PLAZA PÚBLICA
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Con el mismo título que hoy, mi columna del 23 de octubre se refirió a la libertad de los agentes federales de investigación Jesús Medellín y Eduardo Paredes, que hasta la semana anterior estaban procesados por intento de extorsión contra Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 6 de diciembre de 2004. Ese mismo día recibí comunicación del defensor de ambos policías, licenciado Agustín Acosta, que se refirió a la situación jurídica de Medellín y Paredes, así como del comandante Elezar Muñoz, a quien yo erróneamente había dado por prófugo y en realidad ha recibido amparo de la justicia federal. El abogado Acosta se refirió a la "mala fe y arbitrariedad de la Procuraduría estatal" en este caso y dijo que la investigación respectiva había sido "pobre en sus datos" y "deficiente en sus afirmaciones".
Con demora por la que me disculpo que se explica por la abrumadora sucesión de asuntos premiosos que requieren pronta atención) doy ahora espacio a las porciones pertinentes de la respuesta del ex procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida, que sintetiza los términos de la investigación y el proceso a los agentes ahora liberados. Importa sobre todo la denuncia que hace el hoy notario público de la actitud de la PGR ante los procedimientos relacionados con sus agentes. Navarrete Prida se sirvió acompañar su carta con una copia del informe de la investigación "que entiendo -me dice-tiene más de diez meses en la página de Internet" de la Procuraduría estatal:
"Como ex procurador general de Justicia debo ser muy cuidadoso en los comentarios que vierto en asuntos que están abiertos y cuya responsabilidad corresponde ya a otros servidores públicos; sin embargo, ante la actitud engañosa de la defensa de los entonces acusados quisiera enviarle los siguientes comentarios":
1.- Los Sres. Jesús Medellín y Eduardo Paredes, agentes de la AFI, fueron acusados por el delito de tentativa de extorsión en contra de quien en vida llevara el nombre de Enrique Eduardo Salinas de Gortari.
2.- Se les dictó la orden de aprehensión y el auto de formal prisión por un juez del fuero común, competente en ese momento para conocer del asunto.
3.- Los Sres. Medellín y Paredes sin autorización oficial acudieron al domicilio de Enrique Salinas para presionarlo, tomando fotografías de su casa y buscando que la familia los observara.
4.- Los Sres. Medellín y Paredes mintieron ante la autoridad diciendo que actuaron por cuenta propia y su jefe, el Cmdte. Elezar Muñoz también mintió ante la Procuraduría estatal al reiterar que él no había dado órdenes a esos agentes de acudir a presionar al Ing. Salinas en su domicilio para luego referir ante el juez (en defensa de sus subordinados) que él personalmente les había dado órdenes de actuar de esa manera sin que tuviera a su vez mandato oficial de la Procuraduría General de la República.
6.- En el expediente consta que en la Procuraduría General de la República sólo se ordenó hacer una investigación de gabinete y no de campo. Oficialmente la Procuraduría General de la República le comunicó esta situación a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues eso era lo único solicitado por la policía francesa; sin embargo, en forma totalmente irregular los Sres. Medellín y Paredes se presentaron a ese domicilio cuando incluso administrativamente ya se había desahogado la petición de la policía francesa.
7.-Muchas con las causas que generan monumentos de impunidad, en este caso algunas de ellas son las siguientes:
a) Solicitarle a la PGR se presente al Cmdte. Elezar Muñoz para aclarar las contradicciones evidente en su actuar y respondernos esa institución que lo mandaron a un 'curso en Washington', del cual ya no regresó.
b) Solicitar informes de llamadas telefónicas que vienen de la PGR a casa del Ing. Salinas y contestar que no se podía decir de dónde venían las llamadas, pues se les había 'descompuesto' el conmutador precisamente en esos días.
c) Solicitar a la PGR 32 informes por escrito de diferentes asuntos y personas y obtener como respuesta no poder dar la información por ser servidores públicos federales, mientras por otro lado en el proceso penal contra Medellín y Paredes argumentarse que el caso Salinas es un asunto del fuero común, y en el amparo tramitado por el ausente Eleazar Muñoz argumentar que la Procuraduría (estatal) no es competente, pues es un servidor público federal. Esto es así y no como mal intencionadamente menciona la defensa de esos servidores públicos. Eso pasó con el eslabón más pequeño de una investigación en curso, la pregunta es ¿cómo avanzar en el resto de un caso con situaciones así?
8.- Los casos se ganan aportando pruebas en los mismos y con toda franqueza desde julio del año 2005 el juez del fuero común determinó que el asunto por involucrar a servidores públicos federales era un asunto federal, no teniendo posibilidad jurídica la Procuraduría estatal de intervenir en dicho proceso.
9.-Ignoro qué pruebas se presentaron entonces y qué investigación se realizó por el intento de extorsión".
Los señalamientos de Navarrete Prida, si bien fueron conocidos en su oportunidad, cobran nueva dimensión tras la libertad de los agentes implicados en la extorsión. Si se pretendió cometer ese delito quienes lo intentaron disfrutan de impunidad. Pero sobre todo se hallan en esa peligrosa situación, a salvo de persecución y castigo, quienes mataron a Enrique Salinas, pues de hecho el caso se ha cerrado sin que a su familia le importe.
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Con el mismo título que hoy, mi columna del 23 de octubre se refirió a la libertad de los agentes federales de investigación Jesús Medellín y Eduardo Paredes, que hasta la semana anterior estaban procesados por intento de extorsión contra Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 6 de diciembre de 2004. Ese mismo día recibí comunicación del defensor de ambos policías, licenciado Agustín Acosta, que se refirió a la situación jurídica de Medellín y Paredes, así como del comandante Elezar Muñoz, a quien yo erróneamente había dado por prófugo y en realidad ha recibido amparo de la justicia federal. El abogado Acosta se refirió a la "mala fe y arbitrariedad de la Procuraduría estatal" en este caso y dijo que la investigación respectiva había sido "pobre en sus datos" y "deficiente en sus afirmaciones".
Con demora por la que me disculpo que se explica por la abrumadora sucesión de asuntos premiosos que requieren pronta atención) doy ahora espacio a las porciones pertinentes de la respuesta del ex procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida, que sintetiza los términos de la investigación y el proceso a los agentes ahora liberados. Importa sobre todo la denuncia que hace el hoy notario público de la actitud de la PGR ante los procedimientos relacionados con sus agentes. Navarrete Prida se sirvió acompañar su carta con una copia del informe de la investigación "que entiendo -me dice-tiene más de diez meses en la página de Internet" de la Procuraduría estatal:
"Como ex procurador general de Justicia debo ser muy cuidadoso en los comentarios que vierto en asuntos que están abiertos y cuya responsabilidad corresponde ya a otros servidores públicos; sin embargo, ante la actitud engañosa de la defensa de los entonces acusados quisiera enviarle los siguientes comentarios":
1.- Los Sres. Jesús Medellín y Eduardo Paredes, agentes de la AFI, fueron acusados por el delito de tentativa de extorsión en contra de quien en vida llevara el nombre de Enrique Eduardo Salinas de Gortari.
2.- Se les dictó la orden de aprehensión y el auto de formal prisión por un juez del fuero común, competente en ese momento para conocer del asunto.
3.- Los Sres. Medellín y Paredes sin autorización oficial acudieron al domicilio de Enrique Salinas para presionarlo, tomando fotografías de su casa y buscando que la familia los observara.
4.- Los Sres. Medellín y Paredes mintieron ante la autoridad diciendo que actuaron por cuenta propia y su jefe, el Cmdte. Elezar Muñoz también mintió ante la Procuraduría estatal al reiterar que él no había dado órdenes a esos agentes de acudir a presionar al Ing. Salinas en su domicilio para luego referir ante el juez (en defensa de sus subordinados) que él personalmente les había dado órdenes de actuar de esa manera sin que tuviera a su vez mandato oficial de la Procuraduría General de la República.
6.- En el expediente consta que en la Procuraduría General de la República sólo se ordenó hacer una investigación de gabinete y no de campo. Oficialmente la Procuraduría General de la República le comunicó esta situación a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues eso era lo único solicitado por la policía francesa; sin embargo, en forma totalmente irregular los Sres. Medellín y Paredes se presentaron a ese domicilio cuando incluso administrativamente ya se había desahogado la petición de la policía francesa.
7.-Muchas con las causas que generan monumentos de impunidad, en este caso algunas de ellas son las siguientes:
a) Solicitarle a la PGR se presente al Cmdte. Elezar Muñoz para aclarar las contradicciones evidente en su actuar y respondernos esa institución que lo mandaron a un 'curso en Washington', del cual ya no regresó.
b) Solicitar informes de llamadas telefónicas que vienen de la PGR a casa del Ing. Salinas y contestar que no se podía decir de dónde venían las llamadas, pues se les había 'descompuesto' el conmutador precisamente en esos días.
c) Solicitar a la PGR 32 informes por escrito de diferentes asuntos y personas y obtener como respuesta no poder dar la información por ser servidores públicos federales, mientras por otro lado en el proceso penal contra Medellín y Paredes argumentarse que el caso Salinas es un asunto del fuero común, y en el amparo tramitado por el ausente Eleazar Muñoz argumentar que la Procuraduría (estatal) no es competente, pues es un servidor público federal. Esto es así y no como mal intencionadamente menciona la defensa de esos servidores públicos. Eso pasó con el eslabón más pequeño de una investigación en curso, la pregunta es ¿cómo avanzar en el resto de un caso con situaciones así?
8.- Los casos se ganan aportando pruebas en los mismos y con toda franqueza desde julio del año 2005 el juez del fuero común determinó que el asunto por involucrar a servidores públicos federales era un asunto federal, no teniendo posibilidad jurídica la Procuraduría estatal de intervenir en dicho proceso.
9.-Ignoro qué pruebas se presentaron entonces y qué investigación se realizó por el intento de extorsión".
Los señalamientos de Navarrete Prida, si bien fueron conocidos en su oportunidad, cobran nueva dimensión tras la libertad de los agentes implicados en la extorsión. Si se pretendió cometer ese delito quienes lo intentaron disfrutan de impunidad. Pero sobre todo se hallan en esa peligrosa situación, a salvo de persecución y castigo, quienes mataron a Enrique Salinas, pues de hecho el caso se ha cerrado sin que a su familia le importe.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario