Artículo de Proceso:
jenaro villamil
México, D.F., 9 de enero (apro).- Primero Felipe Calderón le prohibió explícitamente a las televisoras que suspendieran las “parodias” a la institución presidencial; después, mandó mensajes a conductores y empresarios radiofónicos como José Gutiérrez Vivó para que se “portara bien”, al tiempo que el acoso judicial en contra de la cabeza de la empresa Monitor y el boicot publicitario a “medios incómodos” se ha agravado en menos de un mes.
Ahora, la censura calderonista se dirige explícitamente contra su némesis: el excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, quien vuelve a ser noticia a partir de la emisión de su programa televisivo “La verdad sea dicha”.
Ni aun pagando el espacio a una televisora como TV Azteca, de muy dudosa reputación como un medio polémico que gusta de utilizar la pantalla para litigar sus intereses particulares, el equipo de López Obrador pudo burlar la censura.
Informes del equipo de producción de “La verdad sea dicha” confirmaron que el programa, transmitido a la 1 de la mañana de hoy, no fue transmitido en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, ni en Monterrey ni en el estado de Tabasco, y sólo se transmitió parcialmente en Puebla, a pesar de que fue contratado como una transmisión nacional. La televisora atribuyó este hecho a “posibles problemas técnicos”, la misma justificación que ha utilizado Televisa y su subsidiaria Sky para mantener fuera de la televisión satelital desde hace más de dos meses los noticiarios radiofónicos de W Radio, en especial, el conducido por Carmen Aristegui, sin duda, la periodista con mayor credibilidad en el cuadrante.
Los extraños “problemas técnicos” de TV Azteca con el programa, que costará 11 millones de pesos en un año, coinciden con la reciente orden de la Secretaría de Gobernación para censurar previamente el programa correspondiente a la toma de posesión de López Obrador como “presidente legítimo”, el pasado 20 de noviembre.
De acuerdo con Eduardo Garzón, nuevo director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), éste programa no se ajustó a lo estipulado en los artículos 36 y 41 del Cofipe. El señor Garzón se olvidó que la transmisión de éste programa corresponde a las prerrogativas que, por ley, tienen los partidos políticos. Curiosamente, el IFE también argumentó primero “fallas técnicas” para justificar la ausencia de la transmisión del programa el día que le correspondía al IFE.
Por supuesto, el equipo de Felipe Calderón se lava las manos y, desde la Secretaría de Gobernación, rechazan que se trate de censura. Simplemente, es una cuestión de “normatividad y legalidad”, el mismo argumento que, durante décadas, los regímenes priistas utilizaron para condicionar a los concesionarios y para cerrarle el espacio a quienes resultaran incómodos.
Eso sí, al mismo tiempo, la Presidencia de la República ha anunciado que dispondrá de 701 mil 815 horas de “tiempos oficiales” en radio y televisión para que escuchemos los mensajes navideños, los de año nuevo, quizá los del 14 de febrero y hasta los del carnaval, del gobierno federal, y también para que el teleauditorio se entere de que existe “un nuevo presidente” desde el 1 de diciembre de 2006.
Este exceso promocional puede constituir la forma menos elegante de autoparodiar a la presidencia de la República, que se convertirá, ahora en tiempos de Calderón, en un spot permanente.
Estos excesos de promoción mediática del calderonismo contrastan con el celo y la práctica autoritaria que busca cerrarle espacios a López Obrador, aun si para eso tienen que inventar “problemas técnicos”, utilizar los litigios judiciales para amedrentar a conductores radiofónicos que tuvieron la osadía de darle cobertura al excandidato de la izquierda o, simplemente, porque en lugar de noticiarios y medios impresos que defiendan el elemental derecho a la información, ahora buscan imponer el principio de la uniformidad informativa que es la peor forma de censura.
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