Mañana hará un año de la arbitraria detención de Lydia Cacho en Cancún y su aún más reprobable traslado a Puebla. Impune el comportamiento ilegal del gobernador Mario Marín, evidenciado entre otros indicios por su conversación telefónica con el acusador de la periodista, Kamel Nacif, de donde brotó su apodo de gober precioso, Marín se hace retratar (y paga la difusión de esa fotografía) con el ministro presidente de la Suprema corte de justicia, Mariano Azuela, que con la presentación de su informe termina hoy su cuatrienio en ese cargo. Es deplorable que se dejara manipular por el mandatario local, sujeto a una indagación especial de la propia Corte, motivo por el cual hubiera sido prudente no invitarlo y aun sugerirle no apersonarse en el acto inaugural del edificio de la Judicatura Federal. Ya era impropio que se realizara este acto mientras Marín está sujeto a indagación, pues el primer reporte de los magistrados a quienes el máximo tribunal comisionó al efecto, fue rechazado por no concentrar su atención precisamente en el comportamiento del Gobernador. Eso deberá hacerse en la nueva fase de la pesquisa pedida por las cámaras federales a la Corte y aceptada por su pleno.
La ilegalidad en la conducta del Gobernador, y de la administración que encabeza, y de la política que hace, es un modo de ser, no una anomalía. Pueden citarse multitud de casos. Me refiero a uno en particular, porque involucra a una institución que estuvo llamada a tener relevancia estatal y fue constituida con respetables aportaciones de centros de estudio como el Colegio de México, y de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de los abusos cometidos contra el Colegio de Puebla y de quien fue su presidente, Jorge Efrén Domínguez, depuesto de su cargo en julio del año pasado y ahora sujeto a sanciones que, de prosperar, implicarían su inhabilitación como funcionario público, que no lo era y, lo más importante, le significarían el pago de sanciones por montos millonarios.
El Colegio de Puebla es una asociación civil, uno de cuyos integrantes es el Gobierno de Puebla, cuyas aportaciones dejan de ser dinero público y se convierten en patrimonio de la asociación, que se rige por el derecho privado y no por el público y por lo tanto no está sujeta a la fiscalización gubernamental, sea del Ejecutivo o de la Legislatura estatal. Eso no obstante y como muestra de buena fe, aparte de su propia auditoria externa el Colegio, sin estar obligado a hacerlo, rindió cuentas al Congreso local que aprobó las relativas a los ejercicios de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 mediante decretos publicados en el órgano oficial del Estado.
Conforme a su legalidad interna, en agosto de 2004 el Presidente del Colegio fue confirmado en su cargo para que lo ejerciera por un segundo periodo de cinco años. Grave cosa, pues resultó inaceptable para el gobierno de Marín, que asumió el 15 de febrero de 2005, no disponer de esa plaza como si formara parte de la administración. Por lo tanto se decidió sofocar a la institución: el 4 de marzo siguiente se le comunicó que contaría con un apoyo anual de cuatro millones de pesos. La suma, notoriamente por debajo de cuantas solían constituir la aportación del Gobierno Estatal, era poco más del 10 por ciento, la décima parte, de la que se había destinado al Colegio, pues en enero anterior el Gobierno saliente había comunicado de modo formal al presidente Domínguez que el presupuesto del Gobierno Estatal le asignaba la cantidad de 38 millones de pesos.
En otro capítulo de la agresión al Colegio y a su Presidente, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (dependiente de la Legislatura pero no ajeno a las decisiones del Ejecutivo) presentó en mayo al Colegio un pliego de observaciones relativo al año 2004, como si fuera una entidad pública y no privada. Por añadidura, y llegando a lo grotesco, las observaciones implicaron un monto de 45 millones de pesos, exactamente el triple del dinero ejercido por la institución, que apenas sobrepasó la suma de quince millones de pesos. Dos semanas después, en mayo mismo, se produjo una nueva arbitrariedad artera: Fue notificada la resolución a una queja admitida por ese órgano fiscalizador, que la tramitó ¡no obstante haber decidido en un primer momento archivarla! Era correcto haberla enviado al archivo, porque se refería a ejercicios aprobados por el Congreso. Encadenadas las agresiones, cinco días más tarde fue presentado un pliego de cargos por un importe de diez millones de pesos. Contra uno y otro pliegos Domínguez recurrió a la revocación que le fue negada en ambos casos. A su vez, el presidente del Colegio presentó 15 de junio, ante el Congreso, queja contra el Auditor del órgano de fiscalización, que en los 17 meses transcurridos no ha ameritado trámite alguno.
El 14 de julio, al mismo tiempo que por pedido del secretario de Educación local, Darío Carmona, fue destituido el presidente Domínguez, en el Congreso se inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, tramitado tan descuidadamente que considera al afectado como “servidor público municipal de elección popular” y que sin embargo concluyó en dos decretos (de 9 de febrero y 30 de noviembre de este año) que le imponen sanciones pecuniarias por cerca de 60 millones de pesos. Todo ello en desacato a un amparo concedido en octubre de 2005 y con agravio de su reputación de persona honorable y prestigiada, obtenida a base de estudio y probidad.
La ilegalidad en la conducta del Gobernador, y de la administración que encabeza, y de la política que hace, es un modo de ser, no una anomalía. Pueden citarse multitud de casos. Me refiero a uno en particular, porque involucra a una institución que estuvo llamada a tener relevancia estatal y fue constituida con respetables aportaciones de centros de estudio como el Colegio de México, y de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de los abusos cometidos contra el Colegio de Puebla y de quien fue su presidente, Jorge Efrén Domínguez, depuesto de su cargo en julio del año pasado y ahora sujeto a sanciones que, de prosperar, implicarían su inhabilitación como funcionario público, que no lo era y, lo más importante, le significarían el pago de sanciones por montos millonarios.
El Colegio de Puebla es una asociación civil, uno de cuyos integrantes es el Gobierno de Puebla, cuyas aportaciones dejan de ser dinero público y se convierten en patrimonio de la asociación, que se rige por el derecho privado y no por el público y por lo tanto no está sujeta a la fiscalización gubernamental, sea del Ejecutivo o de la Legislatura estatal. Eso no obstante y como muestra de buena fe, aparte de su propia auditoria externa el Colegio, sin estar obligado a hacerlo, rindió cuentas al Congreso local que aprobó las relativas a los ejercicios de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 mediante decretos publicados en el órgano oficial del Estado.
Conforme a su legalidad interna, en agosto de 2004 el Presidente del Colegio fue confirmado en su cargo para que lo ejerciera por un segundo periodo de cinco años. Grave cosa, pues resultó inaceptable para el gobierno de Marín, que asumió el 15 de febrero de 2005, no disponer de esa plaza como si formara parte de la administración. Por lo tanto se decidió sofocar a la institución: el 4 de marzo siguiente se le comunicó que contaría con un apoyo anual de cuatro millones de pesos. La suma, notoriamente por debajo de cuantas solían constituir la aportación del Gobierno Estatal, era poco más del 10 por ciento, la décima parte, de la que se había destinado al Colegio, pues en enero anterior el Gobierno saliente había comunicado de modo formal al presidente Domínguez que el presupuesto del Gobierno Estatal le asignaba la cantidad de 38 millones de pesos.
En otro capítulo de la agresión al Colegio y a su Presidente, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (dependiente de la Legislatura pero no ajeno a las decisiones del Ejecutivo) presentó en mayo al Colegio un pliego de observaciones relativo al año 2004, como si fuera una entidad pública y no privada. Por añadidura, y llegando a lo grotesco, las observaciones implicaron un monto de 45 millones de pesos, exactamente el triple del dinero ejercido por la institución, que apenas sobrepasó la suma de quince millones de pesos. Dos semanas después, en mayo mismo, se produjo una nueva arbitrariedad artera: Fue notificada la resolución a una queja admitida por ese órgano fiscalizador, que la tramitó ¡no obstante haber decidido en un primer momento archivarla! Era correcto haberla enviado al archivo, porque se refería a ejercicios aprobados por el Congreso. Encadenadas las agresiones, cinco días más tarde fue presentado un pliego de cargos por un importe de diez millones de pesos. Contra uno y otro pliegos Domínguez recurrió a la revocación que le fue negada en ambos casos. A su vez, el presidente del Colegio presentó 15 de junio, ante el Congreso, queja contra el Auditor del órgano de fiscalización, que en los 17 meses transcurridos no ha ameritado trámite alguno.
El 14 de julio, al mismo tiempo que por pedido del secretario de Educación local, Darío Carmona, fue destituido el presidente Domínguez, en el Congreso se inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, tramitado tan descuidadamente que considera al afectado como “servidor público municipal de elección popular” y que sin embargo concluyó en dos decretos (de 9 de febrero y 30 de noviembre de este año) que le imponen sanciones pecuniarias por cerca de 60 millones de pesos. Todo ello en desacato a un amparo concedido en octubre de 2005 y con agravio de su reputación de persona honorable y prestigiada, obtenida a base de estudio y probidad.
!!AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
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