Video de XHPEJE
Sin libertad de expresión no hay democracia que valga. La manipulación no puede evitar que la verdad se conozca. El incidente de la censura al programa de López Obrador se suma a otros donde la autoridad federal ha demostrado su vocación por el control vertical de la información. Insisten bajo la superficie en acentuar los "peligros" que para México representa cualquier otra opción que no sea la de la derecha y sus aliados. A partir de ahora, los contenidos de los programas partidistas (y otros, ¿por qué no?) habrán de someterse a la censura previa no declarada del Ejecutivo, dando así una vuelta de tuerca a la reducción paulatina de las libertades en los espacios públicos. Estamos ante una decisión arbitraria, caprichosa, que deja mal parado al gobierno ante la ciudadanía y los compromisos suscritos internacionalmente. Con el pretexto del preservar el "estado de derecho", la Secretaría de Gobernación desconoce en la práctica que los partidos nacionales son "entidades de interés público", pasa por encima de resoluciones previas del IFE y se asume como censor ad-hoc de las comunicaciones que usan los tiempos del Estado. Para el encargado de los asuntos jurídicos el director de Radio Televisión y Cinematografía, Eduardo Garzón, "incurriría en una grave responsabilidad si pasa ese espot porque viola directamente disposiciones constitucionales". Lo increíble del caso es la pretensión de los burócratas de interpretar no ya la ley correspondiente, sino los principios constitucionales que rigen la libertad de expresión, así como las disposiciones en torno a la "protesta del presidente constitucional", estigmatizando de esa forma un hecho político que hasta ahora no ha sido recusado legalmente ni por la autoridad electoral ni tampoco por la judicial.
Sin libertad de expresión no hay democracia que valga. La manipulación no puede evitar que la verdad se conozca. El incidente de la censura al programa de López Obrador se suma a otros donde la autoridad federal ha demostrado su vocación por el control vertical de la información. Insisten bajo la superficie en acentuar los "peligros" que para México representa cualquier otra opción que no sea la de la derecha y sus aliados. A partir de ahora, los contenidos de los programas partidistas (y otros, ¿por qué no?) habrán de someterse a la censura previa no declarada del Ejecutivo, dando así una vuelta de tuerca a la reducción paulatina de las libertades en los espacios públicos. Estamos ante una decisión arbitraria, caprichosa, que deja mal parado al gobierno ante la ciudadanía y los compromisos suscritos internacionalmente. Con el pretexto del preservar el "estado de derecho", la Secretaría de Gobernación desconoce en la práctica que los partidos nacionales son "entidades de interés público", pasa por encima de resoluciones previas del IFE y se asume como censor ad-hoc de las comunicaciones que usan los tiempos del Estado. Para el encargado de los asuntos jurídicos el director de Radio Televisión y Cinematografía, Eduardo Garzón, "incurriría en una grave responsabilidad si pasa ese espot porque viola directamente disposiciones constitucionales". Lo increíble del caso es la pretensión de los burócratas de interpretar no ya la ley correspondiente, sino los principios constitucionales que rigen la libertad de expresión, así como las disposiciones en torno a la "protesta del presidente constitucional", estigmatizando de esa forma un hecho político que hasta ahora no ha sido recusado legalmente ni por la autoridad electoral ni tampoco por la judicial.
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