Por Manuel Mejido.
- Definitivamente las “instituciones” mexicanas, creadas por el PRI y perfeccionadas por el PAN, se han convertido en oficinas para arreglar los asuntos personales de la camarilla en el poder sexenal y la Procuraduría General de la República (PGR), en la Secretaría Presidencial de la Venganza.Dos hechos recientes así lo confirman.El miércoles 20 de septiembre, agentes del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, llegaron a la conferencia de prensa que ofrecían los abogados estadounidenses, Jeffrey Robert Anderson, Michael George Finnegan y David Gerard Clohess, quienes informaban a los medios de comunicación sobre la acusación de Joaquín Aguilar, presunta víctima de pederastía por parte del sacerdote Nicolás Aguilar.En esa acusación se vinculó como encubridor del prelado prófugo, al cardenal Norberto Rivera Carrera, sin que se haya probado el delito, ni la participación del máximo dirigente de la Iglesia Católica Mexicana en el encubrimiento. Los abogados lograron escapar con la ayuda de los asistentes, y regresar a su país.
De manera inmediata, porque “en México la justicia es pronta y expedita”, para los hombres del poder únicamente, a esos abogados estadounidenses se les prohibió ingresar en el país en los próximos cinco años. Es decir, cuando haya terminado ya el escándalo.Nadie duda que el cardenal Rivera Carrera sea inocente, pero los hombres del gobierno se extralimitaron en sus funciones, al pretender silenciar a los denunciantes para evitarle molestas a la Iglesia. Usaron todo el andamiaje del gobierno de la República, para amedrentar a los abogados estadounidenses.El segundo hecho en donde el gobierno foxista mal empleó a las “instituciones”, como oficinas de la venganza, fue en el caso del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, a quien la PGR empezó a investigar por el presunto delito de simulación y ocultación de pruebas, después de que el ombudsman dijera que la Policía Federal Preventiva (PFP), se había excedido en el uso de la fuerza en el desalojo de los floristas de San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de este año.La manipulación que hace el gobierno nacional de la PGR, es evidente, y escandalosa.El narcotraficante Jesús Zúñiga Velázquez, detenido por la PGR y sentenciado a cinco años de cárcel por delitos contra la salud, denunció, el 1 de marzo del año pasado, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos abusos durante su aprehensión de elementos de la Agencia Federal Investigadora (AFI) y dos agentes del Ministerio Público.De pronto, el narcotraficante se retractó de su denuncia en contra de la PGR y solicitó a la CNDH (Soberanes Fernández), retirar la investigación que se hacía sobre ese presunto abuso por parte de la AFI.Posteriormente el narco Zúñiga Velázquez, presentó una denuncia ante la PGR, porque el 9 de febrero pasado, observadores de la CNDH acudieron al Penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde está recluido, para presuntamente obligarlo a no retractarse, firmar una carta solicitando la continuidad del caso, y video grabarlo como prueba de su consentimiento, para que prosiguieran las investigaciones de Derechos Humanos. La PGR, con “justicia pronta y expedita” abrió una averiguación en contra de Soberanes, y los observadores involucrados, Gustavo Medel Lezama y Simón Soto Correa.El mismo vocero presidencial Rubén Aguilar, que es el menos indicado para hacerlo, dijo que “Soberanes hace declaraciones de carácter político muy ajenas a la labor de un ombudsman”.¿Y no es una intromisión política mayor, inclusive que viola la Constitución, el hecho de que el cardenal Rivera Carrera, antes que el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), haya pedido el reconocimiento de Felipe Calderón como Presidente Electo?En este caso no hubo “justicia pronta y expedita”.En menos de dos años los hijos del primer matrimonio de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, fueron exonerados de los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero, del que fueron acusados por la comisión especial creada en la Cámara de Diputados, durante la pasada legislatura. Marta defendió, como lo hace una buena madre, a sus hijos con todos los medios a su alcance y los dejó fuera de muchos problemas muy graves, y de un mundo de sospechas.Otro caso similar fue la ratificación, el lunes pasado, del fallo a favor de Marta en contra de la argentina Olga Wornat y la revista Proceso, por haber difundido la carta con la que la esposa del Presidente Fox, logró agilizar su divorcio religioso en El Vaticano.Ni al nefasto Enrique VIII Rey de Inglaterra, se le permitió divorciarse de su primera esposa Catalina de Aragón. La negativa de El Vaticano, para violar las sagradas normas de matrimonios para toda la vida, costó al mundo una gran escisión en la Iglesia Católica y el nacimiento del Anglicanismo.En estos casos también la ley fue “pronta y expedita”, para proteger a los hombres (y mujeres) del poder.Las “instituciones”, deben refundarse para que cumplan con las obligaciones para las cuales fueron creadas y dejen de ser oficinas protectoras de los intereses de los hombres del poder y las venganzas del presidente en turno.
mejido@elsoldemexico.com.mx 19/10/2006
De manera inmediata, porque “en México la justicia es pronta y expedita”, para los hombres del poder únicamente, a esos abogados estadounidenses se les prohibió ingresar en el país en los próximos cinco años. Es decir, cuando haya terminado ya el escándalo.Nadie duda que el cardenal Rivera Carrera sea inocente, pero los hombres del gobierno se extralimitaron en sus funciones, al pretender silenciar a los denunciantes para evitarle molestas a la Iglesia. Usaron todo el andamiaje del gobierno de la República, para amedrentar a los abogados estadounidenses.El segundo hecho en donde el gobierno foxista mal empleó a las “instituciones”, como oficinas de la venganza, fue en el caso del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, a quien la PGR empezó a investigar por el presunto delito de simulación y ocultación de pruebas, después de que el ombudsman dijera que la Policía Federal Preventiva (PFP), se había excedido en el uso de la fuerza en el desalojo de los floristas de San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de este año.La manipulación que hace el gobierno nacional de la PGR, es evidente, y escandalosa.El narcotraficante Jesús Zúñiga Velázquez, detenido por la PGR y sentenciado a cinco años de cárcel por delitos contra la salud, denunció, el 1 de marzo del año pasado, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos abusos durante su aprehensión de elementos de la Agencia Federal Investigadora (AFI) y dos agentes del Ministerio Público.De pronto, el narcotraficante se retractó de su denuncia en contra de la PGR y solicitó a la CNDH (Soberanes Fernández), retirar la investigación que se hacía sobre ese presunto abuso por parte de la AFI.Posteriormente el narco Zúñiga Velázquez, presentó una denuncia ante la PGR, porque el 9 de febrero pasado, observadores de la CNDH acudieron al Penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde está recluido, para presuntamente obligarlo a no retractarse, firmar una carta solicitando la continuidad del caso, y video grabarlo como prueba de su consentimiento, para que prosiguieran las investigaciones de Derechos Humanos. La PGR, con “justicia pronta y expedita” abrió una averiguación en contra de Soberanes, y los observadores involucrados, Gustavo Medel Lezama y Simón Soto Correa.El mismo vocero presidencial Rubén Aguilar, que es el menos indicado para hacerlo, dijo que “Soberanes hace declaraciones de carácter político muy ajenas a la labor de un ombudsman”.¿Y no es una intromisión política mayor, inclusive que viola la Constitución, el hecho de que el cardenal Rivera Carrera, antes que el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), haya pedido el reconocimiento de Felipe Calderón como Presidente Electo?En este caso no hubo “justicia pronta y expedita”.En menos de dos años los hijos del primer matrimonio de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, fueron exonerados de los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero, del que fueron acusados por la comisión especial creada en la Cámara de Diputados, durante la pasada legislatura. Marta defendió, como lo hace una buena madre, a sus hijos con todos los medios a su alcance y los dejó fuera de muchos problemas muy graves, y de un mundo de sospechas.Otro caso similar fue la ratificación, el lunes pasado, del fallo a favor de Marta en contra de la argentina Olga Wornat y la revista Proceso, por haber difundido la carta con la que la esposa del Presidente Fox, logró agilizar su divorcio religioso en El Vaticano.Ni al nefasto Enrique VIII Rey de Inglaterra, se le permitió divorciarse de su primera esposa Catalina de Aragón. La negativa de El Vaticano, para violar las sagradas normas de matrimonios para toda la vida, costó al mundo una gran escisión en la Iglesia Católica y el nacimiento del Anglicanismo.En estos casos también la ley fue “pronta y expedita”, para proteger a los hombres (y mujeres) del poder.Las “instituciones”, deben refundarse para que cumplan con las obligaciones para las cuales fueron creadas y dejen de ser oficinas protectoras de los intereses de los hombres del poder y las venganzas del presidente en turno.
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