La retórica antipanista del PRI de antaño, vulgar y rutinaria, achacaba a los miembros de Acción Nacional ser quienes "trajeron a Maximiliano" y "añoran a Porfirio Díaz". Hermanados al paso de los años, priistas y panistas evocan en los hechos los peores aspectos del Porfiriato. En una operación conjunta, la Secretaría de Protección Civil de Oaxaca pidió a la Secretaría de Seguridad Pública federal el traslado, diríase en rigor de verdad deportación, de ciento cincuenta detenidos tras el vandalismo del 25 de noviembre. Remitiéndolos lejos de su solar nativo: así procedía el gobierno de Díaz para castigar la rebeldía de los yaquis, relegados al otro extremo del país, literalmente de Sonora a Yucatán.
La operación neoporfirista consistió en remitir al penal federal de San José del Rincón, en Nayarit, a 141 personas detenidas en las calles, o en sus domicilios sin órdenes de aprehensión, el último fin de semana de noviembre. En gran número de casos la captura era ilegal, porque no se detuvo a las víctimas en flagrancia, mientras incendiaban oficinas de los gobiernos local o federal, o sustraían de ellas, o de otros edificios, bienes diversos. La Policía Federal Preventiva, como lo había hecho en los días iniciales de su presencia oaxaqueña, un mes atrás, practicó una redada sin orden ni concierto en que resultaron detenidas decenas de personas enteramente ajenas a los acontecimientos punibles ocurridos aquel sábado, al cabo de una manifestación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
En el momento mismo de la aprehensión y en el traslado de los detenidos (y detenidas, ya que casi un tercio de los afectados son mujeres) a cárceles próximas a Oaxaca, como Miahuatlán y Tlacolula, los agentes policiacos maltrataron a quienes no pudieron evitar ser subidos a los vehículos de la PFP. Más de doscientas personas estuvieon recluídas unas horas en esas cárceles locales hasta que se produjo el acuerdo, uno más de los que han consolidado al gobernador Ulises Ruiz, entre el gobierno local y el federal. Alegando peligrosidad, que quién sabe cómo se estableció, pues no hubo tiempo para practicar estudios que la acreditaran, la jefatura de policía oaxaqueña, promposamente llamada Secretaría de Protección Civil, a cargo de Lino Celaya, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que se llevara la mayor parte de los presos a reclusorios federales. Con celeridad explicable si se tratara de delincuentes responsables de graves delitos de sangre o de secuestros, la SSP, que maneja el sistema penitenario del país, aceptó el encargo y sin ninguna base legal, salvo ordenamientos administrativos de nula jerarquía jurídica, envió a 142 personas a Nayarit, a un penal de mediana seguridad. (Sería chistoso si no fuera torpe y evidenciara una falla esencial del sistema carcelario mexicano el que haya penales de alta y de mediana seguridad, lo que implica que los que no son denominados de alguna de esas dos maneras han de ser de escasa, poca o nula seguridad).
Ya era irregular el que personas que no han sido formalmente aprehendidas y contra las que no se ha iniciado proceso fueran trasladadas a un penal diverso del que fue su primer destino, y con mayor razón lo era el que se les deportara. Es y era una práctica propia de regímenes autoritarios: los zares y el estalinismo enviaban a los presos de Moscú o Kiev a Siberia, el gobierno de Washington recluye en Guantánamo a talibanes y otros enemigos de la democracia afgana y el gobierno de Madrid, que se considera en guerra con Eta, saca a los miembros de esa agrupación terrorista del País Vasco. En todos los casos queda claro que alejar a los detenidos de sus familias, amén de evitar auxilios que permitan la continuación de prácticas delictuosas, constituye una perversa sanción adicional, una suerte de pena trascendente que en México está prohibida por la Constitución.
Es posible que más de la mitad, y quizá más de cien de las personas deportadas hayan sido capturadas sólo porque estaban en la calle y la PFP las aprehendió para mostrar su eficacia y probar cómo han establecido el orden público. Los ejemplos sin ilustrativos: una señora esperaba en la parada del autobús la llegada de su hijo; un arquitecto iba a una reunión con sus proveedores de materiales para construcción; otro, por el día de su cumpleaños, tomó unas cervezas de más; una madre y su hija menor de edad, que prestan servicios domésticos ocasionalmente salían de trabajar; un padre y dos de sus hijos iban en busca de un medicamento; dos personas más buscaban, a bordo de un coche, cómo salir del Centro Histórico. Todos fueron detenidos sin más, a partir del perpicaz ojo de los jefes policíacos que adivinaron en ellos peligrosos delincuentes, enemigos no del gobernador Ruiz, lo que ya es causa de castigo, sino de la sociedad oaxaqueña que reclama tranquilidad.
No obstante haber autorizado esa deportación, durante la cual las víctimas fueron vejadas y golpeadas, y de recibirlas en un penal donde también se les ha sometido a malos tratos y humillaciones, el Secretario de Seguridad Pública se convirtió a la semana siguiente en el Procurador General de la República. Y el gobernador Ulises Ruiz, que solicitó el destierro de sus gobernados, ahora ha anunciado el pedido en sentido contrario, para atender el cual la autoridad federal ha sido menos solícita que respecto del traslado a Nayarit.
Sólo esta medida arbitraria y despótica haría que la hora oaxaqueña sea una hora negra para el país.
La operación neoporfirista consistió en remitir al penal federal de San José del Rincón, en Nayarit, a 141 personas detenidas en las calles, o en sus domicilios sin órdenes de aprehensión, el último fin de semana de noviembre. En gran número de casos la captura era ilegal, porque no se detuvo a las víctimas en flagrancia, mientras incendiaban oficinas de los gobiernos local o federal, o sustraían de ellas, o de otros edificios, bienes diversos. La Policía Federal Preventiva, como lo había hecho en los días iniciales de su presencia oaxaqueña, un mes atrás, practicó una redada sin orden ni concierto en que resultaron detenidas decenas de personas enteramente ajenas a los acontecimientos punibles ocurridos aquel sábado, al cabo de una manifestación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
En el momento mismo de la aprehensión y en el traslado de los detenidos (y detenidas, ya que casi un tercio de los afectados son mujeres) a cárceles próximas a Oaxaca, como Miahuatlán y Tlacolula, los agentes policiacos maltrataron a quienes no pudieron evitar ser subidos a los vehículos de la PFP. Más de doscientas personas estuvieon recluídas unas horas en esas cárceles locales hasta que se produjo el acuerdo, uno más de los que han consolidado al gobernador Ulises Ruiz, entre el gobierno local y el federal. Alegando peligrosidad, que quién sabe cómo se estableció, pues no hubo tiempo para practicar estudios que la acreditaran, la jefatura de policía oaxaqueña, promposamente llamada Secretaría de Protección Civil, a cargo de Lino Celaya, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que se llevara la mayor parte de los presos a reclusorios federales. Con celeridad explicable si se tratara de delincuentes responsables de graves delitos de sangre o de secuestros, la SSP, que maneja el sistema penitenario del país, aceptó el encargo y sin ninguna base legal, salvo ordenamientos administrativos de nula jerarquía jurídica, envió a 142 personas a Nayarit, a un penal de mediana seguridad. (Sería chistoso si no fuera torpe y evidenciara una falla esencial del sistema carcelario mexicano el que haya penales de alta y de mediana seguridad, lo que implica que los que no son denominados de alguna de esas dos maneras han de ser de escasa, poca o nula seguridad).
Ya era irregular el que personas que no han sido formalmente aprehendidas y contra las que no se ha iniciado proceso fueran trasladadas a un penal diverso del que fue su primer destino, y con mayor razón lo era el que se les deportara. Es y era una práctica propia de regímenes autoritarios: los zares y el estalinismo enviaban a los presos de Moscú o Kiev a Siberia, el gobierno de Washington recluye en Guantánamo a talibanes y otros enemigos de la democracia afgana y el gobierno de Madrid, que se considera en guerra con Eta, saca a los miembros de esa agrupación terrorista del País Vasco. En todos los casos queda claro que alejar a los detenidos de sus familias, amén de evitar auxilios que permitan la continuación de prácticas delictuosas, constituye una perversa sanción adicional, una suerte de pena trascendente que en México está prohibida por la Constitución.
Es posible que más de la mitad, y quizá más de cien de las personas deportadas hayan sido capturadas sólo porque estaban en la calle y la PFP las aprehendió para mostrar su eficacia y probar cómo han establecido el orden público. Los ejemplos sin ilustrativos: una señora esperaba en la parada del autobús la llegada de su hijo; un arquitecto iba a una reunión con sus proveedores de materiales para construcción; otro, por el día de su cumpleaños, tomó unas cervezas de más; una madre y su hija menor de edad, que prestan servicios domésticos ocasionalmente salían de trabajar; un padre y dos de sus hijos iban en busca de un medicamento; dos personas más buscaban, a bordo de un coche, cómo salir del Centro Histórico. Todos fueron detenidos sin más, a partir del perpicaz ojo de los jefes policíacos que adivinaron en ellos peligrosos delincuentes, enemigos no del gobernador Ruiz, lo que ya es causa de castigo, sino de la sociedad oaxaqueña que reclama tranquilidad.
No obstante haber autorizado esa deportación, durante la cual las víctimas fueron vejadas y golpeadas, y de recibirlas en un penal donde también se les ha sometido a malos tratos y humillaciones, el Secretario de Seguridad Pública se convirtió a la semana siguiente en el Procurador General de la República. Y el gobernador Ulises Ruiz, que solicitó el destierro de sus gobernados, ahora ha anunciado el pedido en sentido contrario, para atender el cual la autoridad federal ha sido menos solícita que respecto del traslado a Nayarit.
Sólo esta medida arbitraria y despótica haría que la hora oaxaqueña sea una hora negra para el país.
!!AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
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