De Machetearte:
Por Enrique Cisneros
Para violar la ley utilizando el ejército en labores policíacas, el gobierno mexicano creó la llamada Policía Federal Preventiva (PFP) cuya labor principal es reprimir los movimientos sociales. Por ello la primera acción de la PFP fue en el año 2000, romper la huelga en la UNAM, apresando a cerca de 1,000 universitarios.
Para aquellos que dudaban de esta maniobra ilegal de usar soldados en labores policíacas, el día de ayer quedó claro en Huehuetoca, Estado de México, donde Felipe Calderón encabezó un acto donde fueron trasferidos 10, 000 elementos de tropa a la PFP. Con cinismo, esta transferencia fue realizada durante un acto público.
Fueron un total de 7 mil 500 soldados de la Tercera Brigada Militar y 2 mil 500 de la Secretaría de Marina-Armada de México quines a partir de ayer formarán parte de la corporación “policial” federal.
Durante el acto de transferencia el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, indicó que con el traspaso de personal militar el Ejército cumple con su obligación de colaborar en la seguridad del País: "Al proporcionar una fuerza organizada y preparada para desempeñar tareas en beneficio de la sociedad y sus instituciones”, afirmó.
"Así, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos concurren en uno de los retos fundamentales del Estado mexicano, como lo es el proporcionar la seguridad que se requiere de manera impostergable en todo el territorio nacional", manifestó Galván.
En su intervención, el Secretario de Marina, Mariano Saynez, dijo que el desarrollo del País requiere certidumbre para que la sociedad tenga la tranquilidad de que en un futuro no perderá los logros alcanzados.
Felipe Calderón en franca violación a las leyes civiles declaró que "Vamos por una mayor coordinación y cooperación entre los tres órdenes de Gobierno, vamos a fortalecer la presencia del Estado en aquellas ciudades con mayores índices delictivos”
Muchos de estos soldados que tan sólo se quitaron el uniforme verde para ponerse el gris de la PFP, serán enviados a Michoacán donde Calderón intenta dar un golpe mediático con una supuesta campaña contra el narcotráfico y de ser necesario, a Oaxaca para reforzar a los represores que han encarcelado a cientos y desaparecido a otros tantos luchadores sociales. También la represión la han ejercido contra cientos de pobladores que nada tenían que ver con el problema en la entidad.
En Michoacán pasan los días y el golpe que daría Calderón no se ve y por el contrario su operativo se perfila como una continuación del programa foxista “México Seguro” que lejos de resolver la problemática generada por el narcotráfico, la incrementó.
Especialistas han afirmado que el operativo tiene un esquema de coordinación y objetivos similares a los que el gobierno de Vicente Fox realizó y que no contuvieron la ola de violencia en el país. México Seguro arrancó en junio del 2005 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y hasta julio de este año operó en Baja California, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
En estas entidades, la respuesta fue un recrudecimiento de enfrentamientos y ejecuciones, que incluyeron a elementos de las corporaciones participantes en el programa.
Por Enrique Cisneros
Para violar la ley utilizando el ejército en labores policíacas, el gobierno mexicano creó la llamada Policía Federal Preventiva (PFP) cuya labor principal es reprimir los movimientos sociales. Por ello la primera acción de la PFP fue en el año 2000, romper la huelga en la UNAM, apresando a cerca de 1,000 universitarios.
Para aquellos que dudaban de esta maniobra ilegal de usar soldados en labores policíacas, el día de ayer quedó claro en Huehuetoca, Estado de México, donde Felipe Calderón encabezó un acto donde fueron trasferidos 10, 000 elementos de tropa a la PFP. Con cinismo, esta transferencia fue realizada durante un acto público.
Fueron un total de 7 mil 500 soldados de la Tercera Brigada Militar y 2 mil 500 de la Secretaría de Marina-Armada de México quines a partir de ayer formarán parte de la corporación “policial” federal.
Durante el acto de transferencia el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, indicó que con el traspaso de personal militar el Ejército cumple con su obligación de colaborar en la seguridad del País: "Al proporcionar una fuerza organizada y preparada para desempeñar tareas en beneficio de la sociedad y sus instituciones”, afirmó.
"Así, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos concurren en uno de los retos fundamentales del Estado mexicano, como lo es el proporcionar la seguridad que se requiere de manera impostergable en todo el territorio nacional", manifestó Galván.
En su intervención, el Secretario de Marina, Mariano Saynez, dijo que el desarrollo del País requiere certidumbre para que la sociedad tenga la tranquilidad de que en un futuro no perderá los logros alcanzados.
Felipe Calderón en franca violación a las leyes civiles declaró que "Vamos por una mayor coordinación y cooperación entre los tres órdenes de Gobierno, vamos a fortalecer la presencia del Estado en aquellas ciudades con mayores índices delictivos”
Muchos de estos soldados que tan sólo se quitaron el uniforme verde para ponerse el gris de la PFP, serán enviados a Michoacán donde Calderón intenta dar un golpe mediático con una supuesta campaña contra el narcotráfico y de ser necesario, a Oaxaca para reforzar a los represores que han encarcelado a cientos y desaparecido a otros tantos luchadores sociales. También la represión la han ejercido contra cientos de pobladores que nada tenían que ver con el problema en la entidad.
En Michoacán pasan los días y el golpe que daría Calderón no se ve y por el contrario su operativo se perfila como una continuación del programa foxista “México Seguro” que lejos de resolver la problemática generada por el narcotráfico, la incrementó.
Especialistas han afirmado que el operativo tiene un esquema de coordinación y objetivos similares a los que el gobierno de Vicente Fox realizó y que no contuvieron la ola de violencia en el país. México Seguro arrancó en junio del 2005 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y hasta julio de este año operó en Baja California, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
En estas entidades, la respuesta fue un recrudecimiento de enfrentamientos y ejecuciones, que incluyeron a elementos de las corporaciones participantes en el programa.
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