la Guelaguetza porque no hay colaboración igualitaria. Los pueblos dan una ganancia al gobierno e imagen al estado (con el espectáculo turístico); y el gobierno debería responder igual; sin embargo, su contestación es la usura y explotación del concepto y el espectáculo pues las ganancias no van al pueblo".
Cientos de personas se congregaron en el Zócalo capitalino ante el espectáculo artístico y cultural convocado por la APPO. Muchos apoyaron con víveres, ropa y mantas para la lucha popular oaxaqueña; otros donaron en el clásico boteo a cargo de mujeres triquis.
La Plaza de la Constitución se convirtió en testigo del híbrido en que se transformó el público espectador, pues entre ellos asomaban los extravagantes peinados en punta de los punks; las blusas de manta de oaxaqueños radicados en la capital; las lentes fotográficas curiosas de extranjeros que permanecieron asombrados ante el colorido de las danzas; los bigotes de padres de familia; la moda holgada de los skatos; y las sombrillas para mitigar el calor de decenas de mujeres. Actitudes e ideas comenzaban a fundirse.
La vistosidad de los bailes representados por alumnos del ballet de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca lograron mantener al público expectante, curioso y en sus lugares, e incluso bailaron con ellos. Casi nadie se movía, algunos realizaban sus compras o paseos dominicales y retornaban al lugar de la presentación. "Cómo no mantenerse por acá; no cualquiera tiene la lana para ir a Oaxaca a ver la Gueleguetza; además, sé que es carísimo", expresó un hombre que cargaba a su hijo en hombros para que el niño no perdiera detalle.
Aprovechan la experiencia de la represión del 25 de noviembre
El mensaje político corrió a cargo de Macario Otalo, concejal de la APPO, quien reveló que la represión del 25 de noviembre no sólo dejó cientos de detenidos e infundió miedo en la población del estado; sino que también "nos sirvió para darnos cuenta de los errores que hasta entonces habíamos cometido".
Algunos de esos errores, aclaró, fue el que "ese día caímos en la provocación de las autoridades y contestamos las agresiones; fuimos incapaces de controlar al enorme contingente. Hubo infiltrados y el ataque policial derivó en detenciones". Otra de las equivocaciones de la APPO, dijo, fue priorizar la movilización sobre la organización, por ello, ahora se ha comenzado a trabajar con asambleas en las diversas regiones y comunidades del estado, para impulsar la discusión y fundamentos desde las bases, con objeto de fortalecer el movimiento para crear "el embrión de un nuevo sistema de gobierno".
Advirtió que en el concejo estatal de la APPO se discute la reforma del estado, misma de la que está exento Ulises Ruiz y se basará en la opinión ciudadana; así como la postura de la asamblea ante las elecciones para renovar el Congreso local y ayuntamientos el próximo agosto.
Desmintió que el estado navegue en la normalidad: "Oaxaca es como un río caudaloso. En la superficie se ve en calma; pero en el fondo trae una fuerza que en algún momento irrumpirá. Eso pasa con la APPO".
Entre los invitados quienes no cobraron por su participación estuvieron el grupo de sones jarochos Arcadio Hidalgo, del Conservatorio Nacional de Música, quienes expresaron que la creatividad artística está ligada a la vida y a la lucha social, y al igual que éstas, suma las divergencias para crear fortaleza y unidad.
Cientos de jóvenes se dieron cita para ver en acción a bandas como la Sonora Skandalera, Sargento Mostaza, Escasa Libertad, entre otras. En su turno, los integrantes de Sargento Mostaza advirtieron que el rock surgió como un movimiento contestatario que ahora debe apoyar a los pueblos que están en la lucha por la justicia. Además, exhortaron a la ciudadanía a colaborar no sólo con insumos o apoyo económico, sino con acción.
Surgen asambleas en 15 entidades; esbozan acciones para los próximos meses
Es momento de la unión popular contra el neoliberalismo, concluye la APPM
Ante la situación política, económica y social por la que atraviesa México, "este es el momento en el que existen condiciones para la unidad de las movilizaciones populares y de las izquierdas progresistas del país frente al enemigo que es la política neoliberal y su representante Felipe Calderón", concluyeron los participantes en la tercera reunión plenaria de la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM).
Tras dos días de charlas, debates y discusiones entre representantes de más de 70 organizaciones de 15 estados del país, en los cuales se comienzan a crear las asambleas populares estatales bajo el ejemplo de la línea horizontal de organización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), los participantes presentaron el plan de acción de la APPM para los próximos meses.
En primer lugar coincidieron en que con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, la administración federal ha comenzado con la militarización del país, con lo cual se endurecería aún más la relación del Estado mexicano con los movimientos de protesta social.
Asimismo, agregaron que la política neoliberal "es cada vez más agresiva" contra la población más necesitada, lo cual se demostró con el alza a los precios de los productos básicos.
En nombre de las organizaciones que representaban, los participantes acordaron respaldar la decisión de 20 de las 36 comunidades triquis de Oaxaca en la conformación del municipio autónomo de San Juan Copala, al cual brindaron su apoyo y solidaridad para terminar con la violencia en esa región.
La APPM informó que en 15 estados del país ya se han conformado y están en ese proceso las asambleas populares de los estados y regiones, a pesar de las dificultades que se han presentado en su conformación.
Informaron que se impulsará el surgimiento de esta forma de organización social en el resto de las entidades federativas.
"Esto es parte de los procesos de confluencia, al igual que se ha intentando con representantes de la otra campaña y de la convención nacional democrática, pues todas las opciones que analizamos y cuestionamos el actual modelo político debemos de confluir olvidando nuestras diferencias", expresó la vocería de la APPM.
Respaldo a la APPO
Entre las conclusiones se presentó el plan de acción para las próximas semanas, entre los que destaca el apoyo de la APPM a la APPO, la exigencia de que sean liberados todos los "presos políticos" del país, en especial los detenidos a raíz del conflicto en Oaxaca y durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, estado de México.
Otra de las actividades en las que participarán representantes de la APPM serán: la marcha contra el alza del precio de productos básicos, el próximo 31 de enero; la megamarcha del 3 de febrero convocada por la APPO en Oaxaca; el diálogo nacional de organizaciones, del 3 al 5 del mismo mes; el segundo foro sobre derechos humanos en Oaxaca, entre el 8 y 9 de febrero en el Senado. Se acordó la celebración de un tercer foro, de carácter internacional, sobre garantías fundamentales en esa entidad, programado para los días 7 y 8 de marzo en la ciudad de Oaxaca.
Asimismo, se decidió brindar "apoyo total" al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en su lucha por un incremento salarial; así como la solidaridad a los mineros de la comunidad Carrizalillo, en Guerrero, a quienes se intentó desalojar de un plantón.
Pese a operativos, ejecutan a tres personas en Tijuana
Al menos tres personas fueron encontradas ayer ejecutadas en Tijuana, Baja California, donde más de tres mil agentes federales participan en un operativo contra la delincuencia organizada. Se trata de Samuel Hernández Cruz, quien fue acribillado de seis balazos en la colonia Río Vista; mientras que con dos disparos de arma de fuego en cabeza y cuello, fue abandonado el cuerpo de Roberto Manuel Torres García en la colonia Michoacán. La tercera víctima aún sin identificar fue encontrada en el fraccionamiento Urias con una herida de arma calibre 40 en la frente. En Fresnillo, Zacatecas, elementos de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal Preventiva incautaron 165 pastillas sicotrópicas llamadas asenlix y detuvieron a nueve personas; en tanto que en Durango, decomisaron 23 kilogramos de cocaína y arrestaron a tres personas.
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