Reportaje
Poco a poco se va conociendo la dimensión de los abusos policiacos cometidos el 25 de noviembre en contra de simpatizantes de la APPO y de muchas personas que nada tenían que ver con ese movimiento social y que sufrieron encarcelamiento. Mientras tanto, el jueves 21 llegaron a la capital oaxaqueña los delegados de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, presididos por Iñaki García, para conocer las versiones de las víctimas y hacer una recomendación al gobierno federal.
El arquitecto Porfirio Domínguez Muñozcano estuvo a punto de morir ese sábado cuando caminaba por el centro de esta ciudad con su portaplanos a la espalda. Elementos de la PFP lo detuvieron y comenzaron a golpearlo con sus toletes porque pensaron que transportaba una bazuka casera.
También lo patearon hasta dejarlo inconsciente. Le fracturaron el piso orbitario izquierdo, lo cual propició que el ojo se saliera de su órbita. No fue operado sino hasta el lunes siguiente por la mañana, y aún no sabe si los daños que sufrió son irreparables.
Los primeros días estaba irreconocible, con su rostro deformado por la inflamación. Tenía derrame en ambos ojos, una abertura en la cabeza y moretones en todo el cuerpo.
"Fueron 21 días de terror", dice en entrevista este arquitecto de 42 años, oriundo de Santo Domingo Xagacia (Sierra de Juárez) y habitante de la ciudad de Oaxaca, mientras muestra sus cicatrices y procede a narrar:
"Ese sábado, a las cinco de la tarde, fui al centro a imprimir los planos de una casa habitación. Estacioné mi automóvil en Reforma, entre Constitución y Berriozabal. Observé que sobre la calle de Alcalá la PFP se enfrentaba a los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pude ver el humo del gas lacrimógeno, las tanquetas que arrojaban agua a presión, así como armas de fuego en el bando de la policía; los del otro grupo portaban piedras, bazukas y bombas molotov".
El siguió su camino hasta llegar al local de Grafhi Cad, en Reforma, a la altura de Independencia-Morelos, donde ordenó copia de los planos. Una hora después, cuando se dirigía a su auto, en la esquina de Reforma y Constitución se topó con la policía federal.
"Mi única reacción --relata-- fue replegarme hacia el muro de la hemeroteca, del lado de Santo Domingo, en donde comencé a ser agredido por elementos de la PFP. Un toletazo en la cabeza me dejó inconsciente durante dos horas. Cuando recobré el conocimiento me encontraba en el Zócalo. Ahí comprobé, al tocarme la cara, la cabeza y el cuerpo, que había recibido una tremenda golpiza".
Durante la agresión, Porfirio perdió su celular, así como los documentos personales que portaba: credenciales, licencia de manejo, tarjeta de circulación, tarjetas bancarias y su cámara fotográfica.
"Luego --dice-- comenzó la zozobra. Los policías iniciaron el traslado de los detenidos, que duró varias horas. Los custodios amenazaban con matarnos. No dejaron de encañonarnos con armas de alto poder durante todo el trayecto.
"Nos internaron en el reclusorio femenil de Tlacolula. Eran las 3 ó 4 de la mañana (del 26 de noviembre). Permanecí todo el domingo sin recibir atención médica, sin alimentos e incomunicado. Por la noche tomaron nuestra primera declaración. El lunes 27 de noviembre se iniciaron los traslados al penal de Tepic, Nayarit".
Debido a la gravedad de sus lesiones, fue entonces enviado al Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde fue operado de su ojo. Su familia tuvo que pagar 7 mil pesos.
El jueves 30 de noviembre, personal del Juzgado 4§ de lo Penal le tomó otra declaración, y por la noche se le notificó el auto de formal prisión. Según el expediente 152/2006, fue acusado de los delitos de incendio, robos diversos y otros que pudieran configurársele.
La mañana del viernes 15 de diciembre, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula notificó a Porfirio Domínguez su liberación y poco después prácticamente fue arrojado del reclusorio. El arquitecto pidió aventones hasta que llegó a la capital del estado, desde donde llamó por teléfono a su familia.
Los abogados Pedro e Isabel Sosa Gutiérrez consideran que a la mayoría de los detenidos se les violaron sus garantías individuales, pues fueron privados de su libertad de manera ilegal y no les respetaron sus derechos de audiencia y de defensa, consagradas en el artículo 20 constitucional.
Observadores en el Estado
A casi un mes de la agresión policíaca a los dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, asegura que de los 291 detenidos durante esa jornada, el 95% sólo ejercían su derecho constitucional a la manifestación. Y aclara que por lo menos 50 de los llamados "reos de alta peligrosidad" no tienen ninguna vinculación con el movimiento popular.
El jueves 21 de diciembre, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), durante la instalación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, en la que participan representantes de 30 países, Mayrén Peláez dijo que gente ajena al movimiento social --porros y vándalos-- llegó el 25 de noviembre al Zócalo para cometer desmanes y justificar la represión de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de las corporaciones policíacas estatales.
Encabezados por Iñaki García, los delegados internaciones se encuentran en Oaxaca para recopilar los testimonios de los integrantes de la APPO y de ciudadanos que han sido víctimas de la represión del gobierno de Ulises Ruiz y de los cuerpos policíacos.
Los casos de la bibliotecaria Socorro Antonia Soriano San Juan y su hermana Romualda Lourdes --ésta es archivista en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)-- ilustran igualmente los excesos de la policía federal.
Socorro, de 43 años, y Romualda Lourdes, de 50, padecen hipertensión arterial y necesitan consumir medicamentos periódicamente para controlar su mal. Ambas fueron detenidas cuando regresaban de su consulta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como puede constatarse en la bitácora de su expediente.
Romualda Lourdes relata que, después de la consulta, ella y su hermana regresaron caminando a su domicilio, en la Segunda Privada de Crespo 107 Bis, pero fueron detenidas a la altura del negocio Zetuna.
"Eran alrededor de las nueve de la noche --dice--. La gente corría por la calzada Niños Héroes cuando, de repente, los policías irrumpieron y comenzaron a golpear a hombres, mujeres y ancianos. A nosotras nos subieron a un vehículo que nos trasladó a la cárcel de Miahuatlán y, horas después, al penal federal de Tepic, Nayarit".
El albañil Juan Martínez, de 34 años, originario de San Francisco Coatlán, distrito de Miahuatlán, y padre de tres menores, tuvo una experiencia similar al salir de trabajar en una obra en la colonia América Sur. Tras la jornada, el arquitecto Rosario Ramón Cruz le pagó los 2 mil 650 pesos correspondientes a su semana de trabajo, y Juan se enfiló hacia la Central de Abastos para abordar algún vehículo que lo transportara a su domicilio en Pueblo Nuevo.
Al no encontrar ningún transporte público, decidió hacer el recorrido a pie. En el centro de la capital, vio que mucha gente estaba corriendo, mientras los policías lanzaban gases. De inmediato, la PFP comenzó a detener a todas las personas a su alcance, por parejo.
"Al momento de agarrarme --cuenta--, los policías de la Federal Preventiva me robaron mi dinero, el teléfono celular, mis identificaciones, un radio portátil y una chamarra azul".
Después lo subieron a un vehículo y acabó también en el penal de Miahuatlán, de donde lo sacaron sólo para llevárselo a Tepic.
Detenciones hechas por civiles
Otra víctima de la violencia policiaca fue Gabriel Luis Barrera, de 22 años, quien salió de su natal Salina Cruz en busca de trabajo. Llegó a la capital el martes 21 de noviembre y de inmediato comenzó a pedir empleo.
El 25 de noviembre, a las 19:30 horas, Gabriel caminaba con su amigo Diego Armando Gómez sobre la calle de Libres --situada a unas 10 cuadras de la refriega--. Cuando vieron a la gente huir del gas lacrimógeno, Gabriel corrió hacia El Llano, donde fue detenido por personas vestidas de civil que se desplazaban en una Nissan blanca de doble cabina. Además de ser brutalmente golpeado, fue recluido unas horas en Tlacolula y luego trasladado al penal de Tepic.
El joyero José Luis Ramírez Morales, de 17 años, tuvo una suerte similar. Salió del taller donde trabaja, en la calle de Allende, hacia su casa, en Ponciano Arriaga 111. Metros adelante fue detenido por los elementos de la PFP.
Lo mismo que Guidir Cervantes Ventura, padre de cuatro menores y sostén de su familia, a quien los policías agarraron cuando una motocicleta que estaba reparando no arrancó.
Adrián, Daniel y Alejandro Sánchez López, así como Cristian Guzmán Pacheco y Ricardo Méndez López, recluidos en la penitenciaria del estado, acusados de portación de arma de fuego y agresiones, fueron otras víctimas.
Sus familiares aseguran que el 25 de noviembre, a las 11 de la noche, los jóvenes salieron a comprar refrescos para celebrar el triunfo de su equipo de fútbol. Cerca de la Facultad de Medicina fueron interceptados por una camioneta blanca, de la cual descendieron varios civiles armados y empezaron a golpearlos. Después los subieron a la camioneta y fueron llevados a San Felipe del Agua.
María Ruth Cabrera Vásquez, Ofelia Esperanza Robles Cruz, María Socorro Cruz Alarcón, Jovita Sánchez Cruz, Carmen Sánchez Cruz, Paulina Josefa Ramírez, Esmeralda Velasco Morales, Roberto Morales y Jorge Sánchez García, sin tener nada que ver con la APPO, también fueron llevados al penal de Tepic, acusados de daños por incendio y robos diversos. Algunos de ellos forman parte de las parroquias de Perpetua y Felícitas, así como de la parroquia Xoxocotlán.
Entrevistado brevemente, el pintor Francisco Toledo dice que la situación por la que atraviesa Oaxaca "nos hace vivir en un estado policíaco", y además "surrealista": el gobernador Ulises Ruiz comenzó a liberar a los presos políticos --hasta el viernes 22 habían recuperado su libertad 60--, y además está pagando las fianzas de los detenidos, que van de los 5 mil hasta los 250 mil pesos.
(Pedro Matías/APRO)
El arquitecto Porfirio Domínguez Muñozcano estuvo a punto de morir ese sábado cuando caminaba por el centro de esta ciudad con su portaplanos a la espalda. Elementos de la PFP lo detuvieron y comenzaron a golpearlo con sus toletes porque pensaron que transportaba una bazuka casera.
También lo patearon hasta dejarlo inconsciente. Le fracturaron el piso orbitario izquierdo, lo cual propició que el ojo se saliera de su órbita. No fue operado sino hasta el lunes siguiente por la mañana, y aún no sabe si los daños que sufrió son irreparables.
Los primeros días estaba irreconocible, con su rostro deformado por la inflamación. Tenía derrame en ambos ojos, una abertura en la cabeza y moretones en todo el cuerpo.
"Fueron 21 días de terror", dice en entrevista este arquitecto de 42 años, oriundo de Santo Domingo Xagacia (Sierra de Juárez) y habitante de la ciudad de Oaxaca, mientras muestra sus cicatrices y procede a narrar:
"Ese sábado, a las cinco de la tarde, fui al centro a imprimir los planos de una casa habitación. Estacioné mi automóvil en Reforma, entre Constitución y Berriozabal. Observé que sobre la calle de Alcalá la PFP se enfrentaba a los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pude ver el humo del gas lacrimógeno, las tanquetas que arrojaban agua a presión, así como armas de fuego en el bando de la policía; los del otro grupo portaban piedras, bazukas y bombas molotov".
El siguió su camino hasta llegar al local de Grafhi Cad, en Reforma, a la altura de Independencia-Morelos, donde ordenó copia de los planos. Una hora después, cuando se dirigía a su auto, en la esquina de Reforma y Constitución se topó con la policía federal.
"Mi única reacción --relata-- fue replegarme hacia el muro de la hemeroteca, del lado de Santo Domingo, en donde comencé a ser agredido por elementos de la PFP. Un toletazo en la cabeza me dejó inconsciente durante dos horas. Cuando recobré el conocimiento me encontraba en el Zócalo. Ahí comprobé, al tocarme la cara, la cabeza y el cuerpo, que había recibido una tremenda golpiza".
Durante la agresión, Porfirio perdió su celular, así como los documentos personales que portaba: credenciales, licencia de manejo, tarjeta de circulación, tarjetas bancarias y su cámara fotográfica.
"Luego --dice-- comenzó la zozobra. Los policías iniciaron el traslado de los detenidos, que duró varias horas. Los custodios amenazaban con matarnos. No dejaron de encañonarnos con armas de alto poder durante todo el trayecto.
"Nos internaron en el reclusorio femenil de Tlacolula. Eran las 3 ó 4 de la mañana (del 26 de noviembre). Permanecí todo el domingo sin recibir atención médica, sin alimentos e incomunicado. Por la noche tomaron nuestra primera declaración. El lunes 27 de noviembre se iniciaron los traslados al penal de Tepic, Nayarit".
Debido a la gravedad de sus lesiones, fue entonces enviado al Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde fue operado de su ojo. Su familia tuvo que pagar 7 mil pesos.
El jueves 30 de noviembre, personal del Juzgado 4§ de lo Penal le tomó otra declaración, y por la noche se le notificó el auto de formal prisión. Según el expediente 152/2006, fue acusado de los delitos de incendio, robos diversos y otros que pudieran configurársele.
La mañana del viernes 15 de diciembre, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula notificó a Porfirio Domínguez su liberación y poco después prácticamente fue arrojado del reclusorio. El arquitecto pidió aventones hasta que llegó a la capital del estado, desde donde llamó por teléfono a su familia.
Los abogados Pedro e Isabel Sosa Gutiérrez consideran que a la mayoría de los detenidos se les violaron sus garantías individuales, pues fueron privados de su libertad de manera ilegal y no les respetaron sus derechos de audiencia y de defensa, consagradas en el artículo 20 constitucional.
Observadores en el Estado
A casi un mes de la agresión policíaca a los dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, asegura que de los 291 detenidos durante esa jornada, el 95% sólo ejercían su derecho constitucional a la manifestación. Y aclara que por lo menos 50 de los llamados "reos de alta peligrosidad" no tienen ninguna vinculación con el movimiento popular.
El jueves 21 de diciembre, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), durante la instalación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, en la que participan representantes de 30 países, Mayrén Peláez dijo que gente ajena al movimiento social --porros y vándalos-- llegó el 25 de noviembre al Zócalo para cometer desmanes y justificar la represión de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de las corporaciones policíacas estatales.
Encabezados por Iñaki García, los delegados internaciones se encuentran en Oaxaca para recopilar los testimonios de los integrantes de la APPO y de ciudadanos que han sido víctimas de la represión del gobierno de Ulises Ruiz y de los cuerpos policíacos.
Los casos de la bibliotecaria Socorro Antonia Soriano San Juan y su hermana Romualda Lourdes --ésta es archivista en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)-- ilustran igualmente los excesos de la policía federal.
Socorro, de 43 años, y Romualda Lourdes, de 50, padecen hipertensión arterial y necesitan consumir medicamentos periódicamente para controlar su mal. Ambas fueron detenidas cuando regresaban de su consulta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como puede constatarse en la bitácora de su expediente.
Romualda Lourdes relata que, después de la consulta, ella y su hermana regresaron caminando a su domicilio, en la Segunda Privada de Crespo 107 Bis, pero fueron detenidas a la altura del negocio Zetuna.
"Eran alrededor de las nueve de la noche --dice--. La gente corría por la calzada Niños Héroes cuando, de repente, los policías irrumpieron y comenzaron a golpear a hombres, mujeres y ancianos. A nosotras nos subieron a un vehículo que nos trasladó a la cárcel de Miahuatlán y, horas después, al penal federal de Tepic, Nayarit".
El albañil Juan Martínez, de 34 años, originario de San Francisco Coatlán, distrito de Miahuatlán, y padre de tres menores, tuvo una experiencia similar al salir de trabajar en una obra en la colonia América Sur. Tras la jornada, el arquitecto Rosario Ramón Cruz le pagó los 2 mil 650 pesos correspondientes a su semana de trabajo, y Juan se enfiló hacia la Central de Abastos para abordar algún vehículo que lo transportara a su domicilio en Pueblo Nuevo.
Al no encontrar ningún transporte público, decidió hacer el recorrido a pie. En el centro de la capital, vio que mucha gente estaba corriendo, mientras los policías lanzaban gases. De inmediato, la PFP comenzó a detener a todas las personas a su alcance, por parejo.
"Al momento de agarrarme --cuenta--, los policías de la Federal Preventiva me robaron mi dinero, el teléfono celular, mis identificaciones, un radio portátil y una chamarra azul".
Después lo subieron a un vehículo y acabó también en el penal de Miahuatlán, de donde lo sacaron sólo para llevárselo a Tepic.
Detenciones hechas por civiles
Otra víctima de la violencia policiaca fue Gabriel Luis Barrera, de 22 años, quien salió de su natal Salina Cruz en busca de trabajo. Llegó a la capital el martes 21 de noviembre y de inmediato comenzó a pedir empleo.
El 25 de noviembre, a las 19:30 horas, Gabriel caminaba con su amigo Diego Armando Gómez sobre la calle de Libres --situada a unas 10 cuadras de la refriega--. Cuando vieron a la gente huir del gas lacrimógeno, Gabriel corrió hacia El Llano, donde fue detenido por personas vestidas de civil que se desplazaban en una Nissan blanca de doble cabina. Además de ser brutalmente golpeado, fue recluido unas horas en Tlacolula y luego trasladado al penal de Tepic.
El joyero José Luis Ramírez Morales, de 17 años, tuvo una suerte similar. Salió del taller donde trabaja, en la calle de Allende, hacia su casa, en Ponciano Arriaga 111. Metros adelante fue detenido por los elementos de la PFP.
Lo mismo que Guidir Cervantes Ventura, padre de cuatro menores y sostén de su familia, a quien los policías agarraron cuando una motocicleta que estaba reparando no arrancó.
Adrián, Daniel y Alejandro Sánchez López, así como Cristian Guzmán Pacheco y Ricardo Méndez López, recluidos en la penitenciaria del estado, acusados de portación de arma de fuego y agresiones, fueron otras víctimas.
Sus familiares aseguran que el 25 de noviembre, a las 11 de la noche, los jóvenes salieron a comprar refrescos para celebrar el triunfo de su equipo de fútbol. Cerca de la Facultad de Medicina fueron interceptados por una camioneta blanca, de la cual descendieron varios civiles armados y empezaron a golpearlos. Después los subieron a la camioneta y fueron llevados a San Felipe del Agua.
María Ruth Cabrera Vásquez, Ofelia Esperanza Robles Cruz, María Socorro Cruz Alarcón, Jovita Sánchez Cruz, Carmen Sánchez Cruz, Paulina Josefa Ramírez, Esmeralda Velasco Morales, Roberto Morales y Jorge Sánchez García, sin tener nada que ver con la APPO, también fueron llevados al penal de Tepic, acusados de daños por incendio y robos diversos. Algunos de ellos forman parte de las parroquias de Perpetua y Felícitas, así como de la parroquia Xoxocotlán.
Entrevistado brevemente, el pintor Francisco Toledo dice que la situación por la que atraviesa Oaxaca "nos hace vivir en un estado policíaco", y además "surrealista": el gobernador Ulises Ruiz comenzó a liberar a los presos políticos --hasta el viernes 22 habían recuperado su libertad 60--, y además está pagando las fianzas de los detenidos, que van de los 5 mil hasta los 250 mil pesos.
(Pedro Matías/APRO)
!!Fuera URO de Oaxaca !!
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