Comité 68
Pro Libertades Democráticas
México, D. F., a 9 de enero de 2007.
Estimados compañeros:
Tal y como lo anunciamos el día de ayer, hoy nos presentamos a las 12:00 horas en la Procuraduría General de la República para presentar el documento que dirigimos a Eduardo Medina Mora en el cual expresamos nuestra inconformidad con el acuerdo A/317/06. A esta reunión acudió José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales quien ofreció una respuesta de carácter administrativo a nuestras demandas.
Cabe mencionar que este documento también lo suscribieron Daniel Cazés Menache, Salvador Martínez Della Rocca, Joel Ortega Juárez, Vicente Estrada Vega y Abner López Pérez, miembros del Comité Ciudadano de apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Los compromisos adquiridos fueron los siguientes:
a) La PGR promoverá a la brevedad una reunión para dar a conocer los “cambios administrativos”.
b) El Comité Ciudadano y el Comité 68 anunciamos que buscaremos las definiciones y posiciones políticas de las instancias involucradas tales como la SCJN, SEGOB, CNDH, Presidencia de la República, etc.
Estaremos atentos a este asunto y los mantendremos oportunamente informados.
Atentamente,
Raúl Álvarez Garín
Félix Hernández Gamundi
Teléfonos: 5264-5297, 5264-5303 y Fax. 5574-3752
Carta a Medina Mora_09_enero_07
Comité 68
Pro Libertades Democráticas
México, D.F., a 9 de enero de 2007.
Lic. Eduardo Medina Mora
Procurador General de la República
El propósito de la presente comunicación es requerir informaciones precisas de diversas medidas que se han estado filtrando o anunciando en los medios de prensa respecto a cambios administrativos en las dependencias de la PGR y que eventualmente causaría un grave daño a los procesos en curso y a la credibilidad sobre la voluntad política del gobierno mexicano de establecer normas de equidad democráticas modernas y para garantizar, en el futuro condiciones de respeto a los derechos y garantías individuales de todos sus habitantes por la vía de castigar a los ex funcionarios responsables de violaciones y abusos a la ley en detrimento de la población.
Por otro lado, deseamos formalizar nuestras inconformidades y observaciones respecto al fondo y las implicaciones de las mismas según han sido reseñadas por los medios.
El asunto está centrado en las disposiciones contenidas en el Acuerdo A/317/2006 emitido por el ex Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca el día 30 de noviembre del 2006, exactamente, durante el último día de su gestión. Este acuerdo, que no ha sido difundido oficialmente y del que sólo se conocen partes del mismo según las diversas versiones periodísticas, tampoco ha sido publicado en los medios oficiales de comunicación, ni en las versiones electrónicas.
La medida más notable anunciada es la desaparición de la FEMOSPP y el desmantelamiento de sus recursos, congelando fondos de operación, y asignando su personal a otras diversas dependencias de la propia PRG. De éstas nuevas situaciones o propósitos políticos o administrativos, ni la opinión pública, ni nosotros como directamente interesados en el curso de los juicios penales promovidos por la FEMOSPP en contra de diversos ex funcionarios presuntamente responsables de crímenes de extrema gravedad, hemos tenido oficialmente la más mínima información.
En todo caso resalta el hecho irregular de que, una instancia como la FEMOSPP creada a partir de un acuerdo presidencial suscrito y refrendado por cuatro secretarios de Estado, sea realmente desacatado y revertido por un acuerdo administrativo emitido y suscrito por una instancia de menor jerarquía y que además el hecho se produzca exactamente el último día de funciones del titular responsable, lo que más allá de la irregularidad administrativa misma, tiene que ver con la clara corresponsabilidad en estos asuntos de diversas secretarías de Estado, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la medida en que se trata de problemas de Estado, (y de que estas diversas instituciones se han visto involucradas de una manera o de otra en estos asuntos). Además de la unilateralidad del hecho, destaca la práctica reprobable y desprestigiada de golpear por sorpresa y en el último momento, reveladora de la conciencia culpígena y de la disposición artera de perjudicar a sabiendas de la ilegalidad del acuerdo de referencia.
Según los pocos datos que se conocen parece ser que con esas disposiciones existe una situación de parálisis funcional en los casos en proceso pues formalmente el fiscal Ignacio Carrillo Prieto habría dejado de serlo, aunque tampoco se conoce ni se ha dicho quién habría de sustituirlo para la vital tarea de dar seguimiento a los procesos en curso. Esta situación que llevaría más de un mes de haberse configurado ya ha establecido una condición de desigualdad notoria que nos puede perjudicar gravemente, puesto que formalmente no tendríamos medios para actuar en las diligencias en curso, pero en cambio por ejemplo, sí están en curso los tiempos de actuación en los procesos abiertos. Esta situación puede ejemplificarse con los incidentes y controversias respecto a la llevada a efecto de la ficha signaléctica del ex presidente Luis Echeverría y más grave todavía respecto a las próximas actuaciones de ratificación de denuncias, ofrecimientos de pruebas y otros acontecimientos procesales, algunos de los cuales tienen tiempos precisos de realización.
Desde luego le estamos comunicando nuestra decisión de interponer todos los recursos a nuestro alcance para oponernos a las medidas que consideramos perjudiciales a nuestros intereses, empezando por un llamado directo a usted como nuevo titular de la PGR para reconsiderar a fondo estos asuntos, dejando sin efecto y revirtiendo las medidas que se puedan haber tomado de manera incorrecta o poco clara, y haciéndole un llamado también a considerar que dado el carácter político del caso, cualquier medida que devenga en retrasos y obstrucción de la justicia será interpretada por nosotros como evidencias de denegación sistemática de justicia y acciones de encubrimiento para proteger a funcionarios del pasado régimen y de complicidades con los acusados principales derivadas de recientes vinculaciones de intereses económicos y políticos entre antiguos y recientes grupos de poder y funcionarios y ex funcionarios relacionados y con conflictos de intereses en estos asuntos, de los cuales hemos hecho referencias públicas en diversas ocasiones.
Por último, creemos conveniente recordar que en la segunda mitad del próximo mes de febrero, México recibirá la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viene precisamente a conocer la realidad de la disposición del Estado mexicano para atender los casos de violaciones graves a los derechos humanos, en una valoración integral de las diversas instancias estatales involucradas. Estaremos atentos a este proceso.
Atentamente
Por el Comité 68, Pro Libertades Democráticas
Raúl Álvarez Garín Félix Hernández Gamundi
Miembros del Comité Ciudadano de apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
Salvador Martínez Della Rocca Daniel Cazes Menache
Joel Ortega Juárez Vicente Estrada Vega
Abner López Pérez
Pro Libertades Democráticas
México, D. F., a 9 de enero de 2007.
Estimados compañeros:
Tal y como lo anunciamos el día de ayer, hoy nos presentamos a las 12:00 horas en la Procuraduría General de la República para presentar el documento que dirigimos a Eduardo Medina Mora en el cual expresamos nuestra inconformidad con el acuerdo A/317/06. A esta reunión acudió José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales quien ofreció una respuesta de carácter administrativo a nuestras demandas.
Cabe mencionar que este documento también lo suscribieron Daniel Cazés Menache, Salvador Martínez Della Rocca, Joel Ortega Juárez, Vicente Estrada Vega y Abner López Pérez, miembros del Comité Ciudadano de apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Los compromisos adquiridos fueron los siguientes:
a) La PGR promoverá a la brevedad una reunión para dar a conocer los “cambios administrativos”.
b) El Comité Ciudadano y el Comité 68 anunciamos que buscaremos las definiciones y posiciones políticas de las instancias involucradas tales como la SCJN, SEGOB, CNDH, Presidencia de la República, etc.
Estaremos atentos a este asunto y los mantendremos oportunamente informados.
Atentamente,
Raúl Álvarez Garín
Félix Hernández Gamundi
Teléfonos: 5264-5297, 5264-5303 y Fax. 5574-3752
Carta a Medina Mora_09_enero_07
Comité 68
Pro Libertades Democráticas
México, D.F., a 9 de enero de 2007.
Lic. Eduardo Medina Mora
Procurador General de la República
El propósito de la presente comunicación es requerir informaciones precisas de diversas medidas que se han estado filtrando o anunciando en los medios de prensa respecto a cambios administrativos en las dependencias de la PGR y que eventualmente causaría un grave daño a los procesos en curso y a la credibilidad sobre la voluntad política del gobierno mexicano de establecer normas de equidad democráticas modernas y para garantizar, en el futuro condiciones de respeto a los derechos y garantías individuales de todos sus habitantes por la vía de castigar a los ex funcionarios responsables de violaciones y abusos a la ley en detrimento de la población.
Por otro lado, deseamos formalizar nuestras inconformidades y observaciones respecto al fondo y las implicaciones de las mismas según han sido reseñadas por los medios.
El asunto está centrado en las disposiciones contenidas en el Acuerdo A/317/2006 emitido por el ex Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca el día 30 de noviembre del 2006, exactamente, durante el último día de su gestión. Este acuerdo, que no ha sido difundido oficialmente y del que sólo se conocen partes del mismo según las diversas versiones periodísticas, tampoco ha sido publicado en los medios oficiales de comunicación, ni en las versiones electrónicas.
La medida más notable anunciada es la desaparición de la FEMOSPP y el desmantelamiento de sus recursos, congelando fondos de operación, y asignando su personal a otras diversas dependencias de la propia PRG. De éstas nuevas situaciones o propósitos políticos o administrativos, ni la opinión pública, ni nosotros como directamente interesados en el curso de los juicios penales promovidos por la FEMOSPP en contra de diversos ex funcionarios presuntamente responsables de crímenes de extrema gravedad, hemos tenido oficialmente la más mínima información.
En todo caso resalta el hecho irregular de que, una instancia como la FEMOSPP creada a partir de un acuerdo presidencial suscrito y refrendado por cuatro secretarios de Estado, sea realmente desacatado y revertido por un acuerdo administrativo emitido y suscrito por una instancia de menor jerarquía y que además el hecho se produzca exactamente el último día de funciones del titular responsable, lo que más allá de la irregularidad administrativa misma, tiene que ver con la clara corresponsabilidad en estos asuntos de diversas secretarías de Estado, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la medida en que se trata de problemas de Estado, (y de que estas diversas instituciones se han visto involucradas de una manera o de otra en estos asuntos). Además de la unilateralidad del hecho, destaca la práctica reprobable y desprestigiada de golpear por sorpresa y en el último momento, reveladora de la conciencia culpígena y de la disposición artera de perjudicar a sabiendas de la ilegalidad del acuerdo de referencia.
Según los pocos datos que se conocen parece ser que con esas disposiciones existe una situación de parálisis funcional en los casos en proceso pues formalmente el fiscal Ignacio Carrillo Prieto habría dejado de serlo, aunque tampoco se conoce ni se ha dicho quién habría de sustituirlo para la vital tarea de dar seguimiento a los procesos en curso. Esta situación que llevaría más de un mes de haberse configurado ya ha establecido una condición de desigualdad notoria que nos puede perjudicar gravemente, puesto que formalmente no tendríamos medios para actuar en las diligencias en curso, pero en cambio por ejemplo, sí están en curso los tiempos de actuación en los procesos abiertos. Esta situación puede ejemplificarse con los incidentes y controversias respecto a la llevada a efecto de la ficha signaléctica del ex presidente Luis Echeverría y más grave todavía respecto a las próximas actuaciones de ratificación de denuncias, ofrecimientos de pruebas y otros acontecimientos procesales, algunos de los cuales tienen tiempos precisos de realización.
Desde luego le estamos comunicando nuestra decisión de interponer todos los recursos a nuestro alcance para oponernos a las medidas que consideramos perjudiciales a nuestros intereses, empezando por un llamado directo a usted como nuevo titular de la PGR para reconsiderar a fondo estos asuntos, dejando sin efecto y revirtiendo las medidas que se puedan haber tomado de manera incorrecta o poco clara, y haciéndole un llamado también a considerar que dado el carácter político del caso, cualquier medida que devenga en retrasos y obstrucción de la justicia será interpretada por nosotros como evidencias de denegación sistemática de justicia y acciones de encubrimiento para proteger a funcionarios del pasado régimen y de complicidades con los acusados principales derivadas de recientes vinculaciones de intereses económicos y políticos entre antiguos y recientes grupos de poder y funcionarios y ex funcionarios relacionados y con conflictos de intereses en estos asuntos, de los cuales hemos hecho referencias públicas en diversas ocasiones.
Por último, creemos conveniente recordar que en la segunda mitad del próximo mes de febrero, México recibirá la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viene precisamente a conocer la realidad de la disposición del Estado mexicano para atender los casos de violaciones graves a los derechos humanos, en una valoración integral de las diversas instancias estatales involucradas. Estaremos atentos a este proceso.
Atentamente
Por el Comité 68, Pro Libertades Democráticas
Raúl Álvarez Garín Félix Hernández Gamundi
Miembros del Comité Ciudadano de apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
Salvador Martínez Della Rocca Daniel Cazes Menache
Joel Ortega Juárez Vicente Estrada Vega
Abner López Pérez
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