Enviado de Forumenlinea
Tania Damián
t.damian@prende.org.mx
* En 55 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres * En 90 por ciento de las situaciones hay elementos para proceder judicialmente; sin embargo, la mayoría de las veces las víctimas no quieren * Casi 95 por ciento de los ilícitos cometidos en el país es desconocido por falta de denuncia: ICESI
Puebla, Puebla.— Ante la ley todos son iguales; sin embargo, resulta muy difícil castigar a los sacerdotes por la comisión de un delito, en un país mayoritariamente católico. Y es que si 95 por ciento de los ilícitos perpetrados es desconocido por el Ministerio Público, porque no produce denuncia –según la tercera encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI)–, pues este indicador llega a niveles de casi imposible cuando el criminal es ministro de culto.
Según el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano de México (ICM), casi 30 por ciento de los 14 mil sacerdotes que hay en México comete algún tipo de abuso sexual con su feligresía. En más de la mitad (55 por ciento) de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres.
Jorge Erdely, director académico del ICM, dijo que en esta cifra están incluidos los fieles que no denuncian por temor o vergüenza. “El problema es que la mayoría de casos se quedan en la impunidad, sea por los privilegios del clero o porque la gente no se atreve a denunciarlos”.
En Puebla, los porcentajes no pueden ser distintos, ya que es una situación que existe por la misma dinámica de represión y aislamiento sicológico impuestos por la iglesia a sus ministros.
De acuerdo con Jorge Erdely, en 90 por ciento de los casos de abuso sexual hay elementos para proceder judicialmente; sin embargo, la mayoría de las veces, las víctimas no quieren. “Sé que es difícil, pero esto debe de cambiar para obligar a la Iglesia a ser ética y transparente”.
Apoyo a víctimas
Por su parte, Aidé García Hernández, coordinadora de Políticas Públicas de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), consideró que deben ser sancionados los sacerdotes que incurran en abuso sexual “porque la justicia tiene que estar de lado de las víctimas”.
En entrevista solicitó al poder eclesiástico su cooperación para el esclarecimiento de este tipo de casos; además de dejar de ocultar a los sacerdotes que incurran en abuso sexual.
“Lo que debe de hacer la Iglesia es retirar a sus ministros que incurran en abuso sexual o en otro tipo de delitos como extorsión, fraude e intromisión política, además de ayudar a que sean procesados penalmente”.
No obstante, reclamó la negligencia en el caso del padre Nicolás Aguilar Rivera, pues el actual cardenal Norberto Rivera Carrera, antes obispo de Tehuacán, Puebla, sabía de los abusos sexuales que cometió en la localidad San Sebastián Cuacnopalan, Tehuacán, y lo único que hizo (con el conocimiento del arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco) fue aceptar su cambio a Los Ángeles, California, Estados Unidos.
“La Iglesia debe de modificar su actuar por el daño que se ocasiona, además de que de no ser así, las consecuencias serán para la misma institución, pues cada vez más personas se alejarán de la religión católica”.
Asimismo, García Hernández recriminó la actitud de la Iglesia de desconocer a las víctimas, descalificando y asegurando que lo hacen por dinero. “Las víctimas no quieren dinero, quieren que ya no existan este tipo de abusos”.
Por último dijo que los tribunales católicos, en donde se dirimen ese tipo de casos, no son transparentes y en lugar de que apliquen justicia, funcionan como instrumentos para encubrir conductas delictivas “en nombre de la buena imagen de la Iglesia”.
Error de la Iglesia
Sobre el particular, Fernando Fernández Font, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, consideró un error de Rivera Carrera dejar que Nicolás Aguilar siguiera en el sacerdocio, cuando presuntamente cometía abuso sexual “por el daño que se le genera a las víctimas”.
Aunque también reconoció que para la Iglesia era difícil tomar esta decisión, por dos cosas: su imagen y su postura de perdonar, tratando de ayudar, en lugar de señalar.
Pero, ¿si las acciones son graves, como el caso de abuso sexual?
—En esos casos sí, sobre todo si se sabe que existe reincidencia por el grave daño que se ocasiona.
Fernández Font dijo que el actual cardenal, en lugar de cambiar al padre Nicolás de templo, debió haberle prohibido continuar en el ejercicio sacerdotal. Aunque el sacerdote jesuita reconoció la existencia de casos de abuso de poder y sexual de parte de jerarcas eclesiásticos “a quienes les falta vocación”, también pidió a la gente evitar la hipocresía al exigir a otros lo que no están dispuestas a dar.
“Lo que he dicho no es una ofensa para nadie. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Es cierto que del sacerdote se espera más por su supuesta solvencia moral que debe tener; pero te quiero decir que la mitad de los delitos relacionados al abuso sexual los cometen los mismos familiares de la víctima”.
Para él, significa un error grave la acción de encubrimiento de la jerarquía eclesiástica a sacerdotes que lleguen a abusar de su poder, porque “al fin y al cabo a quien le va mal es a la misma Iglesia porque las personas ya no son como antes”. Por último, instó al Vaticano a ser más receptivo y leal con sus fieles y a estar más alertas con su religión.
Sin consideraciones
Según la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, no hay consideraciones o trato preferencial hacia los ministros de la religión, en caso de que cometan actos delictivos.
“Lo que se sanciona, por ejemplo, es la minoría de edad en el caso de la corrupción de menores, pero lo mismo da que sea sacerdote, maestro, plomero, médico o arquitecto”.
Por otro lado, la funcionaria dijo desconocer casos de denuncias en la PGJE contra sacerdotes por delitos relacionados a abuso sexual aparte de las promovidas contra los curas Rafael Sánchez Pérez y Nicolás Aguilar Rivera.
No obstante, fuentes consultadas en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la PGJE, revelaron que en la dependencia se promueven por los menos dos por año. “Pero generalmente no se le da seguimiento judicial, parece que por temor o porque se llega a un acuerdo antes entre el acusador y el acusado”.
En entrevista, Villeda Martínez explicó que la Procuraduría sólo espera las denuncias para iniciar las averiguaciones previas, “porque si no existen denuncias cómo quieren que se inicien las investigaciones”.
Argumentó que por la falta de denuncias se han procesado judicialmente a muy pocos sacerdotes; por lo que instó a las personas a realizar sus acusaciones. “Sólo es cosa de que las víctimas se decidan”, aseguró, aunque, sin considerar la dificultad intrínseca de denunciar un delito sexual y de que el implicado sea un ministro religioso.
Respecto a la localización del presbítero Nicolás Aguilar, explicó que no ha sido detenido porque falta denuncia, investigación y por tanto, orden de aprehensión en Puebla. “Si existe una investigación penal en su contra en Estados Unidos, entonces se trabaja directamente con la PGR y nosotros sólo actuamos en colaboración”.
Cuestionada ante la presunta negligencia del Ministerio Público de Tehuacán en 1997, cuando probablemente el sacerdote Nicolás Aguilar cometió abusos sexuales, dijo que ella “sólo puede responder sobre lo que pasa durante su periodo”.
Por último, ¿cómo cree que se pueda revertir esta realidad de abusos sexuales?
—Lo único que se puede hacer es trabajar en la prevención como lo hemos hecho en la Procuraduría con la presentación en las escuelas de la obra de teatro Los ositos valientes, con el fin de que los niños aprendan a cuidarse y a denunciar.
Tania Damián
t.damian@prende.org.mx
* En 55 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres * En 90 por ciento de las situaciones hay elementos para proceder judicialmente; sin embargo, la mayoría de las veces las víctimas no quieren * Casi 95 por ciento de los ilícitos cometidos en el país es desconocido por falta de denuncia: ICESI
Puebla, Puebla.— Ante la ley todos son iguales; sin embargo, resulta muy difícil castigar a los sacerdotes por la comisión de un delito, en un país mayoritariamente católico. Y es que si 95 por ciento de los ilícitos perpetrados es desconocido por el Ministerio Público, porque no produce denuncia –según la tercera encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI)–, pues este indicador llega a niveles de casi imposible cuando el criminal es ministro de culto.
Según el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano de México (ICM), casi 30 por ciento de los 14 mil sacerdotes que hay en México comete algún tipo de abuso sexual con su feligresía. En más de la mitad (55 por ciento) de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres.
Jorge Erdely, director académico del ICM, dijo que en esta cifra están incluidos los fieles que no denuncian por temor o vergüenza. “El problema es que la mayoría de casos se quedan en la impunidad, sea por los privilegios del clero o porque la gente no se atreve a denunciarlos”.
En Puebla, los porcentajes no pueden ser distintos, ya que es una situación que existe por la misma dinámica de represión y aislamiento sicológico impuestos por la iglesia a sus ministros.
De acuerdo con Jorge Erdely, en 90 por ciento de los casos de abuso sexual hay elementos para proceder judicialmente; sin embargo, la mayoría de las veces, las víctimas no quieren. “Sé que es difícil, pero esto debe de cambiar para obligar a la Iglesia a ser ética y transparente”.
Apoyo a víctimas
Por su parte, Aidé García Hernández, coordinadora de Políticas Públicas de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), consideró que deben ser sancionados los sacerdotes que incurran en abuso sexual “porque la justicia tiene que estar de lado de las víctimas”.
En entrevista solicitó al poder eclesiástico su cooperación para el esclarecimiento de este tipo de casos; además de dejar de ocultar a los sacerdotes que incurran en abuso sexual.
“Lo que debe de hacer la Iglesia es retirar a sus ministros que incurran en abuso sexual o en otro tipo de delitos como extorsión, fraude e intromisión política, además de ayudar a que sean procesados penalmente”.
No obstante, reclamó la negligencia en el caso del padre Nicolás Aguilar Rivera, pues el actual cardenal Norberto Rivera Carrera, antes obispo de Tehuacán, Puebla, sabía de los abusos sexuales que cometió en la localidad San Sebastián Cuacnopalan, Tehuacán, y lo único que hizo (con el conocimiento del arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco) fue aceptar su cambio a Los Ángeles, California, Estados Unidos.
“La Iglesia debe de modificar su actuar por el daño que se ocasiona, además de que de no ser así, las consecuencias serán para la misma institución, pues cada vez más personas se alejarán de la religión católica”.
Asimismo, García Hernández recriminó la actitud de la Iglesia de desconocer a las víctimas, descalificando y asegurando que lo hacen por dinero. “Las víctimas no quieren dinero, quieren que ya no existan este tipo de abusos”.
Por último dijo que los tribunales católicos, en donde se dirimen ese tipo de casos, no son transparentes y en lugar de que apliquen justicia, funcionan como instrumentos para encubrir conductas delictivas “en nombre de la buena imagen de la Iglesia”.
Error de la Iglesia
Sobre el particular, Fernando Fernández Font, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, consideró un error de Rivera Carrera dejar que Nicolás Aguilar siguiera en el sacerdocio, cuando presuntamente cometía abuso sexual “por el daño que se le genera a las víctimas”.
Aunque también reconoció que para la Iglesia era difícil tomar esta decisión, por dos cosas: su imagen y su postura de perdonar, tratando de ayudar, en lugar de señalar.
Pero, ¿si las acciones son graves, como el caso de abuso sexual?
—En esos casos sí, sobre todo si se sabe que existe reincidencia por el grave daño que se ocasiona.
Fernández Font dijo que el actual cardenal, en lugar de cambiar al padre Nicolás de templo, debió haberle prohibido continuar en el ejercicio sacerdotal. Aunque el sacerdote jesuita reconoció la existencia de casos de abuso de poder y sexual de parte de jerarcas eclesiásticos “a quienes les falta vocación”, también pidió a la gente evitar la hipocresía al exigir a otros lo que no están dispuestas a dar.
“Lo que he dicho no es una ofensa para nadie. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Es cierto que del sacerdote se espera más por su supuesta solvencia moral que debe tener; pero te quiero decir que la mitad de los delitos relacionados al abuso sexual los cometen los mismos familiares de la víctima”.
Para él, significa un error grave la acción de encubrimiento de la jerarquía eclesiástica a sacerdotes que lleguen a abusar de su poder, porque “al fin y al cabo a quien le va mal es a la misma Iglesia porque las personas ya no son como antes”. Por último, instó al Vaticano a ser más receptivo y leal con sus fieles y a estar más alertas con su religión.
Sin consideraciones
Según la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, no hay consideraciones o trato preferencial hacia los ministros de la religión, en caso de que cometan actos delictivos.
“Lo que se sanciona, por ejemplo, es la minoría de edad en el caso de la corrupción de menores, pero lo mismo da que sea sacerdote, maestro, plomero, médico o arquitecto”.
Por otro lado, la funcionaria dijo desconocer casos de denuncias en la PGJE contra sacerdotes por delitos relacionados a abuso sexual aparte de las promovidas contra los curas Rafael Sánchez Pérez y Nicolás Aguilar Rivera.
No obstante, fuentes consultadas en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la PGJE, revelaron que en la dependencia se promueven por los menos dos por año. “Pero generalmente no se le da seguimiento judicial, parece que por temor o porque se llega a un acuerdo antes entre el acusador y el acusado”.
En entrevista, Villeda Martínez explicó que la Procuraduría sólo espera las denuncias para iniciar las averiguaciones previas, “porque si no existen denuncias cómo quieren que se inicien las investigaciones”.
Argumentó que por la falta de denuncias se han procesado judicialmente a muy pocos sacerdotes; por lo que instó a las personas a realizar sus acusaciones. “Sólo es cosa de que las víctimas se decidan”, aseguró, aunque, sin considerar la dificultad intrínseca de denunciar un delito sexual y de que el implicado sea un ministro religioso.
Respecto a la localización del presbítero Nicolás Aguilar, explicó que no ha sido detenido porque falta denuncia, investigación y por tanto, orden de aprehensión en Puebla. “Si existe una investigación penal en su contra en Estados Unidos, entonces se trabaja directamente con la PGR y nosotros sólo actuamos en colaboración”.
Cuestionada ante la presunta negligencia del Ministerio Público de Tehuacán en 1997, cuando probablemente el sacerdote Nicolás Aguilar cometió abusos sexuales, dijo que ella “sólo puede responder sobre lo que pasa durante su periodo”.
Por último, ¿cómo cree que se pueda revertir esta realidad de abusos sexuales?
—Lo único que se puede hacer es trabajar en la prevención como lo hemos hecho en la Procuraduría con la presentación en las escuelas de la obra de teatro Los ositos valientes, con el fin de que los niños aprendan a cuidarse y a denunciar.
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