En medio del panorama -por momentos tragicómico- del fin de sexenio, han aparecido fenómenos que no deben ser ignorados.
A la par de las explosiones del lunes, de la radicalidad de los actores en conflicto y de un encono demasiado extendido en el País, hay señalamientos muy serios sobre el resurgimiento de grupos de corte paramilitar que estarían actuando en el marco del conflicto oaxaqueño.
Hace unos días, el relator de la ONU para los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, hizo una revisión histórica sobre el surgimiento de estos grupos, el significado y alcance de su existencia. Que hoy volvamos a hablar del posible resurgimiento de paramilitares en zonas de conflicto social, se suma a otras evidencias de las preocupantes regresiones que experimenta nuestra maltrecha democracia mexicana.
Desde hace muchos años, hay denuncias sobre la existencia de paramilitares en varios estados del País. La historia ha marcado poblaciones enteras por sus acciones criminales: Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Hay documentación e informaciones muy serias sobre el papel de estos grupos en México.
Hoy se sabe claramente, por ejemplo, que en los setenta estos grupos tuvieron apoyo, financiamiento y dirección de poderes locales y federales para intervenir en los conflictos sociales y políticos.
La sustancia de los enfrentamientos, torturas, desapariciones, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, que aún quedan sin resolverse, son producto de la acción de paramilitares que han actuado bajo el amparo de autoridades establecidas.
Una muestra trágica de lo que significa la irrupción de estos individuos en situaciones de conflicto se dio en Chiapas, básicamente a partir de 1995, con una criminal política federal y local autorizada por el gobierno de Zedillo, que desató todo tipo de persecuciones, asesinatos y fratricidios y que en lugar de contrarrestar la presencia zapatista, como pretendía el Gobierno, lo único que logró fue sembrar dolor y violencia en historias desgarradas cuyas secuelas aún se siguen arrastrando.
Lo que hoy tenemos son imputaciones que hace la APPO al gobierno de Ulises Ruiz, el reconocimiento desde el Gobierno federal de que efectivamente hay investigaciones concretas sobre la aparición de grupos que portan armas de alto poder y, por supuesto, una lista inaceptable de personas que han sido asesinadas en Oaxaca en los últimos meses cuyos responsables no están a la vista.
Las denuncias sobre paramilitares obligan a que se esclarezca cuáles son sus verdaderos vínculos políticos. No se puede soslayar lo que ha planteado el Sistema Interamericano y los propios relatores de Naciones Unidas. La existencia de estos grupos atenta contra las más elementales nociones de convivencia democrática.
Deben denunciarse y, por supuesto, deben desmantelarse. Tal y como lo ha dicho Stavenhagen, la sociedad mexicana debe estar absolutamente consciente del fenómeno. Debe exponerse la problemática y conocerse los vínculos que puedan existir entre estos grupos y algunos intereses políticos estatales, regionales o nacionales.
El daño que causa la presencia de paramilitares es múltiple. Una vez echado a andar el monstruo, su permanencia perdura aun cuando se abandone el impulso original que los creó.
Stavenhagen narra, por ejemplo, que en Chiapas la gente dice que los paramilitares todavía están ahí, vivitos y coleando. Puede ser que no estén activos como antes, pero tienen sus armas, la gente los reconoce y los agravios persisten.
Ya sabemos de qué se trata, México y otros países en su historia saben que son organizaciones que surgen con la protección de las altas autoridades, como dice Rodolfo: “Para hacer el trabajo sucio que mucha gente desde un ámbito de autoridad o representación formal no se atreven a hacer en un conflicto social y político”.
Los simples señalamientos sobre la existencia de grupos de esta naturaleza en Oaxaca son suficiente motivo para alarmarse. De la mano de esto, tenemos eventos como los bombazos del lunes. Aunque las intenciones no quedan muy claras, han dado parque para la interminable diatriba nacional.
El Gobierno reconoce en el grupo “Tendencia Democrática Revolucionaria” que se reivindica los hechos, a una derivación del ERPI-Procup, originario de Oaxaca. Le adjudica otras acciones de lo que llama propaganda armada, porque, aunque causan temor, su propósito no es causar un daño indiscriminado a la población como sí hacen los terroristas. Buscan llamar la atención, nos dicen. Lo han hecho grupos similares en 2001, en 2004 y en octubre del año pasado.
La manufactura de las bombas que no detonaron es prácticamente la misma que en ocasiones anteriores, incluyendo el hidrogel y los mecanismos de activación que se utilizaron.
El Gobierno acepta que la autoría, efectivamente, es de los grupos que firmaron un comunicado de reivindicación. En un primer momento se incluía al propio Ulises Ruiz en las líneas de investigación, corregido Abascal, se sostiene la tesis de grupos armados.
Como sea, la irrupción de señales sobre guerrilla y paramilitares en medio de un encono tan extendido, no puede ser una buena noticia. Cuando las instancias democráticas se resquebrajan, cuando la impunidad es norma y la vida política se envilece es tiempo de llamarnos a cuentas.
Carmen Aristegui es escritora y analista política.
A la par de las explosiones del lunes, de la radicalidad de los actores en conflicto y de un encono demasiado extendido en el País, hay señalamientos muy serios sobre el resurgimiento de grupos de corte paramilitar que estarían actuando en el marco del conflicto oaxaqueño.
Hace unos días, el relator de la ONU para los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, hizo una revisión histórica sobre el surgimiento de estos grupos, el significado y alcance de su existencia. Que hoy volvamos a hablar del posible resurgimiento de paramilitares en zonas de conflicto social, se suma a otras evidencias de las preocupantes regresiones que experimenta nuestra maltrecha democracia mexicana.
Desde hace muchos años, hay denuncias sobre la existencia de paramilitares en varios estados del País. La historia ha marcado poblaciones enteras por sus acciones criminales: Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Hay documentación e informaciones muy serias sobre el papel de estos grupos en México.
Hoy se sabe claramente, por ejemplo, que en los setenta estos grupos tuvieron apoyo, financiamiento y dirección de poderes locales y federales para intervenir en los conflictos sociales y políticos.
La sustancia de los enfrentamientos, torturas, desapariciones, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, que aún quedan sin resolverse, son producto de la acción de paramilitares que han actuado bajo el amparo de autoridades establecidas.
Una muestra trágica de lo que significa la irrupción de estos individuos en situaciones de conflicto se dio en Chiapas, básicamente a partir de 1995, con una criminal política federal y local autorizada por el gobierno de Zedillo, que desató todo tipo de persecuciones, asesinatos y fratricidios y que en lugar de contrarrestar la presencia zapatista, como pretendía el Gobierno, lo único que logró fue sembrar dolor y violencia en historias desgarradas cuyas secuelas aún se siguen arrastrando.
Lo que hoy tenemos son imputaciones que hace la APPO al gobierno de Ulises Ruiz, el reconocimiento desde el Gobierno federal de que efectivamente hay investigaciones concretas sobre la aparición de grupos que portan armas de alto poder y, por supuesto, una lista inaceptable de personas que han sido asesinadas en Oaxaca en los últimos meses cuyos responsables no están a la vista.
Las denuncias sobre paramilitares obligan a que se esclarezca cuáles son sus verdaderos vínculos políticos. No se puede soslayar lo que ha planteado el Sistema Interamericano y los propios relatores de Naciones Unidas. La existencia de estos grupos atenta contra las más elementales nociones de convivencia democrática.
Deben denunciarse y, por supuesto, deben desmantelarse. Tal y como lo ha dicho Stavenhagen, la sociedad mexicana debe estar absolutamente consciente del fenómeno. Debe exponerse la problemática y conocerse los vínculos que puedan existir entre estos grupos y algunos intereses políticos estatales, regionales o nacionales.
El daño que causa la presencia de paramilitares es múltiple. Una vez echado a andar el monstruo, su permanencia perdura aun cuando se abandone el impulso original que los creó.
Stavenhagen narra, por ejemplo, que en Chiapas la gente dice que los paramilitares todavía están ahí, vivitos y coleando. Puede ser que no estén activos como antes, pero tienen sus armas, la gente los reconoce y los agravios persisten.
Ya sabemos de qué se trata, México y otros países en su historia saben que son organizaciones que surgen con la protección de las altas autoridades, como dice Rodolfo: “Para hacer el trabajo sucio que mucha gente desde un ámbito de autoridad o representación formal no se atreven a hacer en un conflicto social y político”.
Los simples señalamientos sobre la existencia de grupos de esta naturaleza en Oaxaca son suficiente motivo para alarmarse. De la mano de esto, tenemos eventos como los bombazos del lunes. Aunque las intenciones no quedan muy claras, han dado parque para la interminable diatriba nacional.
El Gobierno reconoce en el grupo “Tendencia Democrática Revolucionaria” que se reivindica los hechos, a una derivación del ERPI-Procup, originario de Oaxaca. Le adjudica otras acciones de lo que llama propaganda armada, porque, aunque causan temor, su propósito no es causar un daño indiscriminado a la población como sí hacen los terroristas. Buscan llamar la atención, nos dicen. Lo han hecho grupos similares en 2001, en 2004 y en octubre del año pasado.
La manufactura de las bombas que no detonaron es prácticamente la misma que en ocasiones anteriores, incluyendo el hidrogel y los mecanismos de activación que se utilizaron.
El Gobierno acepta que la autoría, efectivamente, es de los grupos que firmaron un comunicado de reivindicación. En un primer momento se incluía al propio Ulises Ruiz en las líneas de investigación, corregido Abascal, se sostiene la tesis de grupos armados.
Como sea, la irrupción de señales sobre guerrilla y paramilitares en medio de un encono tan extendido, no puede ser una buena noticia. Cuando las instancias democráticas se resquebrajan, cuando la impunidad es norma y la vida política se envilece es tiempo de llamarnos a cuentas.
Carmen Aristegui es escritora y analista política.
!!Sufragio Efectivo no Imposición!!
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