A propósito de los debates de las leyes de ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, los diputados tuvieron una oportunidad histórica de obligar al Poder Ejecutivo a volver a la forma de organización económica diseñada en 1917 por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en cambio, aprobaron casi sin modificaciones sustanciales, un instrumento --el gasto público-- que fue diseñado bajo las premisas del neoliberalismo, que son ajenas al espíritu y la letra --los preceptos-- de los mandatos de nuestra Carta Magna. No se trataba, aclárese, de modificar la Constitución, sino de insertar en las leyes presupuestales ciertos mecanismos para obligar al titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón a someterse a lo establecido por nuestro Texto Supremo, del cual se han alejado los gobiernos últimos, desde el de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón, pasando por los de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. La oportunidad se perdió y ésta no se materializará sino hasta diciembre del 2007, lapso durante el cual el calderonismo continuará las prácticas de los gobiernos anteriores de ir reduciendo las potestades constitucionales del Estado y ceder éstas a intereses particulares, mexicanos y extranjeros, que son exógenos a los del pueblo de México. Constitucionalmente, la economía de México es mixta y social. En los hechos, más allá de la Carta Fundamental, esa economía es una de capital, mercado y consumo, entreverados salvajemente, sin mecanismos regulatorios ni compensatorios de los terribles daños del capitalismo salvaje a los intereses sociales.
sábado, diciembre 23, 2006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario