Nota enviada por ADServicios integrados
Tania Damián
t.damian@prende.org.mx
* Los casos más sonados: Nicolás Aguilar Rivera y Rafael Sánchez Pérez, acusados de cometer abusos sexuales en contra de niños * Los jueces llegan a reducir las penas: abogados * Expertos solicitaron modificaciones de la ley penal para ayudar a las víctimas * Se carece del delito de “pederastia” y “acoso sexual”, necesarios para precisar más la legislación, y de esta forma existan más candados para castigar a los culpables, aseguró Alberto Domínguez Ortega
Puebla, Puebla.— En el pasado no era difícil que la sociedad relacionara a los sacerdotes con los santos, sobre todo en el ámbito rural. En los pueblos, los padres y los maestros eran figuras de peso en las comunidades; en algunos casos más que los presidentes municipales. Era impensable que el predicador de la palabra de Dios cometiera un delito. La confianza en estos hombres estaba sustentada en la fe.
Sin embargo, últimamente se han revelado acciones delictivas de los presbíteros en contra de su feligresía. Los casos más sonados: Nicolás Aguilar Rivera y Rafael Sánchez Pérez, acusados de cometer abusos sexuales en contra de niños. Sobre el primero no hay denuncia penal en Puebla, pese a que el ilícito habría sido perpetrado en la región de Tehuacán hace casi 30 años. El procedimiento judicial fue promovido en Estados Unidos. El otro fue revelado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de un boletín oficial y supuestamente las víctimas serían infantes de la zona de Huejotzingo.
Ante tal panorama, especialistas en derecho penal coincidieron en que falta claridad en la ley para sancionar delitos relacionados con abuso sexual por parte de ministros de la religión; además, criticaron que, por el peso que tiene el poder eclesiástico en México, los jueces lleguen a reducir las penas.
Por ejemplo, citaron casos que podrían tipificarse como corrupción de menores y sólo son castigados como ataques al pudor; “corrupción de menores es grave y conlleva a una sanción de dos a nueve años de cárcel, a diferencia del delito de ataques al pudor que sólo tiene una pena de un mes a un año de prisión y permite la libertad bajo fianza.
Según el abogado penalista del Bufete Jurídico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Carlos Betanzo Tlaseca, hay que empezar con saber que la denuncia de delitos sexuales es complicada, porque se hiere directamente la integridad de las personas, lo que les ocasiona un mal estado emocional, así como vergüenza y temor; además de generar afectaciones a mediano y largo plazos.
“El delito sexual ocasiona el hundimiento de la autoestima de la víctima y además, al contarlo a la autoridad le genera mucha vergüenza porque cree que si se entera alguien se va a enterar la sociedad y va a ser un sujeto de segunda categoría, sin valor”.
Sin embargo, recomendó a las víctimas armarse de valor, entender que no son culpables y que es necesario castigar al agresor para evitar más perjudicados; además de recibir apoyo sicológico y moral.
Respecto a los delitos sexuales cometidos por ministros de la religión, advirtió a la feligresía, “no queda otra, debe diferenciar entre la fe y las acciones indebidas de los hombres y denunciar”.
No es fácil, recordó que el Código de Defensa Social no advierte acciones ilegales de sacerdotes; “aunque se debería de considerar por dos cosas: el peso que tiene la religión en nuestro país y la fe que genera una mayor confianza en un sacerdote que en cualquier otra persona”.
Para el jurista es recurrente que los jueces minimicen la trasgresión y otorguen ventajas al acusado; por tanto, instó al Poder Judicial a actuar correctamente y a proteger a la víctima.
A la vez propuso claridad en el inciso C del artículo 267 del Código de Defensa Social de Puebla que refiere al delito de violación, pues se requiere que la destitución sea también para la persona que se dedica al sacerdocio, ya que sólo habla de profesión, quedando a la interpretación del juez si el dedicarse a la religión es o no profesión. “Mientras más claras sean las leyes, mejor”.
Por su parte, Alberto Domínguez Ortega, abogado penalista, declaró que aunque ante la ley no existe consideración para los párrocos, la práctica muchas veces contradice este precepto.
Explicó que se carece del delito de “pederastia”, así como de “acoso sexual”, necesarios para precisar más la ley y, de esta forma, existan más candados para castigar a los culpables.
Según el abogado, la violación equiparada es el delito que más se parece a la pederastia porque es aplicable cuando el sujeto activo impone la cópula a un menor de 12 años. No obstante, preguntó: “¿qué pasa cuando no se llega a la violación, sino simplemente son tocamientos y excitaciones intencionales en contra de un tercero? Se está entre “ataques al pudor” y “corrupción de menores”, pero, ¿cuándo es uno y cuando el otro? Falta claridad en la ley”.
Los especialistas en derecho penal solicitaron las modificaciones de la ley penal para ayudar a las víctimas, ya que por la naturaleza del delito de por sí es difícil que se denuncie, aunque reconocieron que no todo se resuelve con esto, también es necesaria la prevención.
Para Luis Arturo Jiménez Medina, investigador del Colegio de Antropología de la BUAP, la religión católica, a pesar de sus errores, mantiene una amplia influencia en México, lo que implica que se reduzca el número de denuncias en contra de sacerdotes católicos por delitos de fraude, extorsión, intromisión política y abuso sexual.
“Primero, la fe hace que no se crea que el sacerdote cometa un delito y, segundo, nuestra educación en la religión católica logra minimizar el hecho si el sacerdote es católico”.
Jiménez Medina explicó que aunque teóricamente no existe consideración alguna para los ministros de cultos que cometen un delito, en la práctica, por la confianza que tienen en la sociedad y más si se trata de un religioso católico, por el peso que tiene, la mayoría de las veces se exculpa de sus acciones ilegales, ya sean las mismas víctimas o las autoridades judiciales.
Afirmó que las autoridades gubernamentales tratan con pinzas al poder eclesiástico por la influencia que tiene en la mente de los habitantes, por lo que es decisivo para la tranquilidad social.
“No obstante, a pesar de estos privilegios, la sociedad ha sabido de escándalos de abuso de poder y sexual por parte de los sacerdotes, lo que le ha ocasionado a la Iglesia católica perder cada día a más fieles”.
Según sus estadísticas, el 92 por ciento de la población mexicana se decía católica en 1970; actualmente sólo se declara como tal 80 por ciento. “El principal problema de la Iglesia católica es no reconocer que es una institución más en la sociedad y, por tanto, tiene que cumplir mejor su función”.
Para el antropólogo, el abandono de la religión católica es debido a que la Iglesia ha desatendido a los fieles por el modelo de cristiandad que implica la obediencia vertical y autoritaria, lo cual trae como consecuencia los problemas sicológicos de los presbíteros que conlleva al abuso de poder sexual y ocasionando poca credibilidad en el dogma.
“La Iglesia debe de modernizar sus preceptos. Hasta la gente que es católica no concuerda con muchos de sus estatutos, como el dejar de usar métodos anticonceptivos o como el celibato de los sacerdotes. Sólo hay que hacer un recorrido por las parroquias rurales para constatar que los sacerdotes viven con alguna mujer, lo cual en sí no es malo porque son humanos, pero entonces que no digan algo que no cumplen”.
Conforme a sus estudios, el celibato se dispuso a finales de la Edad Media y no está incluido en las escrituras. “Los sacerdotes diocesanos (los que dependen directamente del clero oficial) son los que más cometen delitos de abuso sexual por el aislamiento al que son sometidos, al contrario de los sacerdotes religiosos como los jesuitas, franciscanos y dominicos que viven en comunidad y están comprometidos con el voto de la pobreza”.
El clero mantiene en secreto las sanciones contra sacerdotes, sin importar el tipo de delito cometido. Con base en el derecho canónico oculta las acciones ilícitas de sus ministros. No hay transparencia. La gente, ésa que recuerda todavía la frase del papa Juan Pablo II: “México, siempre fiel”, poco a poco se aleja de la religión católica.
Tania Damián
t.damian@prende.org.mx
* Los casos más sonados: Nicolás Aguilar Rivera y Rafael Sánchez Pérez, acusados de cometer abusos sexuales en contra de niños * Los jueces llegan a reducir las penas: abogados * Expertos solicitaron modificaciones de la ley penal para ayudar a las víctimas * Se carece del delito de “pederastia” y “acoso sexual”, necesarios para precisar más la legislación, y de esta forma existan más candados para castigar a los culpables, aseguró Alberto Domínguez Ortega
Puebla, Puebla.— En el pasado no era difícil que la sociedad relacionara a los sacerdotes con los santos, sobre todo en el ámbito rural. En los pueblos, los padres y los maestros eran figuras de peso en las comunidades; en algunos casos más que los presidentes municipales. Era impensable que el predicador de la palabra de Dios cometiera un delito. La confianza en estos hombres estaba sustentada en la fe.
Sin embargo, últimamente se han revelado acciones delictivas de los presbíteros en contra de su feligresía. Los casos más sonados: Nicolás Aguilar Rivera y Rafael Sánchez Pérez, acusados de cometer abusos sexuales en contra de niños. Sobre el primero no hay denuncia penal en Puebla, pese a que el ilícito habría sido perpetrado en la región de Tehuacán hace casi 30 años. El procedimiento judicial fue promovido en Estados Unidos. El otro fue revelado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de un boletín oficial y supuestamente las víctimas serían infantes de la zona de Huejotzingo.
Ante tal panorama, especialistas en derecho penal coincidieron en que falta claridad en la ley para sancionar delitos relacionados con abuso sexual por parte de ministros de la religión; además, criticaron que, por el peso que tiene el poder eclesiástico en México, los jueces lleguen a reducir las penas.
Por ejemplo, citaron casos que podrían tipificarse como corrupción de menores y sólo son castigados como ataques al pudor; “corrupción de menores es grave y conlleva a una sanción de dos a nueve años de cárcel, a diferencia del delito de ataques al pudor que sólo tiene una pena de un mes a un año de prisión y permite la libertad bajo fianza.
Según el abogado penalista del Bufete Jurídico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Carlos Betanzo Tlaseca, hay que empezar con saber que la denuncia de delitos sexuales es complicada, porque se hiere directamente la integridad de las personas, lo que les ocasiona un mal estado emocional, así como vergüenza y temor; además de generar afectaciones a mediano y largo plazos.
“El delito sexual ocasiona el hundimiento de la autoestima de la víctima y además, al contarlo a la autoridad le genera mucha vergüenza porque cree que si se entera alguien se va a enterar la sociedad y va a ser un sujeto de segunda categoría, sin valor”.
Sin embargo, recomendó a las víctimas armarse de valor, entender que no son culpables y que es necesario castigar al agresor para evitar más perjudicados; además de recibir apoyo sicológico y moral.
Respecto a los delitos sexuales cometidos por ministros de la religión, advirtió a la feligresía, “no queda otra, debe diferenciar entre la fe y las acciones indebidas de los hombres y denunciar”.
No es fácil, recordó que el Código de Defensa Social no advierte acciones ilegales de sacerdotes; “aunque se debería de considerar por dos cosas: el peso que tiene la religión en nuestro país y la fe que genera una mayor confianza en un sacerdote que en cualquier otra persona”.
Para el jurista es recurrente que los jueces minimicen la trasgresión y otorguen ventajas al acusado; por tanto, instó al Poder Judicial a actuar correctamente y a proteger a la víctima.
A la vez propuso claridad en el inciso C del artículo 267 del Código de Defensa Social de Puebla que refiere al delito de violación, pues se requiere que la destitución sea también para la persona que se dedica al sacerdocio, ya que sólo habla de profesión, quedando a la interpretación del juez si el dedicarse a la religión es o no profesión. “Mientras más claras sean las leyes, mejor”.
Por su parte, Alberto Domínguez Ortega, abogado penalista, declaró que aunque ante la ley no existe consideración para los párrocos, la práctica muchas veces contradice este precepto.
Explicó que se carece del delito de “pederastia”, así como de “acoso sexual”, necesarios para precisar más la ley y, de esta forma, existan más candados para castigar a los culpables.
Según el abogado, la violación equiparada es el delito que más se parece a la pederastia porque es aplicable cuando el sujeto activo impone la cópula a un menor de 12 años. No obstante, preguntó: “¿qué pasa cuando no se llega a la violación, sino simplemente son tocamientos y excitaciones intencionales en contra de un tercero? Se está entre “ataques al pudor” y “corrupción de menores”, pero, ¿cuándo es uno y cuando el otro? Falta claridad en la ley”.
Los especialistas en derecho penal solicitaron las modificaciones de la ley penal para ayudar a las víctimas, ya que por la naturaleza del delito de por sí es difícil que se denuncie, aunque reconocieron que no todo se resuelve con esto, también es necesaria la prevención.
Para Luis Arturo Jiménez Medina, investigador del Colegio de Antropología de la BUAP, la religión católica, a pesar de sus errores, mantiene una amplia influencia en México, lo que implica que se reduzca el número de denuncias en contra de sacerdotes católicos por delitos de fraude, extorsión, intromisión política y abuso sexual.
“Primero, la fe hace que no se crea que el sacerdote cometa un delito y, segundo, nuestra educación en la religión católica logra minimizar el hecho si el sacerdote es católico”.
Jiménez Medina explicó que aunque teóricamente no existe consideración alguna para los ministros de cultos que cometen un delito, en la práctica, por la confianza que tienen en la sociedad y más si se trata de un religioso católico, por el peso que tiene, la mayoría de las veces se exculpa de sus acciones ilegales, ya sean las mismas víctimas o las autoridades judiciales.
Afirmó que las autoridades gubernamentales tratan con pinzas al poder eclesiástico por la influencia que tiene en la mente de los habitantes, por lo que es decisivo para la tranquilidad social.
“No obstante, a pesar de estos privilegios, la sociedad ha sabido de escándalos de abuso de poder y sexual por parte de los sacerdotes, lo que le ha ocasionado a la Iglesia católica perder cada día a más fieles”.
Según sus estadísticas, el 92 por ciento de la población mexicana se decía católica en 1970; actualmente sólo se declara como tal 80 por ciento. “El principal problema de la Iglesia católica es no reconocer que es una institución más en la sociedad y, por tanto, tiene que cumplir mejor su función”.
Para el antropólogo, el abandono de la religión católica es debido a que la Iglesia ha desatendido a los fieles por el modelo de cristiandad que implica la obediencia vertical y autoritaria, lo cual trae como consecuencia los problemas sicológicos de los presbíteros que conlleva al abuso de poder sexual y ocasionando poca credibilidad en el dogma.
“La Iglesia debe de modernizar sus preceptos. Hasta la gente que es católica no concuerda con muchos de sus estatutos, como el dejar de usar métodos anticonceptivos o como el celibato de los sacerdotes. Sólo hay que hacer un recorrido por las parroquias rurales para constatar que los sacerdotes viven con alguna mujer, lo cual en sí no es malo porque son humanos, pero entonces que no digan algo que no cumplen”.
Conforme a sus estudios, el celibato se dispuso a finales de la Edad Media y no está incluido en las escrituras. “Los sacerdotes diocesanos (los que dependen directamente del clero oficial) son los que más cometen delitos de abuso sexual por el aislamiento al que son sometidos, al contrario de los sacerdotes religiosos como los jesuitas, franciscanos y dominicos que viven en comunidad y están comprometidos con el voto de la pobreza”.
El clero mantiene en secreto las sanciones contra sacerdotes, sin importar el tipo de delito cometido. Con base en el derecho canónico oculta las acciones ilícitas de sus ministros. No hay transparencia. La gente, ésa que recuerda todavía la frase del papa Juan Pablo II: “México, siempre fiel”, poco a poco se aleja de la religión católica.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario