Por Sergio Aguayo Quezada.-
Establecida la paternidad y motivaciones de los atentados y habiéndose desgranado la condena a la violencia -que comparto-, cabe una reflexión sobre la importancia, el significado y las consecuencias de esta reaparición de la vía armada.
En los años sesenta y setenta miles de jóvenes concluyeron que la única opción para cambiar de régimen era encuadrados en la guerrilla. La mayoría de quienes se oponían al régimen autoritario pensaban diferente y ratificaron, en la práctica, la lucha pacífica que, en los ochenta y noventa, tomó expresión concreta cuando derechas e izquierdas llegaron a un entendimiento para darle prioridad a las elecciones confiables. Este acuerdo, informal por cierto, sufrió una violenta sacudida durante el 2006.
Recuperó la tesis de varias columnas previas: lo trágico de las elecciones presidenciales del 2006 estuvo en la baja calidad de los métodos empleados y en que las irregularidades fueron lo suficientemente graves, y los resultados lo bastante estrechos, como para que una tercera parte de la sociedad desconfíe de los resultados y de las instituciones encargadas de organizar los comicios.
En septiembre, Consulta Mitofsky midió, en una encuesta nacional en viviendas, el sentimiento social frente a lo que había pasado. Una cifra resulta sorprendente: el 13 por ciento estaría de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador llamara a “un levantamiento armado contra el gobierno”. No quiere esto decir que trece de cada cien mexicanos tomarían las armas; significa, más bien, una aprobación de la violencia como método lo que muestra el grado de irritación dejado por la elección en algunos sectores que, tal vez por otros motivos, ya estaban predispuestos a soluciones de fuerza.
El conflicto en Oaxaca tiene una evolución independiente de las elecciones pero comparte algunos aspectos. Uno, evidente, es la constatación de que la ciudadanía carece de mecanismos legales para librarse de un gobernante inepto y prepotente. Quienes se oponen a Ulises ya recorrieron, sin éxito, las avenidas de la civilidad y la legalidad. El gobernador sigue en el cargo porque quienes debieran aplicar la legalidad la interpretaron con el prisma de sus intereses: el congreso local, sometido al sátrapa, incumplió con su responsabilidad de investigar lo que estaba pasando; los senadores del PRI y el PAN ignoraron la evidencia y decidieron dejarlo en el cargo lanzándole, eso sí, un exhorto ridículo. Mientras tanto los muertos se acumulan sin que nadie detenga a los grupos paramilitares y Noticias de Oaxaca sigue ocupado por grupos cercanos al gobierno del Estado…
La única salida dejada a los opositores al gobernador, ha estado en la calle, en la movilización, mientras los gobernantes se hicieron los desentendidos esperanzados de que el tiempo resolvería el conflicto. En la Constitución se dice que la soberanía radica en el pueblo pero es una frase vacía de contenido porque falta reglamentarla para incluir mecanismos como la revocación del mandato, el plebiscito, etcétera.
El 4 de noviembre Consulta Mitofsky hizo una encuesta telefónica en Oaxaca. Encontró a una sociedad dividida aunque el 59 por ciento estaría de acuerdo en que Ulises dejara de ser gobernador además de señalarlo como la principal causa del conflicto. En el sondeo también aparece una condena mayoritaria a las instituciones --Senado, Presidencia, PAN, PRI, PRD…-- por lo hecho y dejado de hacer.
¿De la visión crítica de las instituciones se desprende que la vía armada tiene posibilidades de prosperar en México? Difícilmente. Las guerrillas son grupos pequeños que pusieron bombas mediáticas para llamar la atención (lo lograron) y proclamarse como una vanguardia dispuesta a enfrentarse con hechos a las clases dominantes para defender al pueblo oaxaqueño y protestar por el fraude electoral. Es posible que un sector los vea con simpatía y hasta podría crecer el número de sus reclutas. Pero ni en los sesenta ni ahora los conflictos políticos y sociales o la violencia guerrillera amenazaron la seguridad nacional; aunque sí acarrearon consecuencias de diverso tipo.
Después del movimiento de protesta por las elecciones presidenciales vino el fracaso del PRD en Tabasco y aparecieron las fisuras en la disciplina partidista en torno a López Obrador. El conflicto de Oaxaca ya sirvió para unificar a la izquierda que se enfila al crucial noviembre decidida a dar la batalla en las calles y las instituciones. Además de ello, el PRD tomó la decisión de movilizarse en apoyo de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca lo que amplía geográficamente el conflicto social y lo engancha con el político.
Lo que pasa en Oaxaca también permite detectar la debilidad de Felipe Calderón y del PAN, un partido atrapado por las mañas del priísmo que se aprovecha de sus miedos para imponerle condiciones como la de mantener en el cargo a Ulises. Es inevitable preguntarse si el presidente electo tendrá la capacidad para ampliar su margen de maniobra.
¿Qué hacer? Lo obvio sería atender las causas que originan los conflictos; es decir, limpiar la elección y aceptar que el conflicto en Oaxaca se debe, sobre todo, al empecinamiento del gobernador. Sin embargo, Ulises Ruiz escucha los exhortos implorándole que por favor se aleje del cargo con la misma atención con la que la guerrilla escucha las condenas a la vía armada. Que el Instituto Federal Electoral (IFE) siga empeñado en destruir las boletas electorales y evitar un recuento ciudadano es la mejor manera de reconfirmar a los ojos de los escépticos que algunas instituciones interpretan la legalidad para la defensa de intereses particulares.
Por ahora, conflictos y violencia muestran las fisuras que tiene el pacto social.
La miscelánea
Aun quienes rechazamos los métodos violentos tenemos motivos para estar insatisfechos con algunas instituciones. Guillermo Ortiz, Director del Banco de México, sigue hablando de las leoninas comisiones que nos cobran los bancos. Y como ejemplo puso el Costo anual total de tarjetas de crédito del BBVA (Bancomer): en España carga el 34.90 por ciento anual, en México el ¡75.10 por ciento! El atraco es perpetrado a la vista de todos sin que ninguna institución federal actúe para protegernos. Las telefónicas, por su parte, le avientan al público la responsabilidad de memorizar las distintas formas de marcar los números y ninguna institución gubernamental defiende a los consumidores.
Comentarios: Fax 56 83 93 75; e-mail:
sergioaguayo@infosel.net.mx 08/11/2006
Establecida la paternidad y motivaciones de los atentados y habiéndose desgranado la condena a la violencia -que comparto-, cabe una reflexión sobre la importancia, el significado y las consecuencias de esta reaparición de la vía armada.
En los años sesenta y setenta miles de jóvenes concluyeron que la única opción para cambiar de régimen era encuadrados en la guerrilla. La mayoría de quienes se oponían al régimen autoritario pensaban diferente y ratificaron, en la práctica, la lucha pacífica que, en los ochenta y noventa, tomó expresión concreta cuando derechas e izquierdas llegaron a un entendimiento para darle prioridad a las elecciones confiables. Este acuerdo, informal por cierto, sufrió una violenta sacudida durante el 2006.
Recuperó la tesis de varias columnas previas: lo trágico de las elecciones presidenciales del 2006 estuvo en la baja calidad de los métodos empleados y en que las irregularidades fueron lo suficientemente graves, y los resultados lo bastante estrechos, como para que una tercera parte de la sociedad desconfíe de los resultados y de las instituciones encargadas de organizar los comicios.
En septiembre, Consulta Mitofsky midió, en una encuesta nacional en viviendas, el sentimiento social frente a lo que había pasado. Una cifra resulta sorprendente: el 13 por ciento estaría de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador llamara a “un levantamiento armado contra el gobierno”. No quiere esto decir que trece de cada cien mexicanos tomarían las armas; significa, más bien, una aprobación de la violencia como método lo que muestra el grado de irritación dejado por la elección en algunos sectores que, tal vez por otros motivos, ya estaban predispuestos a soluciones de fuerza.
El conflicto en Oaxaca tiene una evolución independiente de las elecciones pero comparte algunos aspectos. Uno, evidente, es la constatación de que la ciudadanía carece de mecanismos legales para librarse de un gobernante inepto y prepotente. Quienes se oponen a Ulises ya recorrieron, sin éxito, las avenidas de la civilidad y la legalidad. El gobernador sigue en el cargo porque quienes debieran aplicar la legalidad la interpretaron con el prisma de sus intereses: el congreso local, sometido al sátrapa, incumplió con su responsabilidad de investigar lo que estaba pasando; los senadores del PRI y el PAN ignoraron la evidencia y decidieron dejarlo en el cargo lanzándole, eso sí, un exhorto ridículo. Mientras tanto los muertos se acumulan sin que nadie detenga a los grupos paramilitares y Noticias de Oaxaca sigue ocupado por grupos cercanos al gobierno del Estado…
La única salida dejada a los opositores al gobernador, ha estado en la calle, en la movilización, mientras los gobernantes se hicieron los desentendidos esperanzados de que el tiempo resolvería el conflicto. En la Constitución se dice que la soberanía radica en el pueblo pero es una frase vacía de contenido porque falta reglamentarla para incluir mecanismos como la revocación del mandato, el plebiscito, etcétera.
El 4 de noviembre Consulta Mitofsky hizo una encuesta telefónica en Oaxaca. Encontró a una sociedad dividida aunque el 59 por ciento estaría de acuerdo en que Ulises dejara de ser gobernador además de señalarlo como la principal causa del conflicto. En el sondeo también aparece una condena mayoritaria a las instituciones --Senado, Presidencia, PAN, PRI, PRD…-- por lo hecho y dejado de hacer.
¿De la visión crítica de las instituciones se desprende que la vía armada tiene posibilidades de prosperar en México? Difícilmente. Las guerrillas son grupos pequeños que pusieron bombas mediáticas para llamar la atención (lo lograron) y proclamarse como una vanguardia dispuesta a enfrentarse con hechos a las clases dominantes para defender al pueblo oaxaqueño y protestar por el fraude electoral. Es posible que un sector los vea con simpatía y hasta podría crecer el número de sus reclutas. Pero ni en los sesenta ni ahora los conflictos políticos y sociales o la violencia guerrillera amenazaron la seguridad nacional; aunque sí acarrearon consecuencias de diverso tipo.
Después del movimiento de protesta por las elecciones presidenciales vino el fracaso del PRD en Tabasco y aparecieron las fisuras en la disciplina partidista en torno a López Obrador. El conflicto de Oaxaca ya sirvió para unificar a la izquierda que se enfila al crucial noviembre decidida a dar la batalla en las calles y las instituciones. Además de ello, el PRD tomó la decisión de movilizarse en apoyo de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca lo que amplía geográficamente el conflicto social y lo engancha con el político.
Lo que pasa en Oaxaca también permite detectar la debilidad de Felipe Calderón y del PAN, un partido atrapado por las mañas del priísmo que se aprovecha de sus miedos para imponerle condiciones como la de mantener en el cargo a Ulises. Es inevitable preguntarse si el presidente electo tendrá la capacidad para ampliar su margen de maniobra.
¿Qué hacer? Lo obvio sería atender las causas que originan los conflictos; es decir, limpiar la elección y aceptar que el conflicto en Oaxaca se debe, sobre todo, al empecinamiento del gobernador. Sin embargo, Ulises Ruiz escucha los exhortos implorándole que por favor se aleje del cargo con la misma atención con la que la guerrilla escucha las condenas a la vía armada. Que el Instituto Federal Electoral (IFE) siga empeñado en destruir las boletas electorales y evitar un recuento ciudadano es la mejor manera de reconfirmar a los ojos de los escépticos que algunas instituciones interpretan la legalidad para la defensa de intereses particulares.
Por ahora, conflictos y violencia muestran las fisuras que tiene el pacto social.
La miscelánea
Aun quienes rechazamos los métodos violentos tenemos motivos para estar insatisfechos con algunas instituciones. Guillermo Ortiz, Director del Banco de México, sigue hablando de las leoninas comisiones que nos cobran los bancos. Y como ejemplo puso el Costo anual total de tarjetas de crédito del BBVA (Bancomer): en España carga el 34.90 por ciento anual, en México el ¡75.10 por ciento! El atraco es perpetrado a la vista de todos sin que ninguna institución federal actúe para protegernos. Las telefónicas, por su parte, le avientan al público la responsabilidad de memorizar las distintas formas de marcar los números y ninguna institución gubernamental defiende a los consumidores.
Comentarios: Fax 56 83 93 75; e-mail:
sergioaguayo@infosel.net.mx 08/11/2006
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