Estimados Amigos, ante un escenario posible en nuetra lucha, consideramos oportuno el comentario que hoy nos presenta Ricardo Alemán.
Como la ´Ley Cocopa´, se propone otra para la reforma del Estado
El Revolucionario, el único capaz de mediar entre PRD y Calderón
S i bien el 2 de julio pasado el viejo Partido Revolucionario Institucional sufrió la segunda derrota electoral presidencial consecutiva -fue vencido de manera simultánea en los años 2000 y 2006-, lo cierto es que en el sexenio por iniciar, el de Felipe Calderón, el PRI podría vivir en el mejor de los mundos. Claro, siempre y cuando se tome en cuenta que se trata de un partido derrotado y que el voto ciudadano lo mandó a un penoso tercer lugar en la geometría del sistema mexicano de partidos.
La lógica del poder supone que un partido político como el PRI, que fue echado del poder por los votantes, luego de siete décadas en el poder, y que en sólo seis años cayó al tercer lugar como fuerza política, enfrentaría la más severa crisis de su historia. Estaría viviendo en el peor de los mundos y se debatiría en la encrucijada de renovarse o morir. Sin embargo, por obra y gracia de la peculiar democracia electoral mexicana, el Revolucionario Institucional parece estar listo para convertirse no sólo en el "fiel de la balanza" del nuevo gobierno -a pesar de que no tiene en sus manos el Poder Ejecutivo y que sólo posee la tercera fuerza en el Congreso-, sino en el pasaporte indispensable para certificar el éxito o el fracaso del gobierno de Felipe Calderón.
Es decir, que la naciente administración de Calderón -que tiene el control del Poder Ejecutivo y la mayor de las minorías legislativas-, parece condenada a pactar con el PRI si y sólo si, es que quiere sacar sus reformas en el Congreso. Por absurdo que parezca, por ridículo que se antoje, el éxito o el fracaso del gobierno de Calderón estará en las manos del PRI, cuyo apoyo en San Lázaro y Xicoténcatl resultará vital para la segunda gestión consecutiva del Partido Acción Nacional en el gobierno federal.
Y es que según la composición que los electores decidieron para la 60 Legislatura del Congreso de la Unión -y luego de la polarización entre el PRD y el naciente gobierno federal-, el futuro presidente Calderón no podrá contar con el apoyo de la segunda fuerza en el Congreso, la izquierda representada por el PRD, y los votos de Acción Nacional son insuficientes para reformar siquiera una ley reglamentaria, ya no se diga la Constitución. El PAN representado en el Congreso sólo podrá ser operativo y lograr los cambios que se propone mediante una costosa alianza con el PRI, PVEM, Alternativa y Nueva Alianza. Sólo con la suma de los votos que esos partidos tienen en el Congreso se hará posible una mayoría simple -de 50% más uno de los legisladores en el Congreso-, o la mayoría calificada -de dos tercios más uno de los votos en el mismo Congreso-, indispensables para reformar la Carta Magna. En pocas palabras, el gobierno de Calderón está condenado a echarse "a los brazos" del PRI.
Una ley para hacer leyes
Y el mejor ejemplo del papel de privilegio que tendrá el PRI en el Congreso y en el éxito o el fracaso del gobierno de Calderón, es la iniciativa de "ley para la reforma del Estado", que ha propuesto el priísta Manlio Fabio Beltrones a todos los partidos al inicio de la 60 Legislatura. ¿Qué significa la "ley para la reforma del Estado"? De suyo el enunciado aparenta una aberración legislativa, ya que sugiere la creación de una ley para hacer leyes. Pero no, en el fondo se trata de un imaginativo ardid político, de una inteligente estratagema para salvar precisamente las diferencias entre distintas fuerzas políticas, como es el caso de la polarización entre el PRD y el gobierno de Calderón.
Pero tampoco es una novedad -y aquí es donde aparece el hilo fino de la iniciativa, además de su origen y destino-, ya que quien pretenda localizar algún antecedente de la propuesta de "ley para la reforma del Estado" en el aporreado sistema político mexicano sólo tendrá que acudir a los antecedentes de la negociación política de los gobiernos de Salinas y Zedillo con el EZLN para encontrar caminos a la paz en Chiapas. Ese esfuerzo negociador partió de la llamada Ley Cocopa -Ley de Concordia y Pacificación en Chiapas-, que fue aprobada por todos los partidos y que obligó a las partes a encontrar una solución del conflicto en el Poder Legislativo. Es decir, el Congreso como territorio privilegiado para la solución de controversias.
En el fondo, la "ley para la reforma del Estado" pretende ser un instrumento para que las reformas política y electoral que reclaman todos los partidos y la sociedad en su conjunto se hagan realidad, a pesar de la delirante polarización en la que iniciará el gobierno de Calderón, de la división entre el propio gobierno calderonista y el PRD, y de conflictos como el de Oaxaca, que serán una "herencia maldita" no sólo para la gestión federal que inicia, sino para el sistema político todo. El hilo fino del asunto es que el equipo más cercano al "legítimo" López Obrador, en especial el ex salinista Manuel Camacho, reclamaron al PRI una "salida digna" para participar desde el Congreso en las reformas que serán impulsadas en el nuevo régimen.
Camacho entendió que la polarización resultante de la contienda electoral del 2 de julio pasado, y conflictos como el de Oaxaca, hacían imposible una colaboración directa del PRD y de su poderosa segunda posición en el Congreso con el nuevo gobierno. Pensar en una colaboración así era lo más parecido a aceptar la derrota y hasta correr el riesgo de ser arrollado. Pero al mismo tiempo, una negativa abierta a participar en las reformas propuestas por el nuevo gobierno colocaría al partido de la izquierda institucional no sólo fuera de las reformas sino al margen de la política, lo que sería suicida para sus afanes políticos y para futuros procesos electorales. Por eso el propio Camacho -quien con otros operadores políticos fue el artífice de la Ley Cocopa-, propuso al PRI la elaboración y cabildeo de la "ley para la reforma del Estado".
La génesis política de la estrategia parte de una lógica política que parece impecable. Es decir, que ante la certeza de que el PRD rechazaría de manera sistemática, y por razones de orgullo político, toda iniciativa de reformas político-electorales presentadas por el gobierno de Calderón, se debía encontrar un camino de conciliación. En sentido contrario, está claro que el gobierno de Calderón se opondría a toda reforma político-electoral presentada por el PRD. Sin embargo, en su calidad de "fiel de la balanza", el PRI sería el único partido capaz de proponer una reforma que pudiera ser aceptada por el PAN y por el PRD, de tal suerte que quede a salvo el problema de la polarización.
De la ´Ley Cocopa´ a la reforma del Estado
Pero el paso verdaderamente importante -antes de las reformas político-electorales-, debía ser el de aprobar por consenso, como paso previo a esas reformas, una "ley" para hacerlas posible. En pocas palabras, que la "ley para la reforma del Estado" podría ser un territorio neutral al de las batallas del gobierno de Calderón y el PRD. Pero además sería un marco legal que obligaría a las partes -incluidos precisamente el gobierno de Calderón y el PRD-, a sacar adelante todos aquellos elementos de esa reforma en los que existen coincidencias -que son la mayoría de las reformas propuestas por todos-, y que debieran ser resueltas en un tiempo límite, no mayor a un año. La Ley Cocopa fue una ley para concordia y la pacificación en Chiapas; una reglamentación que obligaba a las partes -más allá de las diferencias políticas e ideológicas-, a crear las condiciones para la paz. La "ley para la reforma del Estado" será una ley para que en un tiempo límite, se avance en esa reforma, más allá de la polarización.
Como queda claro, las reformas fundamentales para un gobierno como el de Calderón -que contribuirían a la legitimación política y social del nuevo gobierno-, sólo serán posibles mediante la intermediación del PRI representado en el Congreso. El PRI no sólo será indispensable para la eficacia y legitimidad del gobierno de Calderón, sino que será factor de equilibrio, normalización política y estabilidad de todo el sistema. Por eso se puede asegurar que la administración de Calderón estará, a querer o no, en brazos del PRI. Claro, si es que el gobierno de Calderón quiere pasar a la historia como un gobierno legítimo y exitoso, capaz de trascender la peligrosa polarización que se provocó por los apretados resultados del 2 de julio.
Y en ese resquicio es donde está el problema de fondo; el éxito o el fracaso de esa imaginativa propuesta. ¿Estará dispuesto el gobierno de Calderón, el PAN y el nuevo presidente a echarse en brazos del PRI? ¿Qué costo tendrá que pagar el gobierno de Calderón y su partido, el PAN? ¿Estarán dispuestos a pagar ese costo? ¿Aceptará el gobierno de Calderón que la paternidad de las reformas se quede en el Congreso y no en su círculo de influencia? La alianza del PAN con el PRI será necesaria e indispensable para que el nuevo gobierno pueda transitar por los caminos de la legitimidad y el éxito. De lo contrario, el de Calderón terminará en una réplica del gobierno de Vicente Fox; una gestión fallida, paralizada y de alto costo para la transición democrática y para la consolidación de la democracia electoral.
El PRD, arrinconado
Pero también para el PRD resultará indispensable el papel de "fiel de la balanza" que para todo el sistema político representa el PRI. No hay duda que para el PRD la "ley para la reforma del Estado" será una buena solución a la parálisis en la que se ha metido debido a su anunciada impugnación al gobierno de Calderón y a su urgencia de incorporarse a las reformas indispensables para la normalización de la vida político-electoral mexicana. Esa sería la "salida digna" que reclamó Manuel Camacho al PRI, para evitar que la polarización política se traduzca en un fracaso para todos, no sólo para el gobierno de Calderón, sino para el exitoso crecimiento político electoral del PRD. Sin embargo, existen muchas preguntas aún sin respuesta.
¿Estará dispuesto el "legítimo" López Obrador a reconocer esa vía de solución como un camino válido? La "ley para la reforma del Estado" y su éxito dependerán de la grandeza de los actores políticos mexicanos, del sistema político en general, incluido el PRD, el "legítimo" y la nueva formación política que gestaron el PRD, PT y Convergencia; el llamado Frente Amplio Progresista. Parece contradictorio, si no es que hasta un signo de esquizofrenia política, que por un lado el señor López Obrador insista en su ridículo "gobierno legítimo", que se propone derribar al "espurio" gobierno de Calderón, y que por otro lado el PRD decida aceptar la "ley para la reforma del Estado".
Esos caminos separados, contradictorios y cuyos objetivos parecen opuestos permiten suponer que el PRD ha entrado en un camino de división sin regreso. Está claro, para todo el que quiera verlo, que más allá de los discursos y de los desplantes mediáticos, en la práctica se produce una división entre los métodos y los objetivos del "gobierno legítimo" de AMLO y los objetivos y métodos de los centros reales de poder del PRD. Por las razones propias de la institucionalidad que les da origen y legitimidad, las bancadas de la izquierda institucional en el Congreso y los gobiernos estatales de ese partido, no pueden salir del circuito de la negociación política y de las reformas urgentes que reclaman todos, en tanto que el "itinerante" gobierno de López Obrador caminará en sentido contrario.
¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Todas las señales apuntan a que al final del camino el señor López Obrador le apostará a la creación de su propio partido -cuyo registro como parte de la institucionalidad se lo dará el PT o Convergencia-, para competir con esa nueva fuerza en las elecciones federales de 2009 y en las presidenciales de 2012, en tanto que el PRD intentará retomar su propio espacio como partido de la revolución democrática, que es su origen y será su destino. En pocas palabras, que en la medida que el PRD avance por el camino de las reformas político- electorales en su espacio de privilegio -que es el Congreso y sus gobiernos estatales-, en esa medida se alejará del movimiento social que encabezará López Obrador.
Pero existe otro problema, que no es menor y que en el próximo sexenio podrá alterar todas las previsiones respecto de la izquierda institucional. Nos referimos al poder real que significa el Gobierno del Distrito Federal, que a partir del 5 de diciembre estará en manos de la más pura herencia salinista; es decir, esa que representan Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno, y su padre político, Manuel Camacho, quien junto con Manlio Fabio Beltrones son los artífices de la iniciativa de "ley para la reforma del Estado". Por lo pronto Manuel Camacho y la mayoría de los suyos no formaron parte del "gabinete" del "legítimo", lo que muestra una sutil, pero significativa diferencia. Porque el camachismo parece dispuesto a la negociación y el acuerdo, a la reforma del Estado, y porque tarde o temprano el gobierno de Ebrard establecerá acuerdos con el nuevo gobierno de Calderón.
Al final de cuentas parece inevitable la separación de López Obrador del que fuera su partido, el PRD, sobre todo porque el tiempo por venir será en ese partido el tiempo de Los Chuchos, un grupo político que es producto de la negociación, el acuerdo y hasta la transa. Y si no, al tiempo.
aleman2@prodigy.net.mx
Como la ´Ley Cocopa´, se propone otra para la reforma del Estado
El Revolucionario, el único capaz de mediar entre PRD y Calderón
S i bien el 2 de julio pasado el viejo Partido Revolucionario Institucional sufrió la segunda derrota electoral presidencial consecutiva -fue vencido de manera simultánea en los años 2000 y 2006-, lo cierto es que en el sexenio por iniciar, el de Felipe Calderón, el PRI podría vivir en el mejor de los mundos. Claro, siempre y cuando se tome en cuenta que se trata de un partido derrotado y que el voto ciudadano lo mandó a un penoso tercer lugar en la geometría del sistema mexicano de partidos.
La lógica del poder supone que un partido político como el PRI, que fue echado del poder por los votantes, luego de siete décadas en el poder, y que en sólo seis años cayó al tercer lugar como fuerza política, enfrentaría la más severa crisis de su historia. Estaría viviendo en el peor de los mundos y se debatiría en la encrucijada de renovarse o morir. Sin embargo, por obra y gracia de la peculiar democracia electoral mexicana, el Revolucionario Institucional parece estar listo para convertirse no sólo en el "fiel de la balanza" del nuevo gobierno -a pesar de que no tiene en sus manos el Poder Ejecutivo y que sólo posee la tercera fuerza en el Congreso-, sino en el pasaporte indispensable para certificar el éxito o el fracaso del gobierno de Felipe Calderón.
Es decir, que la naciente administración de Calderón -que tiene el control del Poder Ejecutivo y la mayor de las minorías legislativas-, parece condenada a pactar con el PRI si y sólo si, es que quiere sacar sus reformas en el Congreso. Por absurdo que parezca, por ridículo que se antoje, el éxito o el fracaso del gobierno de Calderón estará en las manos del PRI, cuyo apoyo en San Lázaro y Xicoténcatl resultará vital para la segunda gestión consecutiva del Partido Acción Nacional en el gobierno federal.
Y es que según la composición que los electores decidieron para la 60 Legislatura del Congreso de la Unión -y luego de la polarización entre el PRD y el naciente gobierno federal-, el futuro presidente Calderón no podrá contar con el apoyo de la segunda fuerza en el Congreso, la izquierda representada por el PRD, y los votos de Acción Nacional son insuficientes para reformar siquiera una ley reglamentaria, ya no se diga la Constitución. El PAN representado en el Congreso sólo podrá ser operativo y lograr los cambios que se propone mediante una costosa alianza con el PRI, PVEM, Alternativa y Nueva Alianza. Sólo con la suma de los votos que esos partidos tienen en el Congreso se hará posible una mayoría simple -de 50% más uno de los legisladores en el Congreso-, o la mayoría calificada -de dos tercios más uno de los votos en el mismo Congreso-, indispensables para reformar la Carta Magna. En pocas palabras, el gobierno de Calderón está condenado a echarse "a los brazos" del PRI.
Una ley para hacer leyes
Y el mejor ejemplo del papel de privilegio que tendrá el PRI en el Congreso y en el éxito o el fracaso del gobierno de Calderón, es la iniciativa de "ley para la reforma del Estado", que ha propuesto el priísta Manlio Fabio Beltrones a todos los partidos al inicio de la 60 Legislatura. ¿Qué significa la "ley para la reforma del Estado"? De suyo el enunciado aparenta una aberración legislativa, ya que sugiere la creación de una ley para hacer leyes. Pero no, en el fondo se trata de un imaginativo ardid político, de una inteligente estratagema para salvar precisamente las diferencias entre distintas fuerzas políticas, como es el caso de la polarización entre el PRD y el gobierno de Calderón.
Pero tampoco es una novedad -y aquí es donde aparece el hilo fino de la iniciativa, además de su origen y destino-, ya que quien pretenda localizar algún antecedente de la propuesta de "ley para la reforma del Estado" en el aporreado sistema político mexicano sólo tendrá que acudir a los antecedentes de la negociación política de los gobiernos de Salinas y Zedillo con el EZLN para encontrar caminos a la paz en Chiapas. Ese esfuerzo negociador partió de la llamada Ley Cocopa -Ley de Concordia y Pacificación en Chiapas-, que fue aprobada por todos los partidos y que obligó a las partes a encontrar una solución del conflicto en el Poder Legislativo. Es decir, el Congreso como territorio privilegiado para la solución de controversias.
En el fondo, la "ley para la reforma del Estado" pretende ser un instrumento para que las reformas política y electoral que reclaman todos los partidos y la sociedad en su conjunto se hagan realidad, a pesar de la delirante polarización en la que iniciará el gobierno de Calderón, de la división entre el propio gobierno calderonista y el PRD, y de conflictos como el de Oaxaca, que serán una "herencia maldita" no sólo para la gestión federal que inicia, sino para el sistema político todo. El hilo fino del asunto es que el equipo más cercano al "legítimo" López Obrador, en especial el ex salinista Manuel Camacho, reclamaron al PRI una "salida digna" para participar desde el Congreso en las reformas que serán impulsadas en el nuevo régimen.
Camacho entendió que la polarización resultante de la contienda electoral del 2 de julio pasado, y conflictos como el de Oaxaca, hacían imposible una colaboración directa del PRD y de su poderosa segunda posición en el Congreso con el nuevo gobierno. Pensar en una colaboración así era lo más parecido a aceptar la derrota y hasta correr el riesgo de ser arrollado. Pero al mismo tiempo, una negativa abierta a participar en las reformas propuestas por el nuevo gobierno colocaría al partido de la izquierda institucional no sólo fuera de las reformas sino al margen de la política, lo que sería suicida para sus afanes políticos y para futuros procesos electorales. Por eso el propio Camacho -quien con otros operadores políticos fue el artífice de la Ley Cocopa-, propuso al PRI la elaboración y cabildeo de la "ley para la reforma del Estado".
La génesis política de la estrategia parte de una lógica política que parece impecable. Es decir, que ante la certeza de que el PRD rechazaría de manera sistemática, y por razones de orgullo político, toda iniciativa de reformas político-electorales presentadas por el gobierno de Calderón, se debía encontrar un camino de conciliación. En sentido contrario, está claro que el gobierno de Calderón se opondría a toda reforma político-electoral presentada por el PRD. Sin embargo, en su calidad de "fiel de la balanza", el PRI sería el único partido capaz de proponer una reforma que pudiera ser aceptada por el PAN y por el PRD, de tal suerte que quede a salvo el problema de la polarización.
De la ´Ley Cocopa´ a la reforma del Estado
Pero el paso verdaderamente importante -antes de las reformas político-electorales-, debía ser el de aprobar por consenso, como paso previo a esas reformas, una "ley" para hacerlas posible. En pocas palabras, que la "ley para la reforma del Estado" podría ser un territorio neutral al de las batallas del gobierno de Calderón y el PRD. Pero además sería un marco legal que obligaría a las partes -incluidos precisamente el gobierno de Calderón y el PRD-, a sacar adelante todos aquellos elementos de esa reforma en los que existen coincidencias -que son la mayoría de las reformas propuestas por todos-, y que debieran ser resueltas en un tiempo límite, no mayor a un año. La Ley Cocopa fue una ley para concordia y la pacificación en Chiapas; una reglamentación que obligaba a las partes -más allá de las diferencias políticas e ideológicas-, a crear las condiciones para la paz. La "ley para la reforma del Estado" será una ley para que en un tiempo límite, se avance en esa reforma, más allá de la polarización.
Como queda claro, las reformas fundamentales para un gobierno como el de Calderón -que contribuirían a la legitimación política y social del nuevo gobierno-, sólo serán posibles mediante la intermediación del PRI representado en el Congreso. El PRI no sólo será indispensable para la eficacia y legitimidad del gobierno de Calderón, sino que será factor de equilibrio, normalización política y estabilidad de todo el sistema. Por eso se puede asegurar que la administración de Calderón estará, a querer o no, en brazos del PRI. Claro, si es que el gobierno de Calderón quiere pasar a la historia como un gobierno legítimo y exitoso, capaz de trascender la peligrosa polarización que se provocó por los apretados resultados del 2 de julio.
Y en ese resquicio es donde está el problema de fondo; el éxito o el fracaso de esa imaginativa propuesta. ¿Estará dispuesto el gobierno de Calderón, el PAN y el nuevo presidente a echarse en brazos del PRI? ¿Qué costo tendrá que pagar el gobierno de Calderón y su partido, el PAN? ¿Estarán dispuestos a pagar ese costo? ¿Aceptará el gobierno de Calderón que la paternidad de las reformas se quede en el Congreso y no en su círculo de influencia? La alianza del PAN con el PRI será necesaria e indispensable para que el nuevo gobierno pueda transitar por los caminos de la legitimidad y el éxito. De lo contrario, el de Calderón terminará en una réplica del gobierno de Vicente Fox; una gestión fallida, paralizada y de alto costo para la transición democrática y para la consolidación de la democracia electoral.
El PRD, arrinconado
Pero también para el PRD resultará indispensable el papel de "fiel de la balanza" que para todo el sistema político representa el PRI. No hay duda que para el PRD la "ley para la reforma del Estado" será una buena solución a la parálisis en la que se ha metido debido a su anunciada impugnación al gobierno de Calderón y a su urgencia de incorporarse a las reformas indispensables para la normalización de la vida político-electoral mexicana. Esa sería la "salida digna" que reclamó Manuel Camacho al PRI, para evitar que la polarización política se traduzca en un fracaso para todos, no sólo para el gobierno de Calderón, sino para el exitoso crecimiento político electoral del PRD. Sin embargo, existen muchas preguntas aún sin respuesta.
¿Estará dispuesto el "legítimo" López Obrador a reconocer esa vía de solución como un camino válido? La "ley para la reforma del Estado" y su éxito dependerán de la grandeza de los actores políticos mexicanos, del sistema político en general, incluido el PRD, el "legítimo" y la nueva formación política que gestaron el PRD, PT y Convergencia; el llamado Frente Amplio Progresista. Parece contradictorio, si no es que hasta un signo de esquizofrenia política, que por un lado el señor López Obrador insista en su ridículo "gobierno legítimo", que se propone derribar al "espurio" gobierno de Calderón, y que por otro lado el PRD decida aceptar la "ley para la reforma del Estado".
Esos caminos separados, contradictorios y cuyos objetivos parecen opuestos permiten suponer que el PRD ha entrado en un camino de división sin regreso. Está claro, para todo el que quiera verlo, que más allá de los discursos y de los desplantes mediáticos, en la práctica se produce una división entre los métodos y los objetivos del "gobierno legítimo" de AMLO y los objetivos y métodos de los centros reales de poder del PRD. Por las razones propias de la institucionalidad que les da origen y legitimidad, las bancadas de la izquierda institucional en el Congreso y los gobiernos estatales de ese partido, no pueden salir del circuito de la negociación política y de las reformas urgentes que reclaman todos, en tanto que el "itinerante" gobierno de López Obrador caminará en sentido contrario.
¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Todas las señales apuntan a que al final del camino el señor López Obrador le apostará a la creación de su propio partido -cuyo registro como parte de la institucionalidad se lo dará el PT o Convergencia-, para competir con esa nueva fuerza en las elecciones federales de 2009 y en las presidenciales de 2012, en tanto que el PRD intentará retomar su propio espacio como partido de la revolución democrática, que es su origen y será su destino. En pocas palabras, que en la medida que el PRD avance por el camino de las reformas político- electorales en su espacio de privilegio -que es el Congreso y sus gobiernos estatales-, en esa medida se alejará del movimiento social que encabezará López Obrador.
Pero existe otro problema, que no es menor y que en el próximo sexenio podrá alterar todas las previsiones respecto de la izquierda institucional. Nos referimos al poder real que significa el Gobierno del Distrito Federal, que a partir del 5 de diciembre estará en manos de la más pura herencia salinista; es decir, esa que representan Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno, y su padre político, Manuel Camacho, quien junto con Manlio Fabio Beltrones son los artífices de la iniciativa de "ley para la reforma del Estado". Por lo pronto Manuel Camacho y la mayoría de los suyos no formaron parte del "gabinete" del "legítimo", lo que muestra una sutil, pero significativa diferencia. Porque el camachismo parece dispuesto a la negociación y el acuerdo, a la reforma del Estado, y porque tarde o temprano el gobierno de Ebrard establecerá acuerdos con el nuevo gobierno de Calderón.
Al final de cuentas parece inevitable la separación de López Obrador del que fuera su partido, el PRD, sobre todo porque el tiempo por venir será en ese partido el tiempo de Los Chuchos, un grupo político que es producto de la negociación, el acuerdo y hasta la transa. Y si no, al tiempo.
aleman2@prodigy.net.mx
!! Sufragio Efectivo No Imposición !!
!! AMLO Presidente Legitimo de los Mexicanos !!
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