Drogas, blanqueo y política
Periodismo impracticable
La Familia, poder sustituto
Un tema tabú que queda en el México de la presunta apertura informativa es el del narcotráfico. No es un asunto de censura sino de autocensura: los periodistas saben que no hay Estado ni autoridad que pueda protegerlos frente a un poder superior, irracional y vengativo, que secuestra, tortura y asesina con absoluta impunidad.
Investigar y denunciar las andanzas del narco en su plano más abiertamente delictivo es una garantía de represalias que pueden llegar al asesinato, de tal manera que nadie en México se atreve a ir más allá de ese primer plano el operativo, el inmediato y a entrar al intrincado terreno de las relaciones entre el narco y el poder político, relaciones que hoy abarcan el financiamiento de campañas políticas, la colocación de personeros en puestos estratégicos de gobierno y, cada vez más, la conversión de los pistoleros de los cárteles en instrumentos de presión e intimidación políticas en ámbitos regionales.
La farsa cotidiana de la lucha contra el narcotráfico pretende convencer a la población de que los intereses de la "delincuencia organizada" y de las autoridades constituidas son distintos, aunque en los hechos todas las corporaciones emplazadas a enfrentar ese mercadeo de drogas están absolutamente subordinadas al poder corruptor de los maletines de dólares y los depósitos bancarios en el extranjero. La verdadera contienda se da más bien entre bandos policiales que defienden a distintos patrones, y la detención programada de cargamentos y personajes del gran mundo de los estupefacientes se debe a rencillas facciosas, a necesidades escenográficas o a presiones de la hipocresía estadunidense que busca castigar en México a quienes corrompen a los agentes gringos para que dejen pasar la droga que consumen viciosos ciudadanos del imperio.
Acciones espectaculares como las que el Ejército realiza en estos días en Michoacán obedecen a la intención política del nuevo gobierno federal de establecer diferencias con su antecesor, cuya gestión se inauguró con la estratégica salida del penal de Puente Grande, en Jalisco, la tierra gobernada por Francisco Ramírez Acuña, del Chapo Guzmán, gran jefe sinaloense que nunca pudo ser reapresado y que en los hechos fue el gran beneficiado de las acciones foxistas de golpeteo a bandas que eran adversarias de quien fue considerado el capo del sexenio, el mismo que habría tenido a su servicio a la ChaPGR. Pero resulta que ese mismo Chapo podría estar viendo en estos momentos con una sonrisa lo que sucede en Michoacán, pues el embate ha sido dirigido contra el grupo autodenominado La Familia, que mantiene una relación de alianza con los Zetas, es decir, con el cártel del Golfo, y contra los Valencia, bandas, esas dos, que pelean entre sí el control de la plaza michoacana.
Hay, además, un ingrediente sociopolítico interesante: La Familia había dado un increíble paso hacia una especie de depuración de la sociedad desde el poder del narcotráfico, llamando a los ciudadanos a apoyar una cierta reglamentación de las actividades "ilícitas" para que bajara el volumen de violencia pública, con la propia Familia como Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargado de recuperar orden, garantizar seguridad y hacer valer las leyes básicas de una convivencia regida, sí, por el narcotráfico, pero por un narcotráfico comprensivo, paternal, tutelar, sacrificadamente sustituto de un Estado ineficaz.
El aparatoso movimiento militar en Michoacán con cinco muertos, a la hora de redactar esta columna coincidió con una ceremonia felipense de premiación de defensores de los derechos humanos, en la que el michoacano Calderón aseguró que respetará "irrestrictamente" esos derechos. Los reacomodos en las elites permitieron que fungiera como testigo de honor el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, que sostuvo una confrontación extremosa con Vicente Fox y ahora, ya reinstalado en la silla contigua al poder, anuncia que hará borrón y cuenta nueva para ver con ojos en blanco lo que haga (¿lo que ha hecho?) Felipe Calderón. Ayer mismo, para no buscar otros ejemplos, y en presencia del mismo presidente formalmente defensor irrestricto de los derechos humanos, se anunció la formalización de la transferencia de soldados y marinos a la Policía Federal Preventiva. Siete mil 500 militares y 2 mil 500 miembros de la Armada forman desde meses atrás los cuerpos principales de la policía "civil" que ha actuado en Atenco y en Oaxaca, y ayer esa militarización informal fue protocolizada en un campo castrense, el 37 con sede en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México.
Para cerrar el tema, es muy posible que nada tenga que ver con la actividad de la actual pareja presidencial, pero el asesinato de un primo de Margarita Zavala genera una sensación de fragilidad generalizada (casi a la misma hora del crimen, pero en Naucalpan, no en Huehuetoca, donde está el campo militar 37, Calderón decía que "hoy, los enemigos de México se refugian en la debilidad institucional del Estado"). ¡Uf, los demonios andan resueltos!
Astillas
El nombramiento del yerno de la cacique magisterial en una subsecretaría de la SEP representa, desde luego, un clarísimo conflicto de intereses. Pero, además, es la confirmación de que el calderonismo está obligado a pagar sin pudor y con muchos réditos los servicios electorales gordillistas de adulteración las brigadas de mapacheo magistral y de cooptación, los gobernadores priístas llamados a mover votos hacia el PAN. El yerno elbista es un operador fundamental en lo político sus tentáculos controladores llegan al IFE y su presidente, Luis Carlos Ugalde y en lo económico por mínimo ejemplo: negocios con viviendas, jugoso tema donde coincidió con los Bribiesca. Pero no es ese el único pago de escándalo que el felipismo hace con cariño a la maestra: con total descaro se ha entregado la Lotería Nacional a un consumado especialista en convertir dineros públicos en caja chica para asuntos políticos de la profesora y en caja grande para su fortuna personal... Y, mientras sigue la resistencia al recorte presupuestal, ¡hasta mañana, sin olvidar a Oaxaca, sus presos, desaparecidos, torturados y perseguidos!
Fax: 56 05 20 99 * juliohdz@jornada.com.mx
Investigar y denunciar las andanzas del narco en su plano más abiertamente delictivo es una garantía de represalias que pueden llegar al asesinato, de tal manera que nadie en México se atreve a ir más allá de ese primer plano el operativo, el inmediato y a entrar al intrincado terreno de las relaciones entre el narco y el poder político, relaciones que hoy abarcan el financiamiento de campañas políticas, la colocación de personeros en puestos estratégicos de gobierno y, cada vez más, la conversión de los pistoleros de los cárteles en instrumentos de presión e intimidación políticas en ámbitos regionales.
La farsa cotidiana de la lucha contra el narcotráfico pretende convencer a la población de que los intereses de la "delincuencia organizada" y de las autoridades constituidas son distintos, aunque en los hechos todas las corporaciones emplazadas a enfrentar ese mercadeo de drogas están absolutamente subordinadas al poder corruptor de los maletines de dólares y los depósitos bancarios en el extranjero. La verdadera contienda se da más bien entre bandos policiales que defienden a distintos patrones, y la detención programada de cargamentos y personajes del gran mundo de los estupefacientes se debe a rencillas facciosas, a necesidades escenográficas o a presiones de la hipocresía estadunidense que busca castigar en México a quienes corrompen a los agentes gringos para que dejen pasar la droga que consumen viciosos ciudadanos del imperio.
Acciones espectaculares como las que el Ejército realiza en estos días en Michoacán obedecen a la intención política del nuevo gobierno federal de establecer diferencias con su antecesor, cuya gestión se inauguró con la estratégica salida del penal de Puente Grande, en Jalisco, la tierra gobernada por Francisco Ramírez Acuña, del Chapo Guzmán, gran jefe sinaloense que nunca pudo ser reapresado y que en los hechos fue el gran beneficiado de las acciones foxistas de golpeteo a bandas que eran adversarias de quien fue considerado el capo del sexenio, el mismo que habría tenido a su servicio a la ChaPGR. Pero resulta que ese mismo Chapo podría estar viendo en estos momentos con una sonrisa lo que sucede en Michoacán, pues el embate ha sido dirigido contra el grupo autodenominado La Familia, que mantiene una relación de alianza con los Zetas, es decir, con el cártel del Golfo, y contra los Valencia, bandas, esas dos, que pelean entre sí el control de la plaza michoacana.
Hay, además, un ingrediente sociopolítico interesante: La Familia había dado un increíble paso hacia una especie de depuración de la sociedad desde el poder del narcotráfico, llamando a los ciudadanos a apoyar una cierta reglamentación de las actividades "ilícitas" para que bajara el volumen de violencia pública, con la propia Familia como Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargado de recuperar orden, garantizar seguridad y hacer valer las leyes básicas de una convivencia regida, sí, por el narcotráfico, pero por un narcotráfico comprensivo, paternal, tutelar, sacrificadamente sustituto de un Estado ineficaz.
El aparatoso movimiento militar en Michoacán con cinco muertos, a la hora de redactar esta columna coincidió con una ceremonia felipense de premiación de defensores de los derechos humanos, en la que el michoacano Calderón aseguró que respetará "irrestrictamente" esos derechos. Los reacomodos en las elites permitieron que fungiera como testigo de honor el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, que sostuvo una confrontación extremosa con Vicente Fox y ahora, ya reinstalado en la silla contigua al poder, anuncia que hará borrón y cuenta nueva para ver con ojos en blanco lo que haga (¿lo que ha hecho?) Felipe Calderón. Ayer mismo, para no buscar otros ejemplos, y en presencia del mismo presidente formalmente defensor irrestricto de los derechos humanos, se anunció la formalización de la transferencia de soldados y marinos a la Policía Federal Preventiva. Siete mil 500 militares y 2 mil 500 miembros de la Armada forman desde meses atrás los cuerpos principales de la policía "civil" que ha actuado en Atenco y en Oaxaca, y ayer esa militarización informal fue protocolizada en un campo castrense, el 37 con sede en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México.
Para cerrar el tema, es muy posible que nada tenga que ver con la actividad de la actual pareja presidencial, pero el asesinato de un primo de Margarita Zavala genera una sensación de fragilidad generalizada (casi a la misma hora del crimen, pero en Naucalpan, no en Huehuetoca, donde está el campo militar 37, Calderón decía que "hoy, los enemigos de México se refugian en la debilidad institucional del Estado"). ¡Uf, los demonios andan resueltos!
Astillas
El nombramiento del yerno de la cacique magisterial en una subsecretaría de la SEP representa, desde luego, un clarísimo conflicto de intereses. Pero, además, es la confirmación de que el calderonismo está obligado a pagar sin pudor y con muchos réditos los servicios electorales gordillistas de adulteración las brigadas de mapacheo magistral y de cooptación, los gobernadores priístas llamados a mover votos hacia el PAN. El yerno elbista es un operador fundamental en lo político sus tentáculos controladores llegan al IFE y su presidente, Luis Carlos Ugalde y en lo económico por mínimo ejemplo: negocios con viviendas, jugoso tema donde coincidió con los Bribiesca. Pero no es ese el único pago de escándalo que el felipismo hace con cariño a la maestra: con total descaro se ha entregado la Lotería Nacional a un consumado especialista en convertir dineros públicos en caja chica para asuntos políticos de la profesora y en caja grande para su fortuna personal... Y, mientras sigue la resistencia al recorte presupuestal, ¡hasta mañana, sin olvidar a Oaxaca, sus presos, desaparecidos, torturados y perseguidos!
Fax: 56 05 20 99 * juliohdz@jornada.com.mx
!!AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
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