“Quien no ha tenido
tribulaciones que soportar, es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad”.
San Agustín
Presentaron inoportuna “agenda anticorrupción”
“Perdonan” a Banamex mil 619 millones de pesos
Trasnacionales se niegan a pagar más impuestos
Cede Hacienda; darán más recursos a educación
Mientras que en la Cámara de Diputados los legisladores de oposición siguen concretando ajustes importantes al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20007, a través del cual el Presidente Felipe Calderón pretende gastar 2 billones 234 mil l374.7 millones de pesos, su equipo administrativo ha estado tan “ocupado” que no ha cumplido una de las principales banderas de campaña del ahora jefe del Ejecutivo Federal, la transparencia y la rendición de cuentas, y a la fecha no ha informado al pueblo mexicano del destino de los 150 millones de pesos de recursos públicos que le otorgaron al presidente electo para la etapa de transición.
A pesar de este “pequeño detalle”, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, al presentar la “agenda anticorrupción” de la nueva administración federal, propuso este fin de semana sentar en la Constitución las bases generales en materia de transparencia a las que deberán ajustarse todos los órdenes de gobierno del país, con lo que a la reciente gestión felipista se le aplica bien el dicho popular de que “en casa del herrero, cuchillo de palo”.
El plan presentado por ese funcionario sostiene que busca revitalizar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas y prevé aumentar la eficacia de los procesos de fiscalización de los recursos en un aparato burocrático que está considerado como uno de los más corruptos de América Latina y el mundo.
Los seis puntos de esa “agenda anticorrupción” incluyen: promover el uso de sistemas amortizados, en todos los niveles de gobierno, de contabilidad pública y de presentación homogénea de información financiera, presupuestaria y patrimonial; implementar, a través de la función pública y de la Secretaría de Educación Pública una revisión de los contenidos educativos a fin de inculcar en los niños el aprecio por la legalidad y la rendición de cuentas; e impulsar una reforma para elevar a rango constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, así como las bases a las que deberán ajustarse todos los órdenes de gobierno en transparencia.
También, incrementar y profundizar las auditorías sobre las entidades y dependencias del Ejecutivo Federal; convocar a revisión el régimen del sistema profesional de carrera para fortalecerlo; y revisar a detalle las normas para mejorar la calidad de la regulación y clarificar las obligaciones y responsabilidades de los servicios públicos.
A fin de que no quede como siempre en letra muerta la serie de buenas intenciones del “Plan Anticorrupción” de la administración felipista, el jefe del Ejecutivo Federal deberá predicar con el ejemplo y reportar al pueblo y a sus representantes populares el destino de hasta el último peso de recursos públicos que se le ha entregado y ejercido, de acuerdo a sus facultades constitucionales, y evitar en la medida de lo posible y con la ley en la mano, las desviaciones y la aparición de familiares y amigos “incómodos” que, al igual que en la administración anterior, amasen impunemente fabulosas fortunas al amparo del poder presidencial. Para ganar algo de credibilidad, Felipe Calderón deberá de cubrir de inmediato esta temprana asignatura pendiente. Hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el equipo de transición sólo han reportado el ejercicio de 7.3 millones de pesos de un total de 150 millones de pesos, de los cuales, de acuerdo con los informes oficiales, 20 millones de pesos fueron entregados al Estado Mayor Presidencial y 130 millones a un fideicomiso público en el Banco Nacional del Ejército.
Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo de la Nación no ha cumplido ni siquiera con las reglas de dicho fideicomiso que señala, en su apartado 18, que deben reportarse al Banjército todos los movimientos financieros, a fin de que se entregue un reporte a más tardar el día 10 de cada mes a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el único informe dado a conocer por la dependencia a cargo de Agustín Carstens, el cual consta de únicamente tres líneas, señala que al 30 de septiembre se había gastado, sin especificar en qué, 7 millones 267 mil 450 pesos.
Asimismo, reportaba que el patrimonio del fideicomiso, a esa fecha, era de 123 millones 167 mil 152 pesos, pero al momento de escribir estas líneas se desconocía los detalles de los movimientos financieros y el destino de dichos recursos públicos, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que ya inició una auditoría para tal efecto.
Sin duda, este es un muy mal inicio y peor augurio para una nueva administración federal que ostentó como bandera durante la batalla electoral presidencial la transparencia y la rendición de cuentas.
PREDOMINA CORRUPCION EN EL PAIS
La corrupción que impera en el país y la deficiente legislación vigente, a pesar de los cuantiosos recursos que se les pagan a nuestros legisladores federales, tanto a senadores como diputados, permiten que se concreten acciones en contra del patrimonio de la Nación que en otras latitudes serían impensables. Como botón de muestra baste señalar el siguiente: tras cuatro largos años de litigio Banamex se libró de pagar mil 619 millones 833 mil 692 pesos al Servicio de Administración Tributaria, por concepto de IVA, ISR, actualizaciones, multas y recargos del ejercicio de 1996, debido a que un tribunal federal lo amparo con un argumento legaloide: porque la visita domiciliaria al banco tomó demasiado tiempo y, por lo tanto, fue inconstitucional. Ver para creer.
Así, de esa forma tan simple y que hace pensar muy mal de los responsables de administrar justicia en este país, jueces y magistrados, en este y otros casos similares, donde los sobornos y cochupos son ya por desgracia cosa común, el Sistema de Administración Tributaria dejo de recibir una estratosférica cantidad que supera el presupuesto de las secretarias de Turismo o de la Función Pública, y que equivale al 10 por ciento de las utilidades netas de ese extranjero grupo financiero.
Y ya que hablamos de presupuestos de dependencias públicas, los exitosos banqueros de Banamex o de cualquier otro grupo dedicado a esta rama, podrían justificar la ausencia de pagos de impuestos por las exorbitantes ganancias que generan anualmente en nuestro país, con el falaz argumento de que dichos recursos simplemente los desperdiciaría el gobierno federal... y no les faltaría razón.
A través del financiamiento público, durante el presente año, los partidos políticos en nuestro país erogaron, se gastaron y, en una palabra, desperdiciaron 4 mil 136 millones de pesos. A esto hay que agregar los gastos que a su vez realizó el Instituto Federal Electoral (IFE), lo que nos suma alrededor de 12 mil millones de pesos, cantidad superior a todo el presupuesto del Poder Legislativo federal, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo gasto total en conjunto es de 10 mil 730 millones de pesos.
Ante estos hechos, apegados a la legislación vigente por cierto, resalta la urgencia de llevar a cabo las reformas legislativas que sean necesarias para poner freno a esos descomunales gastos de los partidos políticos y del propio Instituto Federal Electoral, cuyo titular, Luis Carlos Ugalde, al cuestionársele sobre la petición de presupuesto que realizó el Consejo General de ese órgano, más de 8 mil millones de pesos en un año en el que no habrá elecciones federales, respondió simplemente que dicha cantidad estaba a apegada a lo que señala la legislación electoral vigente y que si a los diputados y senadores de oposición no les agradaba, pues que la solución era sencilla: que cambiaran las leyes. Esperamos que ese reto no haya caído en oídos sordos y tenga respuesta al momento de decidir en definitiva el Presupuesto de Egresos para el 2007.
Refresqueras se niegan a pagar más impuestos
Tras darse a conocer la intención del gobierno federal de aplicar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 5 por ciento a refrescos y aguas carbonatadas, de inmediato los empresarios del ramo, agrupados en la Asociación Nacional de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), entre los que se encuentran Coca-Cola y PepsiCo, pasaron a la ofensiva para evitarlo y ver así disminuir sus ganancias. De entrada advirtieron al gobierno de Felipe Calderón que si se aplica dicho impuesto podrían cancelar inversiones por 500 millones de dólares, que se perderían 5 mil 800 empleos directos y 30 mil 700 indirectos y que, además, la población se vería afectada porque, por supuesto, le pasarían la factura en el precio final de las bebidas que aumentarían entre 7.5 y 8 por ciento.
Los empresarios refresqueros por supuesto que no mencionaron para nada las extraordinarias ganancias que generan en nuestro país, que es el segundo consumidor de refrescos en el mundo -con un consumo per cápita de 152 mil litros al año y una producción anual de 16 mil millones de litros-, ni los pingues negocios que hacen con la importación de la fructuosa, en cuya producción no pueden participar, desde el año 2001, los productores nacionales de maíz.
En este pleito, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría, dijo que “no hay que dejarse apantallar por una industria muy poderosa con características monopólicas”, y consideró que los argumentos presentados por la industria refresquera para que no sean gravadas con el IEPS son “absurdos” y reflejan verdades a medias. El funcionario aceptó que con toda seguridad habrá litigios “como en el pasado” con otros gravámenes y refutó que el impuesto del 5 por ciento tenga una afectación de 80 por ciento como lo indican los industriales refresqueros.
Además, precisó que una medida de 3 mil 100 millones de pesos no genera a la industria un impacto de 20 mil millones de pesos. “Es totalmente absurdo”, concluyó.
Aunque pueda sonar quimérico, sería interesante comprobar que le haría a esta industria una toma de conciencia del pueblo de México que lo llevará a decretar un boicot al consumo de aguas carbonatadas y refrescos y se limitara a consumir sólo agua pura y jugos y frutas naturales.
De los pasillos
La presión de rectores de universidades e instituciones de educación superior, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de legisladores y dirigentes de oposición, y de investigadores y académicos dio resultados y obligó al presidente Felipe Calderón a girar instrucciones a Agustín Carstens, secretario de Hacienda, para que se encuentren mecanismos que permitan otorgar más recursos a la educación, especialmente a la superior... También, senadores y diputados le reclamaron a Calderón el recorte de mil 700 millones de pesos al presupuesto de seguridad para las entidades federativas.
Como si hubiera alcanzado un triunfo ejemplar en las pasadas elecciones presidenciales, sin ningún tipo de duda por parte de la población y sin reclamo alguno por parte de los contendientes políticos, el Partido Acción Nacional (PAN), con el financiamiento del Instituto Republicano Internacional (IRI) de Estados Unidos, se dedica ahora a exportar “sus técnicas electorales” a partidos políticos latinoamericanos de centro y derecha, a fin de que puedan confrontar con éxito a candidatos de corte populista.
De acuerdo con el órgano oficial del PAN, “La Nación”, este instituto político, como cabeza de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), busca contribuir a que los partidos políticos de esa filiación en la región ocupen más responsabilidades de gobierno. El secretario de Elecciones del PAN, Arturo García Portillo, aseguró que tras derrotar al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, ahora se dedican a compartir “sus estrategias electorales”, aunque no mencionó si en dichas estrategias se incluye la “guerra sucia” y la manipulación y control de los órganos encargados de organizar y calificar los comicios.
La dirigencia nacional del PRI acusó al ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, de haber participado en un “complot” para declarar la desaparición de poderes en Oaxaca y forzar la dimisión del gobernador Ulises Ruiz, y exigió al actual gobierno federal que clarifique su posición respecto al conflicto en esa entidad. Mientras tanto, el líder del PAN en el Senado, Santiago Creel Miranda, consideró positivo el llamado al diálogo del PRD sobre Oaxaca, pero dijo que es incorrecto anticipar que el resultado sea la salida del gobernador priísta.
La poderosa líder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, volvió a imponer condiciones al gobierno de Felipe Calderón y le cobró una factura más. Su yerno, Fernando González Sánchez, quien es licenciado en Derecho y cuenta con maestría en Ciencias Políticas, fue nombrado este martes subsecretario de Educación Básica de la SEP.
lilia_arellano@yahoo.com
A pesar de este “pequeño detalle”, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, al presentar la “agenda anticorrupción” de la nueva administración federal, propuso este fin de semana sentar en la Constitución las bases generales en materia de transparencia a las que deberán ajustarse todos los órdenes de gobierno del país, con lo que a la reciente gestión felipista se le aplica bien el dicho popular de que “en casa del herrero, cuchillo de palo”.
El plan presentado por ese funcionario sostiene que busca revitalizar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas y prevé aumentar la eficacia de los procesos de fiscalización de los recursos en un aparato burocrático que está considerado como uno de los más corruptos de América Latina y el mundo.
Los seis puntos de esa “agenda anticorrupción” incluyen: promover el uso de sistemas amortizados, en todos los niveles de gobierno, de contabilidad pública y de presentación homogénea de información financiera, presupuestaria y patrimonial; implementar, a través de la función pública y de la Secretaría de Educación Pública una revisión de los contenidos educativos a fin de inculcar en los niños el aprecio por la legalidad y la rendición de cuentas; e impulsar una reforma para elevar a rango constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, así como las bases a las que deberán ajustarse todos los órdenes de gobierno en transparencia.
También, incrementar y profundizar las auditorías sobre las entidades y dependencias del Ejecutivo Federal; convocar a revisión el régimen del sistema profesional de carrera para fortalecerlo; y revisar a detalle las normas para mejorar la calidad de la regulación y clarificar las obligaciones y responsabilidades de los servicios públicos.
A fin de que no quede como siempre en letra muerta la serie de buenas intenciones del “Plan Anticorrupción” de la administración felipista, el jefe del Ejecutivo Federal deberá predicar con el ejemplo y reportar al pueblo y a sus representantes populares el destino de hasta el último peso de recursos públicos que se le ha entregado y ejercido, de acuerdo a sus facultades constitucionales, y evitar en la medida de lo posible y con la ley en la mano, las desviaciones y la aparición de familiares y amigos “incómodos” que, al igual que en la administración anterior, amasen impunemente fabulosas fortunas al amparo del poder presidencial. Para ganar algo de credibilidad, Felipe Calderón deberá de cubrir de inmediato esta temprana asignatura pendiente. Hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el equipo de transición sólo han reportado el ejercicio de 7.3 millones de pesos de un total de 150 millones de pesos, de los cuales, de acuerdo con los informes oficiales, 20 millones de pesos fueron entregados al Estado Mayor Presidencial y 130 millones a un fideicomiso público en el Banco Nacional del Ejército.
Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo de la Nación no ha cumplido ni siquiera con las reglas de dicho fideicomiso que señala, en su apartado 18, que deben reportarse al Banjército todos los movimientos financieros, a fin de que se entregue un reporte a más tardar el día 10 de cada mes a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el único informe dado a conocer por la dependencia a cargo de Agustín Carstens, el cual consta de únicamente tres líneas, señala que al 30 de septiembre se había gastado, sin especificar en qué, 7 millones 267 mil 450 pesos.
Asimismo, reportaba que el patrimonio del fideicomiso, a esa fecha, era de 123 millones 167 mil 152 pesos, pero al momento de escribir estas líneas se desconocía los detalles de los movimientos financieros y el destino de dichos recursos públicos, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que ya inició una auditoría para tal efecto.
Sin duda, este es un muy mal inicio y peor augurio para una nueva administración federal que ostentó como bandera durante la batalla electoral presidencial la transparencia y la rendición de cuentas.
PREDOMINA CORRUPCION EN EL PAIS
La corrupción que impera en el país y la deficiente legislación vigente, a pesar de los cuantiosos recursos que se les pagan a nuestros legisladores federales, tanto a senadores como diputados, permiten que se concreten acciones en contra del patrimonio de la Nación que en otras latitudes serían impensables. Como botón de muestra baste señalar el siguiente: tras cuatro largos años de litigio Banamex se libró de pagar mil 619 millones 833 mil 692 pesos al Servicio de Administración Tributaria, por concepto de IVA, ISR, actualizaciones, multas y recargos del ejercicio de 1996, debido a que un tribunal federal lo amparo con un argumento legaloide: porque la visita domiciliaria al banco tomó demasiado tiempo y, por lo tanto, fue inconstitucional. Ver para creer.
Así, de esa forma tan simple y que hace pensar muy mal de los responsables de administrar justicia en este país, jueces y magistrados, en este y otros casos similares, donde los sobornos y cochupos son ya por desgracia cosa común, el Sistema de Administración Tributaria dejo de recibir una estratosférica cantidad que supera el presupuesto de las secretarias de Turismo o de la Función Pública, y que equivale al 10 por ciento de las utilidades netas de ese extranjero grupo financiero.
Y ya que hablamos de presupuestos de dependencias públicas, los exitosos banqueros de Banamex o de cualquier otro grupo dedicado a esta rama, podrían justificar la ausencia de pagos de impuestos por las exorbitantes ganancias que generan anualmente en nuestro país, con el falaz argumento de que dichos recursos simplemente los desperdiciaría el gobierno federal... y no les faltaría razón.
A través del financiamiento público, durante el presente año, los partidos políticos en nuestro país erogaron, se gastaron y, en una palabra, desperdiciaron 4 mil 136 millones de pesos. A esto hay que agregar los gastos que a su vez realizó el Instituto Federal Electoral (IFE), lo que nos suma alrededor de 12 mil millones de pesos, cantidad superior a todo el presupuesto del Poder Legislativo federal, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo gasto total en conjunto es de 10 mil 730 millones de pesos.
Ante estos hechos, apegados a la legislación vigente por cierto, resalta la urgencia de llevar a cabo las reformas legislativas que sean necesarias para poner freno a esos descomunales gastos de los partidos políticos y del propio Instituto Federal Electoral, cuyo titular, Luis Carlos Ugalde, al cuestionársele sobre la petición de presupuesto que realizó el Consejo General de ese órgano, más de 8 mil millones de pesos en un año en el que no habrá elecciones federales, respondió simplemente que dicha cantidad estaba a apegada a lo que señala la legislación electoral vigente y que si a los diputados y senadores de oposición no les agradaba, pues que la solución era sencilla: que cambiaran las leyes. Esperamos que ese reto no haya caído en oídos sordos y tenga respuesta al momento de decidir en definitiva el Presupuesto de Egresos para el 2007.
Refresqueras se niegan a pagar más impuestos
Tras darse a conocer la intención del gobierno federal de aplicar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 5 por ciento a refrescos y aguas carbonatadas, de inmediato los empresarios del ramo, agrupados en la Asociación Nacional de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), entre los que se encuentran Coca-Cola y PepsiCo, pasaron a la ofensiva para evitarlo y ver así disminuir sus ganancias. De entrada advirtieron al gobierno de Felipe Calderón que si se aplica dicho impuesto podrían cancelar inversiones por 500 millones de dólares, que se perderían 5 mil 800 empleos directos y 30 mil 700 indirectos y que, además, la población se vería afectada porque, por supuesto, le pasarían la factura en el precio final de las bebidas que aumentarían entre 7.5 y 8 por ciento.
Los empresarios refresqueros por supuesto que no mencionaron para nada las extraordinarias ganancias que generan en nuestro país, que es el segundo consumidor de refrescos en el mundo -con un consumo per cápita de 152 mil litros al año y una producción anual de 16 mil millones de litros-, ni los pingues negocios que hacen con la importación de la fructuosa, en cuya producción no pueden participar, desde el año 2001, los productores nacionales de maíz.
En este pleito, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría, dijo que “no hay que dejarse apantallar por una industria muy poderosa con características monopólicas”, y consideró que los argumentos presentados por la industria refresquera para que no sean gravadas con el IEPS son “absurdos” y reflejan verdades a medias. El funcionario aceptó que con toda seguridad habrá litigios “como en el pasado” con otros gravámenes y refutó que el impuesto del 5 por ciento tenga una afectación de 80 por ciento como lo indican los industriales refresqueros.
Además, precisó que una medida de 3 mil 100 millones de pesos no genera a la industria un impacto de 20 mil millones de pesos. “Es totalmente absurdo”, concluyó.
Aunque pueda sonar quimérico, sería interesante comprobar que le haría a esta industria una toma de conciencia del pueblo de México que lo llevará a decretar un boicot al consumo de aguas carbonatadas y refrescos y se limitara a consumir sólo agua pura y jugos y frutas naturales.
De los pasillos
La presión de rectores de universidades e instituciones de educación superior, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de legisladores y dirigentes de oposición, y de investigadores y académicos dio resultados y obligó al presidente Felipe Calderón a girar instrucciones a Agustín Carstens, secretario de Hacienda, para que se encuentren mecanismos que permitan otorgar más recursos a la educación, especialmente a la superior... También, senadores y diputados le reclamaron a Calderón el recorte de mil 700 millones de pesos al presupuesto de seguridad para las entidades federativas.
Como si hubiera alcanzado un triunfo ejemplar en las pasadas elecciones presidenciales, sin ningún tipo de duda por parte de la población y sin reclamo alguno por parte de los contendientes políticos, el Partido Acción Nacional (PAN), con el financiamiento del Instituto Republicano Internacional (IRI) de Estados Unidos, se dedica ahora a exportar “sus técnicas electorales” a partidos políticos latinoamericanos de centro y derecha, a fin de que puedan confrontar con éxito a candidatos de corte populista.
De acuerdo con el órgano oficial del PAN, “La Nación”, este instituto político, como cabeza de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), busca contribuir a que los partidos políticos de esa filiación en la región ocupen más responsabilidades de gobierno. El secretario de Elecciones del PAN, Arturo García Portillo, aseguró que tras derrotar al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, ahora se dedican a compartir “sus estrategias electorales”, aunque no mencionó si en dichas estrategias se incluye la “guerra sucia” y la manipulación y control de los órganos encargados de organizar y calificar los comicios.
La dirigencia nacional del PRI acusó al ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, de haber participado en un “complot” para declarar la desaparición de poderes en Oaxaca y forzar la dimisión del gobernador Ulises Ruiz, y exigió al actual gobierno federal que clarifique su posición respecto al conflicto en esa entidad. Mientras tanto, el líder del PAN en el Senado, Santiago Creel Miranda, consideró positivo el llamado al diálogo del PRD sobre Oaxaca, pero dijo que es incorrecto anticipar que el resultado sea la salida del gobernador priísta.
La poderosa líder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, volvió a imponer condiciones al gobierno de Felipe Calderón y le cobró una factura más. Su yerno, Fernando González Sánchez, quien es licenciado en Derecho y cuenta con maestría en Ciencias Políticas, fue nombrado este martes subsecretario de Educación Básica de la SEP.
lilia_arellano@yahoo.com
!!AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
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