El esquema del actual gobierno plantea devaluar la asistencia para los más pobres
Subrogar la atención médica impedirá construir nuevas clínicas, advierte
La privatización de los servicios médicos es parte de la agenda oculta del Seguro Popular y el discurso del secretario José Angel Córdova Villalobos, sobre la supuesta necesidad de subrogar servicios en los sitios donde la infraestructura pública no alcance para satisfacer la demanda, representa el inicio del desmantelamiento del sistema público de salud, advirtió Assa Cristina Laurell, secretaria de salud del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador.
El planteamiento oficial, dijo, encamina al país a un esquema en el que habrá servicios pobres para los pobres y extremadamente precarios para los muy pobres, a quienes se les estaría ofreciendo una atención médica cuyo nivel de calidad ni siquiera alcanzaría para obtener la acreditación que establece la ley, con excepción de algunas organizaciones no gubernamentales.
En entrevista, Laurell destacó que la Ley General de Salud prohíbe utilizar los servicios privados. De hecho, recuerda, este tema formó parte del debate de los legisladores en 2003, cuando se discutía la reforma legal por la que se creó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).
La propuesta original, enviada por el Ejecutivo, se refería al "sistema nacional de salud" que incluye a los servicios públicos y privados, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso que se estableciera como "instituciones públicas del sistema nacional de salud" y así fue aprobado por el Congreso de la Unión.
En ese sentido, el artículo 77 bis 5, inciso A, señala que corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud: "XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban los estados y el Distrito Federal entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios..."
Sin embargo, reconoció la funcionaria lopezobradorista, la misma precisión no se extendió al reglamento, el cual sólo señala que la prestación de los servicios de salud se realizará "de forma directa a través de los establecimientos para la atención médica de los servicios estatales de salud o de forma indirecta por medio de los establecimientos de otras entidades federativas o de otras instituciones del Sistema Nacional de Salud".
Aun así, dijo, la ley siempre está por encima del reglamento, y por lo tanto, es ilegal utilizar los servicios médicos privados como lo planteó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa) (La Jornada 3/01/07)
Lo prioritario en materia de salud, abundó, tendría que ser mantener desarrolladas las instituciones de seguridad social y cubrir a quienes carecen de acceso a ellas. En el gobierno foxista se impulsó la opción del Seguro Popular, mientras que el gobierno del Distrito Federal aplicó el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos con el que se atiende el verdadero problema de la falta de acceso a la salud, que es el costo de los servicios y de los fármacos, indicó.
En cambio, el Seguro Popular tiene el grave inconveniente de que condiciona el ejercicio del derecho constitucional a la salud al pago de una cuota familiar. Debido a que prácticamente se han inscrito la totalidad de familias que por su bajo nivel de ingresos están exentas de dicha cuota, el SPSS va a entrar en una crisis, advirtió Laurell. Los que en adelante se afilien tendrán que pagar de acuerdo con sus percepciones salariales.
Ahí es donde cobra sentido el proyecto de la Ssa de subrogar los servicios médicos, dijo, pues al hablar sobre la insuficiencia de clínicas y hospitales públicos, las autoridades van a empezar a contratar con particulares. Laurell aseguró que esta práctica ya se realiza en entidades como Jalisco y no precisamente en las zonas más pobres.
Explicó que con este discurso, el país entrará a un círculo vicioso porque si hace falta infraestructura se empezará a canalizar una parte importante del presupuesto al pago de servicio del sector privado y, entonces, habrá todavía menos dinero para la construcción de nuevas unidades médicas.
Laurell advirtió, por otra parte, que si el número de clínicas y hospitales no satisface la demanda de los pacientes es porque durante los seis años pasados se hizo una inversión mínima y lo que hubo fue por la decisión del Congreso de la Unión de asignar 5 mil millones de pesos para obras. También reconoció que el rezago de inversión en infraestructura viene desde 1983, cuando a causa de la crisis económica se desplomó el presupuesto del sector salud.
Lo que esencialmente hizo el gobierno de Vicente Fox en esta materia fue habilitar centros de salud y hospitales muy pequeños, comentó Laurell, especialista en el tema de la medicina social.
La Ssa asegura que se construyeron alrededor de mil 700 unidades...
Sí, pero son casas de salud y los llamados hospitales comunitarios, los cuales tienen entre 12 y 15 camas en los que supuestamente se proporciona atención médica de las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría. Sin embargo, estos hospitales no son más que un centro de salud ampliado sin capacidad diagnóstica ni de especialistas.
Para la ex secretaria de Salud del Distrito Federal, lo que realmente hace falta en el país es la construcción de hospitales de segundo nivel, con entre 60 y 80 camas, los cuales, aparentemente, no están dentro de los planes de la Ssa que se ha concentrado en los centros de salud, hospitales comunitarios y de alta especialidad.
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