Enviado el Friday, 08 December a las 15:34:23 por apia
MEXICO, D.F., Diciembre 2006 (LA JORNADA/APRO).-
En ocho días de gobierno, Felipe Calderón no ha hecho público cómo cumplirá con la obligación internacional del Estado mexicano de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos para los mexicanos, actitud que es motivo de "seria preocupación", aseguró Amnistía Internacional (AI).
Por ello, la organización indicó, en una declaratoria pública, que la forma en que la administración calderonista atiende la crisis de Oaxaca "será una señal clara de su compromiso en la materia".
Destacó que si bien es responsabilidad de las autoridades garantizar el orden público y procesar a las personas implicadas en actos de violencia, esas medidas deben apegarse a los derechos humanos; obligación que, en el caso de Oaxaca, no se ha cumplido pues los tres órdenes de gobierno "están implicados en violaciones" a esas garantías sin que hasta ahora se hayan iniciado procedimientos para llevar a los responsables ante la justicia.
En ese sentido, AI exhortó al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien será responsable de atender la problemática en la entidad, a "no asumir su nuevo cargo con la misma falta de compromiso con los derechos humanos como lo hizo cuando gobernó Jalisco", cuando desechó las investigaciones de la CNDH y de organismos internacionales y nacionales sobre los acontecimientos del 28 de mayo durante la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, donde se presentaron detenciones arbitrarias, tortura y juicios injustos contra quienes se manifestaban contra esa reunión, hechos que, consideró AI, "quedaron en la impunidad".
El organismo internacional de defensa de las garantías fundamentales subrayó que si el nuevo encargado de la política interna del país asume una postura similar frente a la crisis en Oaxaca, "sería inaceptable y mandaría un claro mensaje sobre la falta de compromiso real de este gobierno (el de Calderón) en materia de derechos humanos".
Mientras, ante la evidente criminalización de la movilización social, Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, advirtió hoy que, de ser ciertas las violaciones a las garantías más elementales en el Estado de Oaxaca e, incluso, las prácticas de tortura, se regresaría al país 30 años atrás en cuanto al respeto a los derechos humanos.
Dijo que, aunque estos hechos no son de su competencia para investigarlos, sí lo son de su preocupación y "profunda indignación".
Más aún, los calificó como "un mal muy inicio" de la nueva administración federal, encabezada por el presidente Felipe Calderón.
Luego de afirmar que ha recibido un sinnúmero de quejas al respecto, Alvarez Icaza reveló que muchos de los perseguidos se han tenido que refugiar en el Distrito Federal, a raíz de las campañas de odio generadas en esa Entidad.
Incluso, las comparó con hechos sucedidos en otros países con pocos avances en materia de defensa de los Derechos Humanos.
MEXICO, D.F., Diciembre 2006 (LA JORNADA/APRO).-
En ocho días de gobierno, Felipe Calderón no ha hecho público cómo cumplirá con la obligación internacional del Estado mexicano de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos para los mexicanos, actitud que es motivo de "seria preocupación", aseguró Amnistía Internacional (AI).
Por ello, la organización indicó, en una declaratoria pública, que la forma en que la administración calderonista atiende la crisis de Oaxaca "será una señal clara de su compromiso en la materia".
Destacó que si bien es responsabilidad de las autoridades garantizar el orden público y procesar a las personas implicadas en actos de violencia, esas medidas deben apegarse a los derechos humanos; obligación que, en el caso de Oaxaca, no se ha cumplido pues los tres órdenes de gobierno "están implicados en violaciones" a esas garantías sin que hasta ahora se hayan iniciado procedimientos para llevar a los responsables ante la justicia.
En ese sentido, AI exhortó al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien será responsable de atender la problemática en la entidad, a "no asumir su nuevo cargo con la misma falta de compromiso con los derechos humanos como lo hizo cuando gobernó Jalisco", cuando desechó las investigaciones de la CNDH y de organismos internacionales y nacionales sobre los acontecimientos del 28 de mayo durante la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, donde se presentaron detenciones arbitrarias, tortura y juicios injustos contra quienes se manifestaban contra esa reunión, hechos que, consideró AI, "quedaron en la impunidad".
El organismo internacional de defensa de las garantías fundamentales subrayó que si el nuevo encargado de la política interna del país asume una postura similar frente a la crisis en Oaxaca, "sería inaceptable y mandaría un claro mensaje sobre la falta de compromiso real de este gobierno (el de Calderón) en materia de derechos humanos".
Mientras, ante la evidente criminalización de la movilización social, Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, advirtió hoy que, de ser ciertas las violaciones a las garantías más elementales en el Estado de Oaxaca e, incluso, las prácticas de tortura, se regresaría al país 30 años atrás en cuanto al respeto a los derechos humanos.
Dijo que, aunque estos hechos no son de su competencia para investigarlos, sí lo son de su preocupación y "profunda indignación".
Más aún, los calificó como "un mal muy inicio" de la nueva administración federal, encabezada por el presidente Felipe Calderón.
Luego de afirmar que ha recibido un sinnúmero de quejas al respecto, Alvarez Icaza reveló que muchos de los perseguidos se han tenido que refugiar en el Distrito Federal, a raíz de las campañas de odio generadas en esa Entidad.
Incluso, las comparó con hechos sucedidos en otros países con pocos avances en materia de defensa de los Derechos Humanos.
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