Ejército violador de derechos
José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
El reclamo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las entidades encargadas del manejo de la fuerza pública –Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Procuraduría General de la República– encabezadas por la Secretaría de Gobernación (SG), para que cesen las detenciones ilegales contra migrantes que realizan, tanto autoridades civiles como militares, sin estar facultados para ello, responden más a una política de seguridad impuesta desde el exterior –“combate al terrorismo”– que de asuntos de orden interno o de seguridad nacional.
Las únicas instancias facultadas por ley para detener a personas y constatar su condición migratoria son el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP). Las detenciones ilegales realizadas por elementos no facultados, incluso policías municipales y agentes de seguridad privada, propician que se abra un espacio para que los migrantes sean objeto de otra clase de vejaciones, como abusos sexuales, principalmente en agravio de mujeres y niños; lesiones, robos y extorsiones, entre otras.
La detención de migrantes, hecha por elementos de seguridad privada, incurren en la comisión de varios delitos, por lo que el INM, al verse suplantado en sus funciones, debe hacer la denuncia ante la autoridad competente.
Aparte de que en México padecemos de una impunidad legalizada, ya que la Ley de Población considera a la migración indocumentada como un delito y a los migrantes como delincuentes, lo que reclama una nueva legislación, la CNDH coquetea con las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos al hacer un reconocimiento a la SG y al INM “por su disposición a trabajar conjuntamente con la CNDH en favor de los derechos de los migrantes”; también elogió que “la Sedena haya girado instrucciones a su personal para que se abstenga de realizar esas verificaciones migratorias ilegales, aunque algunos elementos continúan efectuándolas, pero ya es en mucho menor medida”. Tal parece que a dieciséis años de la existencia de la CNDH, ésta no se ha percatado cómo opera el aparato militar en México.
Otra noticia de militares que llena las primeras planas de los diarios, es el asunto de Oaxaca y el sitio del Palacio Legislativo de San Lázaro, que ahora no sólo violentan garantías individuales sino confrontan a los partidos políticos dentro del Congreso.
Roberto Garduño y Ciro Pérez describieron en La Jornada (22-XI-06, p. 9): “A pesar de las denuncias de los vecinos, los diputados debieron experimentar en carne propia los excesos de policías y militares para demandar el retiro o por lo menos la flexibilización de los múltiples retenes instalados alrededor del complejo legislativo”. Y el legislador Isidro Pedraza denunció ante la llamada máxima tribuna del país: “Ustedes deben saber que estas fuerzas, que están allá afuera, dan terror: están acusados de violación, son los mismos que violaron a las mujeres en Atenco, son los mismos que atropellaron los derechos de los campesinos en Oaxaca, y valdría la pena que los retirasen de este recinto”.
Si a vuelo de pájaro hacemos un recuento de las violaciones a los derechos humanos en lo que va de esta administración “democrática”, y los trabajos inútiles de la Fiscalía Especial Sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para esclarecer los crímenes del 68 y de la guerra sucia de los 70, nos queda claro que el problema de la impunidad hasta hoy intocado en México, está ligado directamente a los militares; es decir, al poder público, de cualquier índole o corriente política –de izquierda, centro o derecha–, ha protegido siempre al Ejército.
Así las cosas, sería criminal que la próxima administración deje sin investigación y sin castigo a los violadores de derechos humanos, que deje intocado a los poderes fácticos que amenazan a la seguridad nacional y sobre todo que deje impune la actuación histórica del Ejército, que si quiere transformarse en una institución de Estado, debe abocarse a la defensa exterior, ayudar a la población civil en casos de desastre, atender las convocatorias de Naciones Unidas en las misiones de paz, y lo más importante, subordinarse a la autoridad civil y ubicar al enemigo fuera de las fronteras y del espectro social.
Calderón: ¿Continuismo? ¿Solidarismo o qué?
Jesús Delgado Guerrero
jedeg@att.net.mx
“En el capitalismo impera la explotación del hombre por el hombre, mientras que en el socialismo ocurre lo contrario”, suele decirse en ciertas naciones europeas del Este.
Lo anterior es un chiste, pero sin duda con ello se resume una vieja disputa entre dos concepciones de políticas económicas, presuntamente antitéticas pero con un fondo común: estorban al desarrollo humano tanto en lo individual como en lo colectivo.
Póngaseles cualquier término teórico a esos dogmas aparentemente contrapuestos: economía social de mercado y economía socialista planificada. Capitalismo privado o estatal. Es igual.
Ya bajo regímenes democráticos de corte liberal o autoritarios, fascistas y comunistas, que para el caso es lo mismo, tales orientaciones políticas y económicas han dejado saldos suficientemente negativos como para que alguien se atreva a hacer apología.
Los fundamentalismos, sean éstos económicos, políticos, religiosos, etcétera, suelen rechazarse mutuamente. Sus partidarios se lanzan acusaciones recíprocas de todas las malas artes posibles, aunque finalmente convergen y se identifican. Sólo disfrazan las formas y maquillan las secuelas.
Por ello hay que convenir en que el modelo que se ha venido aplicando desde 1982 (concentrador del ingreso en unas cuantas manos, promotor de monopolios privados, oligopolios y, en suma, contrario a la esencia del verdadero liberalismo democrático) debe ser enviado al cesto de la historia, igual que éste envió al liberalismo estatalizador y sus herederos revolucionarios, igualmente depredador y corrupto.
Hoy ya no hay que preguntarse si es necesario o factible que alguno de los modelos citados se ejecute durante los próximos años, sino que se impone, primero, explorar nuevas vías y, segundo, aplicarlas fuera de espacios dogmáticos.
En el primer caso y tomando en cuenta la formación política de Felipe Calderón Hinojosa, presidente electo de México, está la oportunidad en el humanismo político, donde uno de sus pilares es lo que se denomina solidarismo, un punto entre el capitalismo deformado y el comunismo también desnaturalizado, donde los ejes de toda acción no son los mercados sino los seres humanos.
Ese concepto, traducido en lenguaje de a pie, es simplemente la reciprocidad individuo-sociedad, el apoyo mutuo, la corresponsabilidad, sin dejar de reconocer las diferencias naturales entre las personas e impulsándolas de manera vigorosa pues, como dice Bobbio, nadie es igual, inclusive ante la muerte.
¿Hasta dónde le permitirá su circunstancia al presidente electo llevar a cabo lo que bien conoce? Los monopolios van a ser su principal problema y un gran desafío, específicamente los entronizados en telecomunicaciones, antes lópezobradoristas, y los medios de información electrónicos, sin dejar a un lado cementeras, cerveceras y todo un fardo muy pesado conformado a lo largo de más de 24 años de fundamentalismos económicos.
Tal vez ayude definir la actitud que se asumirá ante la realidad, con todo y el escepticismo que pueda generar su gabinete económico, conformado por algunos representantes de la escuela de Chicago, como Agustín Carstens.
Esta actitud y tomando prestada la concepción filosófica del pensador Karl Jaspers, no podría ciertamente dejar de lado proyecciones de elección para hacer frente a diversos tipos de situaciones o problemas (el mundo se mueve rápidamente y no hay que quedarse paralizados), pero ya no quedan muchas sopas qué probar si en verdad se quiere “rebasar por la izquierda” y con ello no sólo quitar banderas a los naturales adversarios políticos, sino principalmente generar condiciones de vida mejores, más dignas.
La historia podría apoyar con un repaso de lo que el mismo Felipe Calderón denominó como la “extrema ambigua”, definiendo así la posición económica del PRI durante el período posrevolucionario, que un día fue socialista, otro capitalista, otro desarrollista, etcétera.
Más de la historia: en marzo de 1981 y tras recordar que Efraín González Luna había advertido respecto de que el PAN no “sería trinchera del capitalismo”, Luis Calderón Vega, padre de Felipe Calderón e historiador del blanquiazul mismo, renunció al partido de sus amores por desacuerdos con el CEN.
Luego, en marzo de 1984, profundizó discrepancias diciendo a la revista Proceso: “El PAN era un partido de clases, no de clase. Ahora se pretende convertirlo en un partido de una sola clase: la empresarial. Allí quieren llevarlo. Se han colado los empresarios a través de Pablo Emilio Madero, Fernando Canales Clariond, Carlos Anaya, los representantes del Grupo Monterrey y conexos en Chihuahua y Sonora”.
A partir del 1 de diciembre se sabrá la actitud de un gobierno frente a la realidad ineludible, y si la historia puede pesar lo suficiente en las convicciones.
José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
El reclamo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las entidades encargadas del manejo de la fuerza pública –Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Procuraduría General de la República– encabezadas por la Secretaría de Gobernación (SG), para que cesen las detenciones ilegales contra migrantes que realizan, tanto autoridades civiles como militares, sin estar facultados para ello, responden más a una política de seguridad impuesta desde el exterior –“combate al terrorismo”– que de asuntos de orden interno o de seguridad nacional.
Las únicas instancias facultadas por ley para detener a personas y constatar su condición migratoria son el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP). Las detenciones ilegales realizadas por elementos no facultados, incluso policías municipales y agentes de seguridad privada, propician que se abra un espacio para que los migrantes sean objeto de otra clase de vejaciones, como abusos sexuales, principalmente en agravio de mujeres y niños; lesiones, robos y extorsiones, entre otras.
La detención de migrantes, hecha por elementos de seguridad privada, incurren en la comisión de varios delitos, por lo que el INM, al verse suplantado en sus funciones, debe hacer la denuncia ante la autoridad competente.
Aparte de que en México padecemos de una impunidad legalizada, ya que la Ley de Población considera a la migración indocumentada como un delito y a los migrantes como delincuentes, lo que reclama una nueva legislación, la CNDH coquetea con las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos al hacer un reconocimiento a la SG y al INM “por su disposición a trabajar conjuntamente con la CNDH en favor de los derechos de los migrantes”; también elogió que “la Sedena haya girado instrucciones a su personal para que se abstenga de realizar esas verificaciones migratorias ilegales, aunque algunos elementos continúan efectuándolas, pero ya es en mucho menor medida”. Tal parece que a dieciséis años de la existencia de la CNDH, ésta no se ha percatado cómo opera el aparato militar en México.
Otra noticia de militares que llena las primeras planas de los diarios, es el asunto de Oaxaca y el sitio del Palacio Legislativo de San Lázaro, que ahora no sólo violentan garantías individuales sino confrontan a los partidos políticos dentro del Congreso.
Roberto Garduño y Ciro Pérez describieron en La Jornada (22-XI-06, p. 9): “A pesar de las denuncias de los vecinos, los diputados debieron experimentar en carne propia los excesos de policías y militares para demandar el retiro o por lo menos la flexibilización de los múltiples retenes instalados alrededor del complejo legislativo”. Y el legislador Isidro Pedraza denunció ante la llamada máxima tribuna del país: “Ustedes deben saber que estas fuerzas, que están allá afuera, dan terror: están acusados de violación, son los mismos que violaron a las mujeres en Atenco, son los mismos que atropellaron los derechos de los campesinos en Oaxaca, y valdría la pena que los retirasen de este recinto”.
Si a vuelo de pájaro hacemos un recuento de las violaciones a los derechos humanos en lo que va de esta administración “democrática”, y los trabajos inútiles de la Fiscalía Especial Sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para esclarecer los crímenes del 68 y de la guerra sucia de los 70, nos queda claro que el problema de la impunidad hasta hoy intocado en México, está ligado directamente a los militares; es decir, al poder público, de cualquier índole o corriente política –de izquierda, centro o derecha–, ha protegido siempre al Ejército.
Así las cosas, sería criminal que la próxima administración deje sin investigación y sin castigo a los violadores de derechos humanos, que deje intocado a los poderes fácticos que amenazan a la seguridad nacional y sobre todo que deje impune la actuación histórica del Ejército, que si quiere transformarse en una institución de Estado, debe abocarse a la defensa exterior, ayudar a la población civil en casos de desastre, atender las convocatorias de Naciones Unidas en las misiones de paz, y lo más importante, subordinarse a la autoridad civil y ubicar al enemigo fuera de las fronteras y del espectro social.
Calderón: ¿Continuismo? ¿Solidarismo o qué?
Jesús Delgado Guerrero
jedeg@att.net.mx
“En el capitalismo impera la explotación del hombre por el hombre, mientras que en el socialismo ocurre lo contrario”, suele decirse en ciertas naciones europeas del Este.
Lo anterior es un chiste, pero sin duda con ello se resume una vieja disputa entre dos concepciones de políticas económicas, presuntamente antitéticas pero con un fondo común: estorban al desarrollo humano tanto en lo individual como en lo colectivo.
Póngaseles cualquier término teórico a esos dogmas aparentemente contrapuestos: economía social de mercado y economía socialista planificada. Capitalismo privado o estatal. Es igual.
Ya bajo regímenes democráticos de corte liberal o autoritarios, fascistas y comunistas, que para el caso es lo mismo, tales orientaciones políticas y económicas han dejado saldos suficientemente negativos como para que alguien se atreva a hacer apología.
Los fundamentalismos, sean éstos económicos, políticos, religiosos, etcétera, suelen rechazarse mutuamente. Sus partidarios se lanzan acusaciones recíprocas de todas las malas artes posibles, aunque finalmente convergen y se identifican. Sólo disfrazan las formas y maquillan las secuelas.
Por ello hay que convenir en que el modelo que se ha venido aplicando desde 1982 (concentrador del ingreso en unas cuantas manos, promotor de monopolios privados, oligopolios y, en suma, contrario a la esencia del verdadero liberalismo democrático) debe ser enviado al cesto de la historia, igual que éste envió al liberalismo estatalizador y sus herederos revolucionarios, igualmente depredador y corrupto.
Hoy ya no hay que preguntarse si es necesario o factible que alguno de los modelos citados se ejecute durante los próximos años, sino que se impone, primero, explorar nuevas vías y, segundo, aplicarlas fuera de espacios dogmáticos.
En el primer caso y tomando en cuenta la formación política de Felipe Calderón Hinojosa, presidente electo de México, está la oportunidad en el humanismo político, donde uno de sus pilares es lo que se denomina solidarismo, un punto entre el capitalismo deformado y el comunismo también desnaturalizado, donde los ejes de toda acción no son los mercados sino los seres humanos.
Ese concepto, traducido en lenguaje de a pie, es simplemente la reciprocidad individuo-sociedad, el apoyo mutuo, la corresponsabilidad, sin dejar de reconocer las diferencias naturales entre las personas e impulsándolas de manera vigorosa pues, como dice Bobbio, nadie es igual, inclusive ante la muerte.
¿Hasta dónde le permitirá su circunstancia al presidente electo llevar a cabo lo que bien conoce? Los monopolios van a ser su principal problema y un gran desafío, específicamente los entronizados en telecomunicaciones, antes lópezobradoristas, y los medios de información electrónicos, sin dejar a un lado cementeras, cerveceras y todo un fardo muy pesado conformado a lo largo de más de 24 años de fundamentalismos económicos.
Tal vez ayude definir la actitud que se asumirá ante la realidad, con todo y el escepticismo que pueda generar su gabinete económico, conformado por algunos representantes de la escuela de Chicago, como Agustín Carstens.
Esta actitud y tomando prestada la concepción filosófica del pensador Karl Jaspers, no podría ciertamente dejar de lado proyecciones de elección para hacer frente a diversos tipos de situaciones o problemas (el mundo se mueve rápidamente y no hay que quedarse paralizados), pero ya no quedan muchas sopas qué probar si en verdad se quiere “rebasar por la izquierda” y con ello no sólo quitar banderas a los naturales adversarios políticos, sino principalmente generar condiciones de vida mejores, más dignas.
La historia podría apoyar con un repaso de lo que el mismo Felipe Calderón denominó como la “extrema ambigua”, definiendo así la posición económica del PRI durante el período posrevolucionario, que un día fue socialista, otro capitalista, otro desarrollista, etcétera.
Más de la historia: en marzo de 1981 y tras recordar que Efraín González Luna había advertido respecto de que el PAN no “sería trinchera del capitalismo”, Luis Calderón Vega, padre de Felipe Calderón e historiador del blanquiazul mismo, renunció al partido de sus amores por desacuerdos con el CEN.
Luego, en marzo de 1984, profundizó discrepancias diciendo a la revista Proceso: “El PAN era un partido de clases, no de clase. Ahora se pretende convertirlo en un partido de una sola clase: la empresarial. Allí quieren llevarlo. Se han colado los empresarios a través de Pablo Emilio Madero, Fernando Canales Clariond, Carlos Anaya, los representantes del Grupo Monterrey y conexos en Chihuahua y Sonora”.
A partir del 1 de diciembre se sabrá la actitud de un gobierno frente a la realidad ineludible, y si la historia puede pesar lo suficiente en las convicciones.
Chiquibancos entran al festín
Feliciano Hernández
felicianohg@yahoo.com.mx
La aparición de nuevos chiquibancos está lejos de llegar a ser una respuesta de las autoridades a las quejas de los usuarios de servicios financieros. Se trata más bien de la entrada de nuevos y hambrientos comensales al festín que significa el mercado mexicano, en el que las entidades existentes han acumulado fortunas incalculables sólo por el cobro de altas comisiones por manejo de cuentas y tarjetas de crédito al consumo, sin dar un peso a cambio por usufructuar los ahorros de los mexicanos ni canalizar mayores recursos al financiamiento industrial. Los banqueros nacionales e internacionales ya aprendieron que en México hoy pueden hacer y deshacer a su antojo y sobre todo que llegado el caso el gobierno está para rescatarlos de sus errores. ¿Quién habla hoy del megafraude bancario a través del denominado Fobaproa-IPAB, cometido en el sexenio de Ernesto Zedillo?
Con una regulación hecha para protegerlos, por ejemplo el famoso secreto bancario, y con organismos de supervisión que están de ornato, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los voraces capitalistas del país y del extranjero, encontraron en México el paraíso de las finanzas. Ésa y no otra fue la motivación que dio origen a los cinco nuevos chiquibancos autorizados por Hacienda este 15 de noviembre: Banco Wal-Mart de México Adelante, Prudential Bank, Bancoppel, Banco Fácil y Comercial del Noreste.
Hay que recordar que meses antes el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, había autorizado otros ocho bancos, que suman 13 en este año 2006. Estos son Banco Autofin, UBS Bank México, Barclays Bank México, Banco Compartamos, Banco Monex, Banco Multiva, Banco Ahorro Famsa y Banco Regional.
Caso excepcional de este cuestionado funcionario, Gil Díaz, que sigue el mal ejemplo de su maestro y doctor en estrategias fallidas, Pedro Aspe Armella, extitular de Hacienda en el sexenio de Salinas, que también autorizó muchos chiquibancos. Al final todos fueron rescatados con dinero público, en el funesto gobierno de Zedillo.
Los banqueros ya demostraron que son el verdadero poder en México y que están dispuestos a seguir saqueando los bolsillos de los nacionales con el cobro de altas comisiones e intereses. Se han dado el lujo de ignorar olímpicamente a las más altas autoridades, como es el caso del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, quien les ha reprochado en más de una ocasión y con términos directos, los fuertes castigos que imponen a los clientes mexicanos por retrasos en los pagos y por otros “servicios”. El mismo trato le ha tocado al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Levín Coppel, quien prácticamente pasa desapercibido para los banqueros; ya esa institución quedó convertida en oficialía de partes y archivo estadístico de quejas.
Mientras tanto los banqueros libran sus batallas por quedarse con la mayor parte del pastel. Ante el jugoso negocio que les ha significado el dinero plástico ahora están empeñados en colocar sus tarjetas como moneda de uso corriente otorgándolas a diestra y siniestra. Con publicidad engañosa, con falsas promesas (¡Gana de boletazo!) y con una larga lista de supuestos “beneficios” bombardean cotidianamente a los potenciales usuarios. Hay hechos que deberían investigar las autoridades competentes. Los banqueros están ofreciendo varias tarjetas de una sola institución a un solo poseedor y con el mismo nivel de ingresos por el cual le fue asignado un límite de crédito. Ojo: límite de crédito. Es el caso de un usuario al que le fue otorgada la tarjeta azul con nueve mil pesos y al poco tiempo le ofrecen la denominada oro, con 14 mil pesos, pero al cabo de unos meses el cliente decide cancelar esta última y lo que le ofrecen es sumarle el crédito a la azul, con lo cual el cliente acumula 23 mil pesos de crédito, muy por arriba de lo que alcanzaría con su nivel inicial de ingresos. Pero eso no es todo. A los pocos días recibe más llamadas y le proponen aceptar otras tarjetas. Una de estas denominada la congelada, que fija un pago por el interés y el capital en plazos preestablecidos.
¿Cómo pueden los banqueros llegar a tanto? ¿Quién vigila entonces? ¿Quién va a terminar pagando todas esas deudas que en cualquier momento serán impagables? ¿Otro rescate del gobierno con dinero del pueblo? ¿Así de fácil todo? ¿Ya cualquiera puede tener su propio banco? ¿Es conveniente para el mercado mexicano que haya muchos más bancos? ¿Esto significa más competencia y baja de intereses y comisiones? No ha sido así. ¿Hoy se repite una fórmula fracasada?
Éste es uno de los retos mayores que tiene enfrente el nuevo gobierno: someter a los grupos financieros, hacerles entender que por sobre sus intereses están los de la mayoría. A ellos, a todos esos que tanto hablan del respeto a las instituciones, a todos aquellos que no ven ni oyen las demandas populares, el nuevo gobierno tendrá que hacerles ver que también para ellos existe una ley. Lo hace o no llegará lejos.
Feliciano Hernández
felicianohg@yahoo.com.mx
La aparición de nuevos chiquibancos está lejos de llegar a ser una respuesta de las autoridades a las quejas de los usuarios de servicios financieros. Se trata más bien de la entrada de nuevos y hambrientos comensales al festín que significa el mercado mexicano, en el que las entidades existentes han acumulado fortunas incalculables sólo por el cobro de altas comisiones por manejo de cuentas y tarjetas de crédito al consumo, sin dar un peso a cambio por usufructuar los ahorros de los mexicanos ni canalizar mayores recursos al financiamiento industrial. Los banqueros nacionales e internacionales ya aprendieron que en México hoy pueden hacer y deshacer a su antojo y sobre todo que llegado el caso el gobierno está para rescatarlos de sus errores. ¿Quién habla hoy del megafraude bancario a través del denominado Fobaproa-IPAB, cometido en el sexenio de Ernesto Zedillo?
Con una regulación hecha para protegerlos, por ejemplo el famoso secreto bancario, y con organismos de supervisión que están de ornato, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los voraces capitalistas del país y del extranjero, encontraron en México el paraíso de las finanzas. Ésa y no otra fue la motivación que dio origen a los cinco nuevos chiquibancos autorizados por Hacienda este 15 de noviembre: Banco Wal-Mart de México Adelante, Prudential Bank, Bancoppel, Banco Fácil y Comercial del Noreste.
Hay que recordar que meses antes el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, había autorizado otros ocho bancos, que suman 13 en este año 2006. Estos son Banco Autofin, UBS Bank México, Barclays Bank México, Banco Compartamos, Banco Monex, Banco Multiva, Banco Ahorro Famsa y Banco Regional.
Caso excepcional de este cuestionado funcionario, Gil Díaz, que sigue el mal ejemplo de su maestro y doctor en estrategias fallidas, Pedro Aspe Armella, extitular de Hacienda en el sexenio de Salinas, que también autorizó muchos chiquibancos. Al final todos fueron rescatados con dinero público, en el funesto gobierno de Zedillo.
Los banqueros ya demostraron que son el verdadero poder en México y que están dispuestos a seguir saqueando los bolsillos de los nacionales con el cobro de altas comisiones e intereses. Se han dado el lujo de ignorar olímpicamente a las más altas autoridades, como es el caso del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, quien les ha reprochado en más de una ocasión y con términos directos, los fuertes castigos que imponen a los clientes mexicanos por retrasos en los pagos y por otros “servicios”. El mismo trato le ha tocado al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Levín Coppel, quien prácticamente pasa desapercibido para los banqueros; ya esa institución quedó convertida en oficialía de partes y archivo estadístico de quejas.
Mientras tanto los banqueros libran sus batallas por quedarse con la mayor parte del pastel. Ante el jugoso negocio que les ha significado el dinero plástico ahora están empeñados en colocar sus tarjetas como moneda de uso corriente otorgándolas a diestra y siniestra. Con publicidad engañosa, con falsas promesas (¡Gana de boletazo!) y con una larga lista de supuestos “beneficios” bombardean cotidianamente a los potenciales usuarios. Hay hechos que deberían investigar las autoridades competentes. Los banqueros están ofreciendo varias tarjetas de una sola institución a un solo poseedor y con el mismo nivel de ingresos por el cual le fue asignado un límite de crédito. Ojo: límite de crédito. Es el caso de un usuario al que le fue otorgada la tarjeta azul con nueve mil pesos y al poco tiempo le ofrecen la denominada oro, con 14 mil pesos, pero al cabo de unos meses el cliente decide cancelar esta última y lo que le ofrecen es sumarle el crédito a la azul, con lo cual el cliente acumula 23 mil pesos de crédito, muy por arriba de lo que alcanzaría con su nivel inicial de ingresos. Pero eso no es todo. A los pocos días recibe más llamadas y le proponen aceptar otras tarjetas. Una de estas denominada la congelada, que fija un pago por el interés y el capital en plazos preestablecidos.
¿Cómo pueden los banqueros llegar a tanto? ¿Quién vigila entonces? ¿Quién va a terminar pagando todas esas deudas que en cualquier momento serán impagables? ¿Otro rescate del gobierno con dinero del pueblo? ¿Así de fácil todo? ¿Ya cualquiera puede tener su propio banco? ¿Es conveniente para el mercado mexicano que haya muchos más bancos? ¿Esto significa más competencia y baja de intereses y comisiones? No ha sido así. ¿Hoy se repite una fórmula fracasada?
Éste es uno de los retos mayores que tiene enfrente el nuevo gobierno: someter a los grupos financieros, hacerles entender que por sobre sus intereses están los de la mayoría. A ellos, a todos esos que tanto hablan del respeto a las instituciones, a todos aquellos que no ven ni oyen las demandas populares, el nuevo gobierno tendrá que hacerles ver que también para ellos existe una ley. Lo hace o no llegará lejos.
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