La destrucción de varios inmuebles, entre ellos el edificio del Tribunal Superior de Justicia y la sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, que los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca niegan haber realizado, parece haber sido cuidadosamente planeada para asestar el golpe final a esa organización, y con eso consolidar al gobernador Ulises Ruiz.
Después del vitando vandalismo del 25 de noviembre (que recuerda, toda proporción guardada, el incendio del Reichstag de Berlín por los nazis, para culpar a los comunistas y lanzar sobre ellos la represión), la Policía Federal Preventiva concentró su esfuerzo en la detención de decenas de personas. Muchos de ellos no tienen nada que ver con el conflicto iniciado hace más de seis meses y no fueron detenidos en flagrancia, y sin embargo quedaron incluidos en el grupo de 141 personas, capturados por la PFP entre el sábado de marras y el lunes siguiente y deportados al penal de San José del Rincón, en el lejano Nayarit, como si fueran reos de alta peligrosidad. No se les había dictado orden de aprehensión y menos aun se había iniciado proceso en su contra y, sin embargo, se les aplicó bajo el disfraz de una mera operación administrativa solicitada por la Secretaría de Protección Civil oaxaqueña, una pena que equivale a un secuestro. Al día siguiente de la deportación masiva, aplicada sin considerar en lo absoluto los derechos humanos de los detenidos, fue capturado Érick Sosa, hermano menor de Flavio Sosa, uno de los más conspicuos dirigentes de la APPO. Aunque quizá se le confundió con otro miembro de la familia, pues él es ajeno a las movilizaciones, también se le asestó trato de peligroso delincuente y se le remitió al penal de alta seguridad de Matamoros.
Esas operaciones policiacas obligaron a varios dirigentes de la APPO a guarecerse en un anexo del Templo de la Virgen de los Pobres, y el jueves salieron subrepticiamente de Oaxaca, rumbo a la ciudad de México. Flavio Sosa y Marcelino Coache, que han figurado entre los líderes más presentes, así como otro hermano de Sosa, Horacio, y Juan García Maldonado, fueron detenidos por la PFP en la Ciudad de México anteanoche, y de inmediato los Sosa fueron trasladados a la cárcel federal de Almoloya. Para que nadie piense que no ha habido reforma penitenciaria en México, el penal donde quedaron recluídos, que antaño era identificado con el nombre del municipio mexiquense donde fue construido, se llamó después La Palma, pero ahora deber mencionado como Altiplano.
Hay una desproporción entre las conductas que se atribuyen a Flavio Sosa y su actual situación. Previamente se desató en su contra una campaña de linchamiento moral, con base en la versatilidad de sus opiniones políticas, pues ha pasado de ser promotor del voto útil favorable a Fox, partidario de la candidatura presidencial del Dr. Simi en el partido Alternativa (por lo que Patricia Mercado, a quien se la debía, se ha encargado de cobrársela ahora) y luego militante de la corriente de los Chuchos en el PRD, Nueva Izquierda. Por deleznable que parezcan esas y otras veleidades, es claro que se las hizo públicas para preparar su detención pues, juez anticipado, el jefe del Estado Mayor de la PFP, general Ardelio Vargas Fosado, "se acabó la tolerancia".
Es posible que haya quien suponga que el conflicto oaxaqueño está liquidado. Y hasta es posible que en efecto haya concluido con una victoria de Ulises Ruiz, cuya deposición es reclamada desde poco después del 14 de junio, cuando su policía asaltó el plantón magisterial erigido en el centro oaxaqueño desde el 22 de mayo anterior. Los miembros de la Sección 22 retornaron a las aulas, en parte fatigados por la prolongada movilización, en parte amenazados desde el comité nacional del SNTE por la creación de otra sección sindical y en parte por un genuino compromiso con la educación expresado en acuerdos con los padres de familia. La PFP, a lo largo de los 35 días en que ha permanecido en la capital del estado, se convirtió en autoridad única (que luego se dio el lujo de delegar sus funciones en las desconfiables y peligrosas policías locales) y eliminó ya hasta la última barricada y ha detenido y maltratado a innumerables personas como si se hubiesen allí suspendido las garantías individuales.
Al calor de esa restauración crece el terrorismo patrocinado por el gobierno local. Ya circulan con toda arrogancia, sin disimulo alguno las brigadas de civiles armados que en meses anteriores del conflicto realizaron varias graves agresiones. Ya se permiten atentados contra personas significativas: fue baleada la casa del pintor Francisco Toledo y un vehículo del sacerdote Carlos Franco Pérez Méndez fue también tiroteado a las afueras del templo donde el párroco oficiaba misa. El motivo de la agresión es la solidaridad de uno y otro con personas vejadas y aun heridas por las autoridades. El clérigo, vicario de pastoral social de la Arquidiócesis, fue amenazado por dos peligrosos locutores de una clandestina Radio Ciudadana que propone nombres de personas que deben ser castigadas.
Además de pretender escapar de las órdenes de aprehensión en su contra, Sosa esperaba participar en una mesa de diálogo con Gobernación que se aplazó durante una semana. O sea que la novedad en el trato de la APPO con los representantes de Gobernación es que los citan para ubicarlos y poder cumplir las órdenes de captura, en el afán por descabezar el movimiento y ponerle punto final.
Después del vitando vandalismo del 25 de noviembre (que recuerda, toda proporción guardada, el incendio del Reichstag de Berlín por los nazis, para culpar a los comunistas y lanzar sobre ellos la represión), la Policía Federal Preventiva concentró su esfuerzo en la detención de decenas de personas. Muchos de ellos no tienen nada que ver con el conflicto iniciado hace más de seis meses y no fueron detenidos en flagrancia, y sin embargo quedaron incluidos en el grupo de 141 personas, capturados por la PFP entre el sábado de marras y el lunes siguiente y deportados al penal de San José del Rincón, en el lejano Nayarit, como si fueran reos de alta peligrosidad. No se les había dictado orden de aprehensión y menos aun se había iniciado proceso en su contra y, sin embargo, se les aplicó bajo el disfraz de una mera operación administrativa solicitada por la Secretaría de Protección Civil oaxaqueña, una pena que equivale a un secuestro. Al día siguiente de la deportación masiva, aplicada sin considerar en lo absoluto los derechos humanos de los detenidos, fue capturado Érick Sosa, hermano menor de Flavio Sosa, uno de los más conspicuos dirigentes de la APPO. Aunque quizá se le confundió con otro miembro de la familia, pues él es ajeno a las movilizaciones, también se le asestó trato de peligroso delincuente y se le remitió al penal de alta seguridad de Matamoros.
Esas operaciones policiacas obligaron a varios dirigentes de la APPO a guarecerse en un anexo del Templo de la Virgen de los Pobres, y el jueves salieron subrepticiamente de Oaxaca, rumbo a la ciudad de México. Flavio Sosa y Marcelino Coache, que han figurado entre los líderes más presentes, así como otro hermano de Sosa, Horacio, y Juan García Maldonado, fueron detenidos por la PFP en la Ciudad de México anteanoche, y de inmediato los Sosa fueron trasladados a la cárcel federal de Almoloya. Para que nadie piense que no ha habido reforma penitenciaria en México, el penal donde quedaron recluídos, que antaño era identificado con el nombre del municipio mexiquense donde fue construido, se llamó después La Palma, pero ahora deber mencionado como Altiplano.
Hay una desproporción entre las conductas que se atribuyen a Flavio Sosa y su actual situación. Previamente se desató en su contra una campaña de linchamiento moral, con base en la versatilidad de sus opiniones políticas, pues ha pasado de ser promotor del voto útil favorable a Fox, partidario de la candidatura presidencial del Dr. Simi en el partido Alternativa (por lo que Patricia Mercado, a quien se la debía, se ha encargado de cobrársela ahora) y luego militante de la corriente de los Chuchos en el PRD, Nueva Izquierda. Por deleznable que parezcan esas y otras veleidades, es claro que se las hizo públicas para preparar su detención pues, juez anticipado, el jefe del Estado Mayor de la PFP, general Ardelio Vargas Fosado, "se acabó la tolerancia".
Es posible que haya quien suponga que el conflicto oaxaqueño está liquidado. Y hasta es posible que en efecto haya concluido con una victoria de Ulises Ruiz, cuya deposición es reclamada desde poco después del 14 de junio, cuando su policía asaltó el plantón magisterial erigido en el centro oaxaqueño desde el 22 de mayo anterior. Los miembros de la Sección 22 retornaron a las aulas, en parte fatigados por la prolongada movilización, en parte amenazados desde el comité nacional del SNTE por la creación de otra sección sindical y en parte por un genuino compromiso con la educación expresado en acuerdos con los padres de familia. La PFP, a lo largo de los 35 días en que ha permanecido en la capital del estado, se convirtió en autoridad única (que luego se dio el lujo de delegar sus funciones en las desconfiables y peligrosas policías locales) y eliminó ya hasta la última barricada y ha detenido y maltratado a innumerables personas como si se hubiesen allí suspendido las garantías individuales.
Al calor de esa restauración crece el terrorismo patrocinado por el gobierno local. Ya circulan con toda arrogancia, sin disimulo alguno las brigadas de civiles armados que en meses anteriores del conflicto realizaron varias graves agresiones. Ya se permiten atentados contra personas significativas: fue baleada la casa del pintor Francisco Toledo y un vehículo del sacerdote Carlos Franco Pérez Méndez fue también tiroteado a las afueras del templo donde el párroco oficiaba misa. El motivo de la agresión es la solidaridad de uno y otro con personas vejadas y aun heridas por las autoridades. El clérigo, vicario de pastoral social de la Arquidiócesis, fue amenazado por dos peligrosos locutores de una clandestina Radio Ciudadana que propone nombres de personas que deben ser castigadas.
Además de pretender escapar de las órdenes de aprehensión en su contra, Sosa esperaba participar en una mesa de diálogo con Gobernación que se aplazó durante una semana. O sea que la novedad en el trato de la APPO con los representantes de Gobernación es que los citan para ubicarlos y poder cumplir las órdenes de captura, en el afán por descabezar el movimiento y ponerle punto final.
!!AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario