Rebelión
Diego Cevallos
IPS
"No nos han vencido, seguimos fuertes y pronto lo demostraremos", advirtió tajante este jueves uno de los líderes de la rebelión social en el estado mexicano de Oaxaca, donde murieron unas 20 personas, otras 50 están desaparecidas y 250 han sido encarceladas.
Empero, analistas insisten que, tras seis meses de acciones y la intensificación de la represión, la protesta social pierde oxígeno.
"La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) está activa y lo demostrará con una gigantesca manifestación", que se realizará en próximo domingo en la meridional capital estadual de igual nombre, dijo con énfasis a IPS Florentino López, uno de los dirigentes sociales que vive a salto de mata, pues sobre él pesa una orden de detención.
A esa marcha se sumarán organizaciones defensoras de los derechos humanos, personalidades del mundo del arte, la cultura y la academia y el izquierdista Frente Amplio Progresista, que agrupa a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, opositores al gobierno nacional tras la figura del frustrado candidato presidencial Andrés López Obrador.
El flamante gobierno nacional del conservador Felipe Calderón abrió el diálogo con los rebeldes al comienzo de esta semana, apenas horas después de que fue detenido y enviado a una cárcel de alta seguridad Flavio Sosa, un líder de los más visibles de la APPO.
"Con la represión parece que la calma regresó y hasta que nos vencieron, pero no hay que engañarse, como lo hacen algunos expertos políticos que evalúan todo desde sus escritorios. La mecha aquí sigue encendida", aseguró López.
"La paz que proclaman es engañosa", añadió en conversación vía teléfono celular con IPS.
La referencia se relaciona con la denuncia de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, de que en Oaxaca hay un estado policial y grupos armados irregulares de represión actuando con total impunidad.
Oaxaca es escenario en los últimos seis meses de una rebelión social cuyo objetivo central fue lograr la destitución del gobernador Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de déspota y corrupto.
Sin embargo, desde que Calderón asumió la presidencia de México, el 1 de este mes, en ese estado sureño parece haber relativa tranquilidad. "Es la paz de la represión y el uso de la fuerza", sostuvo López.
Edgar Cortez, secretario de la Red Todos los Derechos para Todos, que reúne a organizaciones humanitarias locales, comentó a IPS que la detención de Sosa y otros dirigentes es posible que obligue necesariamente al movimiento social de Oaxaca a dirigir su atención hacia su defensa jurídica.
A su entender, la intención de Calderón es debilitar a la APPO y no atender sus demandas. Pero las opiniones difieren entre los observadores. Con la detención de Sosa, el nuevo gobierno mandó la señal que de que no habrá contemplaciones con quienes violen la ley, aunque sean movimientos que hablan de justicia, como la APPO, opinó el politólogo Leo Zuckermann del privado Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Para Miguel Granados, columnista de la revista Proceso y del diario Reforma, Oaxaca "vive un estado de excepción", con la policía como el principal poder y la circulación de brigadas civiles armadas, lo que ha consolidado de facto al gobernador Ruiz.
"Es posible que haya quien suponga que el conflicto oaxaqueño está liquidado. Y hasta es posible que en efecto haya concluido con una victoria de Ruiz", sostuvo Granados.
La última movilización de envergadura realizada por la APPO fue el 25 de noviembre. En esa fecha se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y activistas, así como incendios en al menos 15 edificios, entre ellos el del Tribunal de Justicia, el antiquísimo Teatro Juárez y las oficinas locales de la cancillería.
La APPO recibió críticas duras por la supuesta participación de activistas suyo en actos de violencia, acusaciones que la asamblea social siempre rechazó y que atribuyó a provocadores. Desde entonces ya no hubo más choques.
Poco después, la APPO levantó las últimas barricadas que mantenía en la capital de Oaxaca, y que entre mayo y octubre paralizaron a esa ciudad. Además, entregó las instalaciones de la radioemisora Universidad que había tomado por la fuerza. De forma paralela avanzaron gran parte de las detenciones de miembros de ese grupo y se sumaron divisiones internas entre las más de 300 organizaciones que integran la APPO.
Al menos ocho de esos grupos, entre ellos algunos sindicatos locales, como el de los trabajadores de la universidad estatal Benito Juárez y del Seguro Social estatal, afirmaron que dentro de la APPO hay personas violenta que han rebasado a la dirigencia colectiva de la organización. Señalaron que seguirán participando en la APPO, "pero con cautela".
En las calles de Oaxaca todas las actividades se realizan bajo la vigilancia, cada vez más consolidada, de unos 5.000 policías federales que llegaron allí en octubre con el objetivo de poner fin a los enfrentamientos violentos y sofocar la rebelión.
Los profesores, que son parte central de la APPO, retornaron a clases hace ya varias semanas, la actividad comercial regresó poco a poco a sus cauces y el cuestionado gobernador Ruiz volvió a sus oficinas estatales al igual que la mayoría de sus colaboradores, los jueces y los legisladores locales.
"Pero no nos han vencido, las causas de la rebelión siguen intactas y la APPO volverá con fuerza", proclamó López.
El dirigente indicó que dialogarán con el gobierno de Calderón "a pesar de toda la represión, pues nosotros no somos ni intransigente ni violentos, aunque debo decir que nuestra demanda central, que es la salida del gobernador, no será levantada ni cambiada".
Además, "no debe olvidarse que los muertos, detenidos y torturados los ha puesto la APPO y que los culpables de la represión siguen impunes", expresó.
Miguel Álvarez, ex miembro de una comisión que medió en los años 90 entre el gobierno y el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional del vecino estado de Chiapas, opinó que el conflicto de Oaxaca rebasó a la APPO. "Ya no se tiene la misma fuerza ni el mismo soporte (por lo que), hay que depurar las filas y se más propositivos", declaró.
El PRI, que gobernó México desde 1929 a 2000, y que en Oaxaca cumple 77 años ininterrumpidos en la gobernación, domina en ese estado todos los Poderes del Estado.
La APPO acusa al gobernador Ruiz de reprimir a las fuerzas sociales, de actuar con autoritarismo y de arrestar y torturar a opositores.
El gobierno de Calderón no ha señalado con exactitud cuál es su postura frente al gobernador Ruiz, pero los legisladores de su sector, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), también sostienen que debe renunciar.
No obstante, esos mismos representantes oficialistas y lo del PRI son los que tienen la llave para destituirlo, mediante la declaración de la "desaparición de poderes en Oaxaca".
En octubre, una propuesta en ese sentido fracasó, precisamente, por los votos en contra del PRI y del PAN, bajo el argumento de que, aunque había un conflicto importante en Oaxaca, algunos poderes públicos sí operaban y que la rebelión se concentraba en la capital del estado.
Ahora el PRI no quiere ni volver a oír sobre una posible destitución de su gobernador.
Con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación y pobreza de México. En ese distrito están 150 de los 250 municipios más pobres del país. (FIN/2006)
Diego Cevallos
IPS
"No nos han vencido, seguimos fuertes y pronto lo demostraremos", advirtió tajante este jueves uno de los líderes de la rebelión social en el estado mexicano de Oaxaca, donde murieron unas 20 personas, otras 50 están desaparecidas y 250 han sido encarceladas.
Empero, analistas insisten que, tras seis meses de acciones y la intensificación de la represión, la protesta social pierde oxígeno.
"La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) está activa y lo demostrará con una gigantesca manifestación", que se realizará en próximo domingo en la meridional capital estadual de igual nombre, dijo con énfasis a IPS Florentino López, uno de los dirigentes sociales que vive a salto de mata, pues sobre él pesa una orden de detención.
A esa marcha se sumarán organizaciones defensoras de los derechos humanos, personalidades del mundo del arte, la cultura y la academia y el izquierdista Frente Amplio Progresista, que agrupa a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, opositores al gobierno nacional tras la figura del frustrado candidato presidencial Andrés López Obrador.
El flamante gobierno nacional del conservador Felipe Calderón abrió el diálogo con los rebeldes al comienzo de esta semana, apenas horas después de que fue detenido y enviado a una cárcel de alta seguridad Flavio Sosa, un líder de los más visibles de la APPO.
"Con la represión parece que la calma regresó y hasta que nos vencieron, pero no hay que engañarse, como lo hacen algunos expertos políticos que evalúan todo desde sus escritorios. La mecha aquí sigue encendida", aseguró López.
"La paz que proclaman es engañosa", añadió en conversación vía teléfono celular con IPS.
La referencia se relaciona con la denuncia de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, de que en Oaxaca hay un estado policial y grupos armados irregulares de represión actuando con total impunidad.
Oaxaca es escenario en los últimos seis meses de una rebelión social cuyo objetivo central fue lograr la destitución del gobernador Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de déspota y corrupto.
Sin embargo, desde que Calderón asumió la presidencia de México, el 1 de este mes, en ese estado sureño parece haber relativa tranquilidad. "Es la paz de la represión y el uso de la fuerza", sostuvo López.
Edgar Cortez, secretario de la Red Todos los Derechos para Todos, que reúne a organizaciones humanitarias locales, comentó a IPS que la detención de Sosa y otros dirigentes es posible que obligue necesariamente al movimiento social de Oaxaca a dirigir su atención hacia su defensa jurídica.
A su entender, la intención de Calderón es debilitar a la APPO y no atender sus demandas. Pero las opiniones difieren entre los observadores. Con la detención de Sosa, el nuevo gobierno mandó la señal que de que no habrá contemplaciones con quienes violen la ley, aunque sean movimientos que hablan de justicia, como la APPO, opinó el politólogo Leo Zuckermann del privado Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Para Miguel Granados, columnista de la revista Proceso y del diario Reforma, Oaxaca "vive un estado de excepción", con la policía como el principal poder y la circulación de brigadas civiles armadas, lo que ha consolidado de facto al gobernador Ruiz.
"Es posible que haya quien suponga que el conflicto oaxaqueño está liquidado. Y hasta es posible que en efecto haya concluido con una victoria de Ruiz", sostuvo Granados.
La última movilización de envergadura realizada por la APPO fue el 25 de noviembre. En esa fecha se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y activistas, así como incendios en al menos 15 edificios, entre ellos el del Tribunal de Justicia, el antiquísimo Teatro Juárez y las oficinas locales de la cancillería.
La APPO recibió críticas duras por la supuesta participación de activistas suyo en actos de violencia, acusaciones que la asamblea social siempre rechazó y que atribuyó a provocadores. Desde entonces ya no hubo más choques.
Poco después, la APPO levantó las últimas barricadas que mantenía en la capital de Oaxaca, y que entre mayo y octubre paralizaron a esa ciudad. Además, entregó las instalaciones de la radioemisora Universidad que había tomado por la fuerza. De forma paralela avanzaron gran parte de las detenciones de miembros de ese grupo y se sumaron divisiones internas entre las más de 300 organizaciones que integran la APPO.
Al menos ocho de esos grupos, entre ellos algunos sindicatos locales, como el de los trabajadores de la universidad estatal Benito Juárez y del Seguro Social estatal, afirmaron que dentro de la APPO hay personas violenta que han rebasado a la dirigencia colectiva de la organización. Señalaron que seguirán participando en la APPO, "pero con cautela".
En las calles de Oaxaca todas las actividades se realizan bajo la vigilancia, cada vez más consolidada, de unos 5.000 policías federales que llegaron allí en octubre con el objetivo de poner fin a los enfrentamientos violentos y sofocar la rebelión.
Los profesores, que son parte central de la APPO, retornaron a clases hace ya varias semanas, la actividad comercial regresó poco a poco a sus cauces y el cuestionado gobernador Ruiz volvió a sus oficinas estatales al igual que la mayoría de sus colaboradores, los jueces y los legisladores locales.
"Pero no nos han vencido, las causas de la rebelión siguen intactas y la APPO volverá con fuerza", proclamó López.
El dirigente indicó que dialogarán con el gobierno de Calderón "a pesar de toda la represión, pues nosotros no somos ni intransigente ni violentos, aunque debo decir que nuestra demanda central, que es la salida del gobernador, no será levantada ni cambiada".
Además, "no debe olvidarse que los muertos, detenidos y torturados los ha puesto la APPO y que los culpables de la represión siguen impunes", expresó.
Miguel Álvarez, ex miembro de una comisión que medió en los años 90 entre el gobierno y el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional del vecino estado de Chiapas, opinó que el conflicto de Oaxaca rebasó a la APPO. "Ya no se tiene la misma fuerza ni el mismo soporte (por lo que), hay que depurar las filas y se más propositivos", declaró.
El PRI, que gobernó México desde 1929 a 2000, y que en Oaxaca cumple 77 años ininterrumpidos en la gobernación, domina en ese estado todos los Poderes del Estado.
La APPO acusa al gobernador Ruiz de reprimir a las fuerzas sociales, de actuar con autoritarismo y de arrestar y torturar a opositores.
El gobierno de Calderón no ha señalado con exactitud cuál es su postura frente al gobernador Ruiz, pero los legisladores de su sector, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), también sostienen que debe renunciar.
No obstante, esos mismos representantes oficialistas y lo del PRI son los que tienen la llave para destituirlo, mediante la declaración de la "desaparición de poderes en Oaxaca".
En octubre, una propuesta en ese sentido fracasó, precisamente, por los votos en contra del PRI y del PAN, bajo el argumento de que, aunque había un conflicto importante en Oaxaca, algunos poderes públicos sí operaban y que la rebelión se concentraba en la capital del estado.
Ahora el PRI no quiere ni volver a oír sobre una posible destitución de su gobernador.
Con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación y pobreza de México. En ese distrito están 150 de los 250 municipios más pobres del país. (FIN/2006)
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