Palo a Oaxaca - Por Ricardo Alemán

Nota traida del Manana de Matamoros


En su incapacidad para resolver un conflicto, el Ejecutivo y el Legislativo parecen decididos al atropello ilegal.Como si no bastara con la crisis política y social que por razones de poder germinó en Oaxaca, los poderes federales Ejecutivo y Legislativo parecen dispuestos a cometer un nuevo atropello contra una entidad federativa que, según la letra constitucional, "es libre y soberana en todo lo concerniente a su régimen interior".Y no se trata de defender al inepto gobierno de Ulises Ruiz y menos de justificar la grosera lucha de poder que grupos radicales pretenden enmascarar bajo la falsa disyuntiva de urgentes reivindicaciones sociales -que no están en el fondo del conflicto-, y de una estabilidad política que ellos se empeñan en impedir. No, el asunto es que en su incapacidad para resolver un conflicto de poder, el Ejecutivo y el Legislativo parecen decididos al atropello ilegal.Y en efecto, se puede argumentar que el gobernador de Oaxaca ya no gobierna, ya no representa al Ejecutivo local, pero la determinación de ese vacío de poder y la solución al mismo corresponden al Congreso del estado de Oaxaca, que hasta donde se sabe no ha desaparecido, si bien su sede fue asaltada y casi destruida por los rebeldes que hoy piden la desaparición de los poderes locales. Pero además, el Poder Judicial de Oaxaca opera con relativa normalidad, por lo que no es posible hablar de la desaparición de los poderes en esa entidad.Por eso resulta ilegal y excesiva la salida que propuso la Secretaría de Gobernación, en la que Carlos Abascal -precisamente el responsable de la gobernación del país- aceptó en una negociación política que los mandos de la Policía estatal y municipal sean transferidos de sus gobernantes hacia una autoridad federal.
Ese principio de solución que los inconformes propusieron al secretario de Gobernación, y que de manera inmediata aceptó el señor Abascal, no es más que una intromisión inadmisible en facultades que -salvedades constitucionales aparte- sólo competen a las autoridades de Oaxaca.Es decir, que en el supuesto de que Gobernación haya determinado que el Poder Ejecutivo de Oaxaca es incapaz de garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, y de mantener la normalidad política y social en esa entidad, ninguna autoridad puede pasar por encima del Congreso local, y decidir que el mando policiaco estatal sea transferido a un mando federal. ¿Por qué? Porque Ulises Ruiz representa al Ejecutivo de Oaxaca, es gobernador de una entidad libre y soberana, cuyo mandato obedece a los mandantes locales, que son los ciudadanos representados en el Congreso local.Pero esa es parte de una tendencia de ilegalidad en Oaxaca. Luego del primer acuerdo que aceptaron las partes, el señor Abascal "se lavó las manos" y dijo que la demanda jurídica, la desaparición de poderes en Oaxaca, era una responsabilidad del Senado de la República. Es decir, desde el Ejecutivo federal se le mandó la "papa caliente" al Poder Legislativo. En esa instancia aparecieron de inmediato voces a favor de la caída de Ulises Ruiz, sobre todo procedentes de la bancada del PRD, que es juez y parte.En el Senado se aceptó la creación de una comisión de legisladores que acudirían a Oaxaca a consultar a todos los sectores para determinar si era o no procedente la desaparición de Poderes -como si no supieran lo que ocurre-, para dictaminar en consecuencia. Pero resulta que también los senadores avanzan por el camino equivocado, si no es que inconstitucional. Y es que tampoco los senadores pueden pasar por encima de las facultades del Congreso local. Vamos por partes. El artículo 40 constitucional señala a la letra: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental". El estado de Oaxaca es "libre y soberano" en una crisis como la que vive, es decir, "en todo lo concerniente a su régimen interior". Los senadores que pretenden que el Senado declare la desaparición de poderes en Oaxaca, debieran releer a Fray Servando Teresa de Mier y a Miguel Ramos Arizpe, constructores del federalismo mexicano.A su vez, el artículo 76 constitucional dice en su fracción V que es facultad del Senado "declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador...". ¿Qué quiere decir eso? Que no corresponde al Senado declarar la desaparición de los poderes en un estado, sino confirmar que ya desaparecieron. Más aún, la fracción VI dice que es facultad del Senado "resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado". Ninguno de los poderes de Oaxaca ha pedido al Senado declarar la desaparición de poderes. ¿Quién miente? Al tiempo.aleman2@prodigy.net.mx 13/10/2006