Por Jesús González Schmal
El último informe rendido por Leonel Castillo González, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado martes 17 de octubre, no puede pasar desapercibido. El esfuerzo del Magistrado Presidente para tratar de justificar lo injustificable no tiene parangón. Su argumento de que la cadena de irregularidades y vicios en la elección, incluyendo la injerencia del propio Presidente de la República, no satisface el requisito de la "determinancia" (es decir, la medición del efecto de estas maniobras para inducir al voto ciudadano), no respeta el más elemental principio de lógica y de inteligencia. Resulta ahora que el Tribunal Electoral descansa, para ejercer su facultad de anular la elección intervenida por el poder público en curso, en la siniestra habilidad de dichos autores del ilícito para no hacer medibles los alcances de sus fechorías.Lo increíble de este argumento es que, enseguida Leonel Castillo pondera las aportaciones del Tribunal al derecho electoral al haber creado el concepto de causal abstracta o genérica en la nulidad de las elecciones, tratando de explicar la no aplicación de esa causal en las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio, con el argumento de que no fue posible satisfacer la determinancia después de reconocer que la colusión del poder de la cúpula de la iniciativa privada y de la presidencia de la república (asociada con la lideresa de los maestros Elba Esther Gordillo), desplegaron todos sus recursos, al margen de la ley para favorecer al candidato panista.A la negativa del recuento "voto por voto" Leonel Castillo se vuela la barda al defenderse diciendo que: "por más creativa que se pueda concebir la actividad jurisdiccional, no puede llegar al extremo de hacer a un lado la obra del legislador para guiarse libremente por sus propias concepciones". Bien sabe el Presidente del TEPJF que lo único que se le pidió fue precisamente que se atuviera al texto legislativo, pero no sesgada y mañosamente a la ley secundaria o reglamentaria, sino a la propia Constitución que está obligado a cumplir y que en su artículo 41 diáfanamente prescribe: "...en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores". Y que fueron precisamente los principios jurídicos que no quisieron respetar los magistrados que tuvieron a su cargo la gran responsabilidad de convalidar o anular un proceso electoral turbio e incierto por las mismas razones que el TEPJF reconoce, pero que se niega a valorar.Pero lo más deleznable del oportunismo del TEPJF es la insistencia de trasladar, a la "coalición por el bien de todos" la responsabilidad por no haber impugnado debidamente la validez de la elección en las casillas o en las juntas computadoras. De esta suerte culpan al candidato perdedor por cinco décimas porcentuales y a los partidos que lo postularon por la falta de destreza para que, sus representantes de casilla o en las juntas computadoras, hubieran actuado con el mayor celo y con el más alto grado de conocimiento y dominio del derecho electoral para poder llevar al autor o autores de la manipulación electoral, ante los severos jueces que entonces si, hubieran impartido justicia.Tan simple razonamiento entraña un colosal timo. Una y mil veces repetiremos que en el oscuro pasado del partido oficial, el garlito que utilizaron era el de trasladar a los partidos verdaderos de oposición la carga de mantener y operar una inmensa red de representantes policías electorales, capaces de sorprender al ladrón de votos in fraganti, para demostrar el ilícito y, en el mejor de los casos, anular la elección por excepción.Fue la permanencia de este vil engaño lo que llevó a la sociedad a reclamar la preparación y organización del proceso electoral por la evidente incapacidad de los partidos para remontar a toda el hampa electoral pagada desde el gobierno. Así nació el Instituto Federal Electoral "ciudadanizado" que liberaría a los partidos de la obligación de tener representantes en cada casilla, tarea que rebasa su capacidad y naturaleza, así como los distrae de lo fundamental, en el sentido de presentar verdaderas opciones electorales con programas, plataformas y candidatos idóneos.En el 2006 se ha registrado el fracaso de esta expectativa. El IFE se partidizó abiertamente, el PRI y PAN se coludieron. El producto fue una elección más cuestionada que ninguna otra del pasado y, sobre todo, dejando a la mitad de los electores atropellados por la burla y la farsa, que avaló un tribunal electoral a modo, sin el menor escrúpulo patriótico. Aún así dicen que se van con la conciencia tranquila.
!! Sufragio Efectivo No Imposición !!
!! AMLO Presidente Legitimo de los Mexicanos !!
El último informe rendido por Leonel Castillo González, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado martes 17 de octubre, no puede pasar desapercibido. El esfuerzo del Magistrado Presidente para tratar de justificar lo injustificable no tiene parangón. Su argumento de que la cadena de irregularidades y vicios en la elección, incluyendo la injerencia del propio Presidente de la República, no satisface el requisito de la "determinancia" (es decir, la medición del efecto de estas maniobras para inducir al voto ciudadano), no respeta el más elemental principio de lógica y de inteligencia. Resulta ahora que el Tribunal Electoral descansa, para ejercer su facultad de anular la elección intervenida por el poder público en curso, en la siniestra habilidad de dichos autores del ilícito para no hacer medibles los alcances de sus fechorías.Lo increíble de este argumento es que, enseguida Leonel Castillo pondera las aportaciones del Tribunal al derecho electoral al haber creado el concepto de causal abstracta o genérica en la nulidad de las elecciones, tratando de explicar la no aplicación de esa causal en las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio, con el argumento de que no fue posible satisfacer la determinancia después de reconocer que la colusión del poder de la cúpula de la iniciativa privada y de la presidencia de la república (asociada con la lideresa de los maestros Elba Esther Gordillo), desplegaron todos sus recursos, al margen de la ley para favorecer al candidato panista.A la negativa del recuento "voto por voto" Leonel Castillo se vuela la barda al defenderse diciendo que: "por más creativa que se pueda concebir la actividad jurisdiccional, no puede llegar al extremo de hacer a un lado la obra del legislador para guiarse libremente por sus propias concepciones". Bien sabe el Presidente del TEPJF que lo único que se le pidió fue precisamente que se atuviera al texto legislativo, pero no sesgada y mañosamente a la ley secundaria o reglamentaria, sino a la propia Constitución que está obligado a cumplir y que en su artículo 41 diáfanamente prescribe: "...en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores". Y que fueron precisamente los principios jurídicos que no quisieron respetar los magistrados que tuvieron a su cargo la gran responsabilidad de convalidar o anular un proceso electoral turbio e incierto por las mismas razones que el TEPJF reconoce, pero que se niega a valorar.Pero lo más deleznable del oportunismo del TEPJF es la insistencia de trasladar, a la "coalición por el bien de todos" la responsabilidad por no haber impugnado debidamente la validez de la elección en las casillas o en las juntas computadoras. De esta suerte culpan al candidato perdedor por cinco décimas porcentuales y a los partidos que lo postularon por la falta de destreza para que, sus representantes de casilla o en las juntas computadoras, hubieran actuado con el mayor celo y con el más alto grado de conocimiento y dominio del derecho electoral para poder llevar al autor o autores de la manipulación electoral, ante los severos jueces que entonces si, hubieran impartido justicia.Tan simple razonamiento entraña un colosal timo. Una y mil veces repetiremos que en el oscuro pasado del partido oficial, el garlito que utilizaron era el de trasladar a los partidos verdaderos de oposición la carga de mantener y operar una inmensa red de representantes policías electorales, capaces de sorprender al ladrón de votos in fraganti, para demostrar el ilícito y, en el mejor de los casos, anular la elección por excepción.Fue la permanencia de este vil engaño lo que llevó a la sociedad a reclamar la preparación y organización del proceso electoral por la evidente incapacidad de los partidos para remontar a toda el hampa electoral pagada desde el gobierno. Así nació el Instituto Federal Electoral "ciudadanizado" que liberaría a los partidos de la obligación de tener representantes en cada casilla, tarea que rebasa su capacidad y naturaleza, así como los distrae de lo fundamental, en el sentido de presentar verdaderas opciones electorales con programas, plataformas y candidatos idóneos.En el 2006 se ha registrado el fracaso de esta expectativa. El IFE se partidizó abiertamente, el PRI y PAN se coludieron. El producto fue una elección más cuestionada que ninguna otra del pasado y, sobre todo, dejando a la mitad de los electores atropellados por la burla y la farsa, que avaló un tribunal electoral a modo, sin el menor escrúpulo patriótico. Aún así dicen que se van con la conciencia tranquila.
!! Sufragio Efectivo No Imposición !!
!! AMLO Presidente Legitimo de los Mexicanos !!
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