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Forum 163. Febrero de 2007. Páginas 6-9.
Guillermina Bahena y Areli Carreón
Especuladores rebasan a Calderón
José Vilchis Guerrero
jvilchis1@yahoo.com
* Detrás de las importaciones, el gobierno promueve la siembra y el consumo forzado de maíz transgénico que no resolverán las causas del incremento del precio del grano, pero incrementará los riesgos de contaminación transgénica de la leguminosa mexicana y se forzará a los ciudadanos a consumir grano de mala calidad.
Cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa pactó con productores agrícolas, comercializadores y empresarios “estabilizar” el precio de la tortilla en $8.50 y de paso avalar un aumento de 40 por ciento con respecto al costo de $5.00 que tenía el año pasado, estaban en su presencia quienes fueron señalados como responsables de la especulación que generó el torrente de aumentos a precios de productos agropecuarios básicos.
Aquella mañana de 18 de enero acudieron a Los Pinos, donde se hizo el anuncio presidencial, el dueño de Maseca, Roberto González Barrera; Raymundo Gómez Flores, presidente de Minsa, y Juan Camacho Gómez, dirigente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías Cintéotl.
También estuvieron presentes propietarios y representantes de empresas, como Rogelio José Ganem, de Cargill México; Vicente Yáñez, director de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); Raúl Argüelles, vicepresidente de Wal-Mart, y Pablo Elizondo, director de Bimbo. Finalmente, ellos saldrían beneficiados con el anuncio y quedarían fuera de la investigación ordenada por Calderón Hinojosa días antes a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Economía (SE).
En la víspera, el jefe del Ejecutivo instruyó que se abrieran las fronteras para comprar en el extranjero
–básicamente en Estados Unidos– el maíz suficiente para que no hubiera escacez. Se propuso que se compraran 450 mil toneladas, luego creció la cifra a 600 mil y al final se acordó, a petición de los empresarios, que fueran 750 mil para que no hubiera desabasto.
El paquete de medidas incluyó otras ya anunciadas, como el compromiso del gobierno federal de que las 22 mil tiendas de Diconsa asegurarán el abasto popular del maíz a un precio de venta no mayor a $3.50 el kilo, y el de harina de maíz en no más de $5.00 y que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supervise y sancione abusos, mientras que la PGR atiende las denuncias y aplique sanciones que van de tres a 10 años de prisión y multa.
Los mismos empresarios que acaparan el maíz se reunieron en el Senado de la República a convocatoria del senador Heladio Ramírez y coincidieron con productores de maíz, de tortillas y harineros, que ni hay escacez ni desabasto: hay especulación y acaparamiento.
En presencia de empresarios del ramo y representantes de Minsa y Gruma, los mayores consorcios que adquieren todo el maíz, el presidente del Consejo Estatal del Maíz en Sinaloa, Alonso Campos Encinas, exigió definir los inventarios de maíz blanco con que cuenta el país, y preguntó: ¿Dónde está el maíz que salió de Sinaloa a mil 450 pesos la tonelada en mayo, junio, julio y agosto, y que a la vuelta de tres meses se estaba vendiendo a 2 mil 500? Que se investigue dónde quedaron esas alzas’’, pidió.
Sostuvo que es falso que el maíz de Sinaloa se haya pagado a mil 800 pesos, se pagó a mil 450. Es obvio, agregó, que alguien se está quedando con el valor que representa y no son los productores. Enfático afirmó que el problema de la tortilla puede resolverse porque en Sinaloa tienen 4.5 millones de toneladas de maíz blanco en bodegas y está a disposición para evitar especulaciones y problemas.
En sesión de la Permanente, el senador perredista Ricardo Monreal presentó un punto de acuerdo para que la PGR, vía una denuncia formal de las secretarías de Economía y de Agricultura, investigue y aplique sanciones a los acaparadores y especuladores del maíz.
Precisó en entrevista que el Código Penal especifica como delitos contra la economía pública aquellos que atenten contra el consumo y la riqueza nacional; el artículo 253 establece que se sancionará con prisión de tres a 10 años el acaparamiento y la ocultación de los productos con objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores.
Por su parte, el senador priísta Carlos Lozano de la Torre recriminó a Javier Usabiaga, primer secretario de Agricultura de Vicente Fox, quien llegó a manifestar que resultaba más barato importar maíz que producirlo. Recordó que la administración foxista otorgó subsidios a la trasnacional Cargill para que exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica.
El modelo está fallando
Guillermina Bahena, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), admitió que “el modelo neoliberal está fallando antes de que se cumplan 40 días de gobierno calderonista. Es obvio que el gobierno de la derecha tiende a ser cómplice de empresas con las que hizo compromisos durante la campaña. Lo vimos cuando se bloqueó el aumento a los refrescos. Calderón está cometiendo los mismos errores de Fox, que fortalecieron al PRI (Partido Revolucionario Institucional). Ahora fortalecen al PRD (Partido de la Revolución Democrática) y de paso también al PRI”.
Los incrementos en cascada de la gasolina, la leche, las autopistas, las tortillas, los productos agropecuarios y los que vienen no son más que una muestra de la incapacidad de los funcionarios del gabinete presidencial que no tuvieron visión de futuro para prever las medidas antes de que se sintiera la presión de la prensa y las manifestaciones de las amas de casa, comentó.
“O Calderón es muy ingenuo o nos está engañando a los mexicanos perversamente. Si el secretario Eduardo Sojo no fuera tan cómico, sus medidas resultarían trágicas; estamos llegando a la conclusión del neoliberalismo. Lo que procede no es importar miles de toneladas de maíz: hay que incentivar su producción y establecer estímulos a los productores como hace el gobierno en Estados Unidos y combatir a los especuladores”.
Parece mentira, agregó, que las remesas enviadas por los mexicanos que trabajan en Estados Unidos hayan salvado a la economía mexicana del caos en el pasado reciente. “Tal pareciera que la visión de futuro de Calderón sólo llegó a los primeros 40 días de su gobierno y ya existe incertidumbre”.
Enseguida refirió que éste no cumplió con sus promesas de campaña: ni se han creado empleos, ni desapareció el pago de la tenencia, ni se mantuvieron los precios de los básicos, ni de las casetas de las autopistas, ni de la cebolla y el jitomate y demás productos agropecuarios que se fueron por las nubes. Le da la vuelta al caso de Francisco Gil Díaz y aplica malas estrategias para salir al paso de estas vicisitudes.
Al comentar la publicitada visión calderonista 2030, expresó que para que los mexicanos nos demos una visión propia a 24 años, “tendríamos que reflexionar colectivamente, en comunidad, para darnos un futuro propio. Esto no se hace con dos o tres reuniones en las alturas del gobierno. El panorama se nos presenta trágico; la gente busca elevar su nivel de vida, pero no tiene recursos.
“En un arrebato, el presidente Calderón dispone que se traiga maíz de donde lo halla, aunque esté a miles de kilómetros, sin pensar que saldrá más caro, porque ya se exportó a los países donde se va a comprar más caro el que vendieron los mismos acaparadores apoyados por Vicente Fox hace cuatro meses. La cuestión es que no hay desabasto. Hay especulación de los grandes empresarios que han evidenciado el absurdo y la falta de visión del gobierno, así como la ignorancia de los funcionarios”.
Seguramente, comentó, van a formar una fiscalía especial que investigue lo que tienen a la vista y nunca van a encontrar a los acaparadores del maíz, porque los protegen ellos mismos. Ahí está el absurdo.
Quieren forzar el consumo de maíz transgénico
Detrás de las importaciones, el gobierno promueve la siembra y el consumo forzado de maíz transgénico. Éstas no resolverán las causas del incremento del precio del grano, pero incrementará los riesgos de contaminación transgénica de la leguminosa mexicana y se forzará a los ciudadanos a consumir grano de mala calidad, advirtió Areli Carreón, de Greenpeace.
“Aumentar la dependencia de México de las importaciones de maíz, base de nuestra alimentación, es la forma más segura de ceder nuestra seguridad y soberanía alimentarias, y nuestra autonomía política y económica a Estados Unidos”.
Precisó que la especulación de empresas como Maseca, Minsa y las transnacionales Cargill y National Corn Growers, de Estados Unidos, generaron el aumento de los precios del maíz junto con las inadecuadas políticas del gobierno mexicano, que han incrementado la dependencia nacional con las importaciones de alimentos y la desaparición de la Conasupo; la falta de apoyo a los productores y de precios de garantía.
La responsable de la campaña de transgénicos de la organización ambientalista, estableció que lo que el gobierno federal debe de hacer frente al escandaloso aumento del precio del maíz es ir a las causas de fondo: fomentar y defender la producción nacional de maíz blanco para asegurar suficiente grano de alta calidad, no transgénico y a precios accesibles; crear empleos e ingresos en las zonas rurales y evitar el control monopólico del maíz, en manos de Maseca, Cargill y los supermercados, cuyo fin es el lucro y no el bienestar popular.
En entrevista dijo que mientras en Estados Unidos consumen el maíz indirectamente al consumir carne de animales alimentados con el grano o en aceites y harinas, en México se consume directamente no sólo a través de las tortillas, sino en más de 300 formas, por lo que representa un riesgo muy alto consumir maíz transgénico, porque sus efectos no se pueden prever, por lo que expresó que es inaceptable que el gobierno quiera forzar a los mexicanos a consumir este tipo de cereal modificado para beneficiar a las empresas, en lugar de ver por los intereses de la nación.
Areli Carreón afirmó que Cargill compró el año pasado a $1,200.00 la tonelada de maíz y la está vendiendo a $3,500.00; lo mismo hacen Maseca y Minsa, que son intermediarias y esta información la tiene el gobierno, pero la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), igual que fracasó al pretender sancionar a Maseca, que compró Agroinsa, para establecer un monopolio del mercado de la harina de maíz, fracasará en la investigación que le encargó el presidente Calderón, porque carece de recursos legales para sancionar a los que incurren en prácticas monopólicas, como tampoco ha podido con Televisa ni con Tv Azteca, que incurren en las mismas prácticas.
Maseca tiene dominio sobre 67 por ciento del mercado nacional y no ha sido posible que se someta al gobierno, porque cuando la Cofeco pretendió sancionarla, se amparó. Ahora hace lo que quiere. No hay autoridad que frene sus actividades monopólicas.
“Es que el gobierno federal no tiene un marco jurídico para imponer su autoridad contra los monopolios y el que tiene carece de dientes. Las leyes están muy suaves y la Cofeco sólo tiene presencia simbólica, porque carece de autoridad en los hechos. El ejemplo más claro está con las televisoras, que igual hacen lo que quieren”.
Al comentar el acuerdo firmado por el que el gobierno federal impuso un control de precios a las tortillas en presencia de los mismos empresarios involucrados, dijo que no tiene futuro, pues no establece sanciones a quienes no se sometan al tope de $8.50 el kilo de tortillas; no hay sustento legal que los obligue a respetar un acuerdo de precios.
De paso, dijo, los supermercados tienen ahora la oportunidad que les da el gobierno de acabar con sus competidores pequeños, los que tienen tortillerías que venden más barato y compran más caro el maíz.
“No hay vuelta de hoja: el gobierno sirve a los intereses de los empresarios y se olvida del bienestar del pueblo. Estamos en las manos de los empresarios que ejercen el monopolio de los alimentos básicos”.
Sin maíz no hay país: Cantú Peña
Para Fausto Cantú Peña, coordinador de Constitución y República, Nuevo Milenio, “No es un asunto que deba agotarse en lo económico pues resulta insuficiente explicárselo con las puras leyes de la oferta y la demanda y de las imperfecciones monopolísticas del mercado; es un problema antropológico, orográfico, del minifundismo, de tecnología y prácticas laborales, así como de otros tantos factores que como la falta de capitalización, crédito, organización y educación que hacen al campo mexicano poco productivo y competitivo; también la variable del consumo chino y la industria de los biocombustibles provocan alteraciones en los precios de la gramínea".
Puntualiza: “Mas no se trata de llorar sobre la masa derramada sino de encontrar las propuestas alternativas, empezando por la nueva institucionalidad que a partir de un Estado responsable, no ausente, asuma la rectoría en la materia con una política pública acertada y que lo haga con la participación responsable de todos los integrantes de la cadena productiva a efecto de que en un análisis costo-riesgo-beneficio y de rentabilidad económica y social (no sólo mercantil) se asegure el abastecimiento al consumo nacional".
Concluye el economista y cafeticultor: “Es fundamental entender que antropológicamente, sin maíz no hay país”.
¿Y ahora qué vamos a comer?
Yolanda Cristina Massieu Trigo
yolanda_massieu@hotmail.com
El comienzo de año nos saluda con un aumento sin precedentes del precio de la tortilla, alimento básico de la población mexicana. A pesar de las manifestaciones de alarma, éste es un problema que se veía venir desde hace tiempo. Proviene de Estados Unidos una de las causas principales de esta situación (la otra, desde luego, es el aumento del precio de la gasolina).
México tiene una peligrosa relación de dependencia alimentaria con el país vecino, del cual importamos una parte considerable del maíz que consumimos. A la fecha se importan 8 millones de toneladas de maíz amarillo y se estima que ascenderán a 12 millones de toneladas en 2008. Este monto, junto con las importaciones de maíz blanco, llegaría a 15 millones de toneladas. Actualmente se obtiene una producción de 18.2 millones de toneladas y se importan 6 millones de toneladas. Existe un problema de calidad, pues el maíz que importamos es amarillo forrajero y una buena parte es transgénico, cuyos riesgos para la salud del consumidor no están suficientemente investigados.
La situación es consecuencia de políticas deliberadas que, desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid, desestimularon la producción interna de maíz, frijol y otros cultivos básicos, como el arroz. El corolario fueron las reformas al artículo 27 constitucional, en 1992, y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994. El gobierno de Salinas insistió, aun cuando las contrapartes estadunidense y canadiense no lo requerían, en incluir el maíz y el frijol en la liberalización comercial. De cualquier manera, aun para los cuadros salinistas resultaba evidente que son productos sensibles, por lo que se les asignó un periodo de protección, con la asignación de aranceles, que vence el año próximo.
La mayoría de los campesinos mexicanos (3 millones quedan en México, que no han optado por la migración) siguen sembrando maíz para autoconsumo y no tienen condiciones de rentabilidad ni competitividad frente a los estadunidenses, aun cuando sí aportan algo a la oferta nacional. En otra situación están los 200 mil agricultores sinaloenses, altamente productivos, quienes se dedican a la producción del grano a partir de la entrada en vigor del TLCAN, justamente porque conservan alguna protección frente a la desigual y desleal (por los altos subsidios) competencia de Estados Unidos. Estos productores operan con costos mayores que sus homólogos del país vecino y año con año protestan por la introducción de las importaciones y el abatimiento de los precios cuando ellos cosechan.
De más está decir que el gobierno foxista continuó con la misma política y desoyó los planteamientos del movimiento El campo no aguanta más, en 2003, respecto a la necesaria renegociación del TLCAN. Nuestro actual presidente da visos de continuar con esta tendencia. Lo más patético es que los mayores beneficiarios del aumento actual de precios no son los productores nacionales de maíz, sino los coyotes y la transnacional Cargill, que comercializan el grano, gracias a la mencionada política y la desaparición de Conasupo.
Actualmente, como los analistas lo anunciaban desde el 2005, nuestros vecinos ya no disponen de tanto maíz amarillo barato para vendernos. Esto se debe a la creciente demanda del grano en Estados Unidos para la producción del biocombustible etanol. Por ello, no es solución simplemente autorizar más importaciones, como clama la Unión Nacional de Molinos y Tortillerías. Los precios de las importaciones de maíz han aumentado, hay un déficit importante de maíz blanco para la alimentación de la población nacional (estimado en 1 millón de toneladas) y muchos de los campesinos que podrían producir suficiente para alimentarnos han emigrado al vecino país en busca de la sobrevivencia. La perspectiva de escasez y encarecimiento del maíz, con la consecuente hambruna, representa una posibilidad real del año que comienza. En los siguientes meses veremos si el gobierno calderonista tendrá capacidad de respuesta.
Forum 163. Febrero de 2007. Páginas 6-9.
Guillermina Bahena y Areli Carreón
Especuladores rebasan a Calderón
José Vilchis Guerrero
jvilchis1@yahoo.com
* Detrás de las importaciones, el gobierno promueve la siembra y el consumo forzado de maíz transgénico que no resolverán las causas del incremento del precio del grano, pero incrementará los riesgos de contaminación transgénica de la leguminosa mexicana y se forzará a los ciudadanos a consumir grano de mala calidad.
Cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa pactó con productores agrícolas, comercializadores y empresarios “estabilizar” el precio de la tortilla en $8.50 y de paso avalar un aumento de 40 por ciento con respecto al costo de $5.00 que tenía el año pasado, estaban en su presencia quienes fueron señalados como responsables de la especulación que generó el torrente de aumentos a precios de productos agropecuarios básicos.
Aquella mañana de 18 de enero acudieron a Los Pinos, donde se hizo el anuncio presidencial, el dueño de Maseca, Roberto González Barrera; Raymundo Gómez Flores, presidente de Minsa, y Juan Camacho Gómez, dirigente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías Cintéotl.
También estuvieron presentes propietarios y representantes de empresas, como Rogelio José Ganem, de Cargill México; Vicente Yáñez, director de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); Raúl Argüelles, vicepresidente de Wal-Mart, y Pablo Elizondo, director de Bimbo. Finalmente, ellos saldrían beneficiados con el anuncio y quedarían fuera de la investigación ordenada por Calderón Hinojosa días antes a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Economía (SE).
En la víspera, el jefe del Ejecutivo instruyó que se abrieran las fronteras para comprar en el extranjero
–básicamente en Estados Unidos– el maíz suficiente para que no hubiera escacez. Se propuso que se compraran 450 mil toneladas, luego creció la cifra a 600 mil y al final se acordó, a petición de los empresarios, que fueran 750 mil para que no hubiera desabasto.
El paquete de medidas incluyó otras ya anunciadas, como el compromiso del gobierno federal de que las 22 mil tiendas de Diconsa asegurarán el abasto popular del maíz a un precio de venta no mayor a $3.50 el kilo, y el de harina de maíz en no más de $5.00 y que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supervise y sancione abusos, mientras que la PGR atiende las denuncias y aplique sanciones que van de tres a 10 años de prisión y multa.
Los mismos empresarios que acaparan el maíz se reunieron en el Senado de la República a convocatoria del senador Heladio Ramírez y coincidieron con productores de maíz, de tortillas y harineros, que ni hay escacez ni desabasto: hay especulación y acaparamiento.
En presencia de empresarios del ramo y representantes de Minsa y Gruma, los mayores consorcios que adquieren todo el maíz, el presidente del Consejo Estatal del Maíz en Sinaloa, Alonso Campos Encinas, exigió definir los inventarios de maíz blanco con que cuenta el país, y preguntó: ¿Dónde está el maíz que salió de Sinaloa a mil 450 pesos la tonelada en mayo, junio, julio y agosto, y que a la vuelta de tres meses se estaba vendiendo a 2 mil 500? Que se investigue dónde quedaron esas alzas’’, pidió.
Sostuvo que es falso que el maíz de Sinaloa se haya pagado a mil 800 pesos, se pagó a mil 450. Es obvio, agregó, que alguien se está quedando con el valor que representa y no son los productores. Enfático afirmó que el problema de la tortilla puede resolverse porque en Sinaloa tienen 4.5 millones de toneladas de maíz blanco en bodegas y está a disposición para evitar especulaciones y problemas.
En sesión de la Permanente, el senador perredista Ricardo Monreal presentó un punto de acuerdo para que la PGR, vía una denuncia formal de las secretarías de Economía y de Agricultura, investigue y aplique sanciones a los acaparadores y especuladores del maíz.
Precisó en entrevista que el Código Penal especifica como delitos contra la economía pública aquellos que atenten contra el consumo y la riqueza nacional; el artículo 253 establece que se sancionará con prisión de tres a 10 años el acaparamiento y la ocultación de los productos con objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores.
Por su parte, el senador priísta Carlos Lozano de la Torre recriminó a Javier Usabiaga, primer secretario de Agricultura de Vicente Fox, quien llegó a manifestar que resultaba más barato importar maíz que producirlo. Recordó que la administración foxista otorgó subsidios a la trasnacional Cargill para que exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica.
El modelo está fallando
Guillermina Bahena, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), admitió que “el modelo neoliberal está fallando antes de que se cumplan 40 días de gobierno calderonista. Es obvio que el gobierno de la derecha tiende a ser cómplice de empresas con las que hizo compromisos durante la campaña. Lo vimos cuando se bloqueó el aumento a los refrescos. Calderón está cometiendo los mismos errores de Fox, que fortalecieron al PRI (Partido Revolucionario Institucional). Ahora fortalecen al PRD (Partido de la Revolución Democrática) y de paso también al PRI”.
Los incrementos en cascada de la gasolina, la leche, las autopistas, las tortillas, los productos agropecuarios y los que vienen no son más que una muestra de la incapacidad de los funcionarios del gabinete presidencial que no tuvieron visión de futuro para prever las medidas antes de que se sintiera la presión de la prensa y las manifestaciones de las amas de casa, comentó.
“O Calderón es muy ingenuo o nos está engañando a los mexicanos perversamente. Si el secretario Eduardo Sojo no fuera tan cómico, sus medidas resultarían trágicas; estamos llegando a la conclusión del neoliberalismo. Lo que procede no es importar miles de toneladas de maíz: hay que incentivar su producción y establecer estímulos a los productores como hace el gobierno en Estados Unidos y combatir a los especuladores”.
Parece mentira, agregó, que las remesas enviadas por los mexicanos que trabajan en Estados Unidos hayan salvado a la economía mexicana del caos en el pasado reciente. “Tal pareciera que la visión de futuro de Calderón sólo llegó a los primeros 40 días de su gobierno y ya existe incertidumbre”.
Enseguida refirió que éste no cumplió con sus promesas de campaña: ni se han creado empleos, ni desapareció el pago de la tenencia, ni se mantuvieron los precios de los básicos, ni de las casetas de las autopistas, ni de la cebolla y el jitomate y demás productos agropecuarios que se fueron por las nubes. Le da la vuelta al caso de Francisco Gil Díaz y aplica malas estrategias para salir al paso de estas vicisitudes.
Al comentar la publicitada visión calderonista 2030, expresó que para que los mexicanos nos demos una visión propia a 24 años, “tendríamos que reflexionar colectivamente, en comunidad, para darnos un futuro propio. Esto no se hace con dos o tres reuniones en las alturas del gobierno. El panorama se nos presenta trágico; la gente busca elevar su nivel de vida, pero no tiene recursos.
“En un arrebato, el presidente Calderón dispone que se traiga maíz de donde lo halla, aunque esté a miles de kilómetros, sin pensar que saldrá más caro, porque ya se exportó a los países donde se va a comprar más caro el que vendieron los mismos acaparadores apoyados por Vicente Fox hace cuatro meses. La cuestión es que no hay desabasto. Hay especulación de los grandes empresarios que han evidenciado el absurdo y la falta de visión del gobierno, así como la ignorancia de los funcionarios”.
Seguramente, comentó, van a formar una fiscalía especial que investigue lo que tienen a la vista y nunca van a encontrar a los acaparadores del maíz, porque los protegen ellos mismos. Ahí está el absurdo.
Quieren forzar el consumo de maíz transgénico
Detrás de las importaciones, el gobierno promueve la siembra y el consumo forzado de maíz transgénico. Éstas no resolverán las causas del incremento del precio del grano, pero incrementará los riesgos de contaminación transgénica de la leguminosa mexicana y se forzará a los ciudadanos a consumir grano de mala calidad, advirtió Areli Carreón, de Greenpeace.
“Aumentar la dependencia de México de las importaciones de maíz, base de nuestra alimentación, es la forma más segura de ceder nuestra seguridad y soberanía alimentarias, y nuestra autonomía política y económica a Estados Unidos”.
Precisó que la especulación de empresas como Maseca, Minsa y las transnacionales Cargill y National Corn Growers, de Estados Unidos, generaron el aumento de los precios del maíz junto con las inadecuadas políticas del gobierno mexicano, que han incrementado la dependencia nacional con las importaciones de alimentos y la desaparición de la Conasupo; la falta de apoyo a los productores y de precios de garantía.
La responsable de la campaña de transgénicos de la organización ambientalista, estableció que lo que el gobierno federal debe de hacer frente al escandaloso aumento del precio del maíz es ir a las causas de fondo: fomentar y defender la producción nacional de maíz blanco para asegurar suficiente grano de alta calidad, no transgénico y a precios accesibles; crear empleos e ingresos en las zonas rurales y evitar el control monopólico del maíz, en manos de Maseca, Cargill y los supermercados, cuyo fin es el lucro y no el bienestar popular.
En entrevista dijo que mientras en Estados Unidos consumen el maíz indirectamente al consumir carne de animales alimentados con el grano o en aceites y harinas, en México se consume directamente no sólo a través de las tortillas, sino en más de 300 formas, por lo que representa un riesgo muy alto consumir maíz transgénico, porque sus efectos no se pueden prever, por lo que expresó que es inaceptable que el gobierno quiera forzar a los mexicanos a consumir este tipo de cereal modificado para beneficiar a las empresas, en lugar de ver por los intereses de la nación.
Areli Carreón afirmó que Cargill compró el año pasado a $1,200.00 la tonelada de maíz y la está vendiendo a $3,500.00; lo mismo hacen Maseca y Minsa, que son intermediarias y esta información la tiene el gobierno, pero la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), igual que fracasó al pretender sancionar a Maseca, que compró Agroinsa, para establecer un monopolio del mercado de la harina de maíz, fracasará en la investigación que le encargó el presidente Calderón, porque carece de recursos legales para sancionar a los que incurren en prácticas monopólicas, como tampoco ha podido con Televisa ni con Tv Azteca, que incurren en las mismas prácticas.
Maseca tiene dominio sobre 67 por ciento del mercado nacional y no ha sido posible que se someta al gobierno, porque cuando la Cofeco pretendió sancionarla, se amparó. Ahora hace lo que quiere. No hay autoridad que frene sus actividades monopólicas.
“Es que el gobierno federal no tiene un marco jurídico para imponer su autoridad contra los monopolios y el que tiene carece de dientes. Las leyes están muy suaves y la Cofeco sólo tiene presencia simbólica, porque carece de autoridad en los hechos. El ejemplo más claro está con las televisoras, que igual hacen lo que quieren”.
Al comentar el acuerdo firmado por el que el gobierno federal impuso un control de precios a las tortillas en presencia de los mismos empresarios involucrados, dijo que no tiene futuro, pues no establece sanciones a quienes no se sometan al tope de $8.50 el kilo de tortillas; no hay sustento legal que los obligue a respetar un acuerdo de precios.
De paso, dijo, los supermercados tienen ahora la oportunidad que les da el gobierno de acabar con sus competidores pequeños, los que tienen tortillerías que venden más barato y compran más caro el maíz.
“No hay vuelta de hoja: el gobierno sirve a los intereses de los empresarios y se olvida del bienestar del pueblo. Estamos en las manos de los empresarios que ejercen el monopolio de los alimentos básicos”.
Sin maíz no hay país: Cantú Peña
Para Fausto Cantú Peña, coordinador de Constitución y República, Nuevo Milenio, “No es un asunto que deba agotarse en lo económico pues resulta insuficiente explicárselo con las puras leyes de la oferta y la demanda y de las imperfecciones monopolísticas del mercado; es un problema antropológico, orográfico, del minifundismo, de tecnología y prácticas laborales, así como de otros tantos factores que como la falta de capitalización, crédito, organización y educación que hacen al campo mexicano poco productivo y competitivo; también la variable del consumo chino y la industria de los biocombustibles provocan alteraciones en los precios de la gramínea".
Puntualiza: “Mas no se trata de llorar sobre la masa derramada sino de encontrar las propuestas alternativas, empezando por la nueva institucionalidad que a partir de un Estado responsable, no ausente, asuma la rectoría en la materia con una política pública acertada y que lo haga con la participación responsable de todos los integrantes de la cadena productiva a efecto de que en un análisis costo-riesgo-beneficio y de rentabilidad económica y social (no sólo mercantil) se asegure el abastecimiento al consumo nacional".
Concluye el economista y cafeticultor: “Es fundamental entender que antropológicamente, sin maíz no hay país”.
¿Y ahora qué vamos a comer?
Yolanda Cristina Massieu Trigo
yolanda_massieu@hotmail.com
El comienzo de año nos saluda con un aumento sin precedentes del precio de la tortilla, alimento básico de la población mexicana. A pesar de las manifestaciones de alarma, éste es un problema que se veía venir desde hace tiempo. Proviene de Estados Unidos una de las causas principales de esta situación (la otra, desde luego, es el aumento del precio de la gasolina).
México tiene una peligrosa relación de dependencia alimentaria con el país vecino, del cual importamos una parte considerable del maíz que consumimos. A la fecha se importan 8 millones de toneladas de maíz amarillo y se estima que ascenderán a 12 millones de toneladas en 2008. Este monto, junto con las importaciones de maíz blanco, llegaría a 15 millones de toneladas. Actualmente se obtiene una producción de 18.2 millones de toneladas y se importan 6 millones de toneladas. Existe un problema de calidad, pues el maíz que importamos es amarillo forrajero y una buena parte es transgénico, cuyos riesgos para la salud del consumidor no están suficientemente investigados.
La situación es consecuencia de políticas deliberadas que, desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid, desestimularon la producción interna de maíz, frijol y otros cultivos básicos, como el arroz. El corolario fueron las reformas al artículo 27 constitucional, en 1992, y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994. El gobierno de Salinas insistió, aun cuando las contrapartes estadunidense y canadiense no lo requerían, en incluir el maíz y el frijol en la liberalización comercial. De cualquier manera, aun para los cuadros salinistas resultaba evidente que son productos sensibles, por lo que se les asignó un periodo de protección, con la asignación de aranceles, que vence el año próximo.
La mayoría de los campesinos mexicanos (3 millones quedan en México, que no han optado por la migración) siguen sembrando maíz para autoconsumo y no tienen condiciones de rentabilidad ni competitividad frente a los estadunidenses, aun cuando sí aportan algo a la oferta nacional. En otra situación están los 200 mil agricultores sinaloenses, altamente productivos, quienes se dedican a la producción del grano a partir de la entrada en vigor del TLCAN, justamente porque conservan alguna protección frente a la desigual y desleal (por los altos subsidios) competencia de Estados Unidos. Estos productores operan con costos mayores que sus homólogos del país vecino y año con año protestan por la introducción de las importaciones y el abatimiento de los precios cuando ellos cosechan.
De más está decir que el gobierno foxista continuó con la misma política y desoyó los planteamientos del movimiento El campo no aguanta más, en 2003, respecto a la necesaria renegociación del TLCAN. Nuestro actual presidente da visos de continuar con esta tendencia. Lo más patético es que los mayores beneficiarios del aumento actual de precios no son los productores nacionales de maíz, sino los coyotes y la transnacional Cargill, que comercializan el grano, gracias a la mencionada política y la desaparición de Conasupo.
Actualmente, como los analistas lo anunciaban desde el 2005, nuestros vecinos ya no disponen de tanto maíz amarillo barato para vendernos. Esto se debe a la creciente demanda del grano en Estados Unidos para la producción del biocombustible etanol. Por ello, no es solución simplemente autorizar más importaciones, como clama la Unión Nacional de Molinos y Tortillerías. Los precios de las importaciones de maíz han aumentado, hay un déficit importante de maíz blanco para la alimentación de la población nacional (estimado en 1 millón de toneladas) y muchos de los campesinos que podrían producir suficiente para alimentarnos han emigrado al vecino país en busca de la sobrevivencia. La perspectiva de escasez y encarecimiento del maíz, con la consecuente hambruna, representa una posibilidad real del año que comienza. En los siguientes meses veremos si el gobierno calderonista tendrá capacidad de respuesta.
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