A la hora de hacer un balance del sexenio en que Vicente Fox ha sido presidente de la República predomina el dato de su tardía e inescrupulosa alianza con el PRI para sostener al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. Desde el comienzo de agosto fue patente que su partido apostaría a apoyar al Ejecutivo oaxaqueño, puesto en jaque por un importante sector de la población de esa entidad, reunida en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que demandaba su destitución, por la vía formal que correspondiera. Al concluir noviembre se ha corroborado esa opción con el arresto de un número importante de opositores a Ruiz, y su destierro a una cárcel de Nayarit.
La imposición del orden en Oaxaca por la fuerza federal ha permitido al Gobernador consolidarse en un cargo en el que se mantuvo precariamente y en vísperas de la sucesión presidencial le permite decir, ufano y arrogante: "Aquí estoy, aquí seguiré defendiendo lo que es de todos los ciudadanos y de todos los mexicanos". Gracias al apoyo federal, condensado en la represión policiaca, ministerial y judicial, Ruiz saldrá de este conflicto no sólo firme sino convertido en héroe civil, que abatió a los enemigos de la democracia.
La conducta del gobierno foxista en el conflicto de Oaxaca comprendió algunas de sus peores actitudes: negligencia, simulación y rudeza. Fue abúlico en mayo, cuando se formuló la petición magisterial de homologación de su salario con el que se paga en otras zonas. Fingió entonces que el asunto no le concernía, sino que era de carácter local. Pretendió soslayar la evidencia de que el asunto era de su resorte, como lo comprobó el posterior acuerdo con Elba Ester Gordillo (en acuerdo con Felipé Calderón) para destinar más de cuarenta mil millones de pesos a la rezonificación salaria (en todo el país, no sólo en Oaxaca).
La fase de simulación se inició con una tenue presencia de la Secretaría de Gobernación y continúa hasta el día de hoy, en que el ministerio de Bucareli justifica las acciones del gobierno local, que van desde la provocación de actos vandálicos hasta la feroz persecución y encarcelamiento de centenar y medio de activistas de la APPO (y de decenas de personas que nada tienen que ver con las movilizaciones). Mediante la acción policiaca, Gobernación ha permitido a Ruiz no restablecer la paz, sino aplicar la receta del autoritarismo cerril: a los enemigos hay que encerrarlos, desterrarlos y si se obstinan, enterrarlos.
Decretó Gobernación este domingo, al día siguiente de la más inquinosa batalla de la policía federal contra la APPO, que "la violencia deslegitima cualquier causa, por positiva que ésta pudiera ser". Con eso abandonó los compromisos que condujeron a la Sección 22 del sindicato magisterial al retorno a las aulas y justifica los alcances de la represión ejercida combinadamente por la fuerza federal y las policías locales, con uniforme o vestidas de civil al estilo de los halcones capitalinos de 1971. La secretaría de que es titular Carlos Abascal incurre en el cinismo cuando en ese mismo párrafo dice que esa violencia no se justifica "en un estado democrático como el nuestro en el que existen los cauces institucionales para atender y resolver cualquier problema o diferendo".
Esa misma secretaría ha reconocido en diversos momentos anteriores que esos cauces están azolvados, y hasta desafió a Ruiz, como requisito para su permanencia, a lograr acuerdos con sus gobernados, sin que como es evidente lo haya conseguido. Lo reconoció el Senado cuando, si bien no declaró que los poderes han desaparecido, sí hizo suyo el diagnóstico preparado por los legisladores comisionados para examinar la situación sobre el terreno. De diversas maneras el informe senatorial, contradictorio con la conclusión, reparó en la ingobernabilidad provocada por el Gobernador. En un ambiente en que el diálogo ha sido imposible, resulta ridículo si no mentiroso que Gobernación inste "a las partes en conflicto" a "que aprovechen todas las vías legales e institucionales para resolver la problemática que ha tenido ya un altísimo costo para la sociedad oaxaqueña".
Imposible creer al Gobierno Federal cuando se presenta como distante de "las partes en conflicto". Asociado con Ruiz, el gobierno de Fox es si duda una de las parte en conflicto. Lo es desde que en agosto el líder panista Manuel Espino actuó como promotor del rechazo a la petición ciudadana de que el Senado declarara que había lugar a nombrar a un gobernador sustituto. Orilló a senadores de su partido a firmar un dictamen, ya de salida su Legislatura, a favor de Ruiz que, a la postre y también con el empuje panista sirvió de base al dictamen senatorial del veinte de octubre, preámbulo para la intervención, nueve días después, de la Policía Federal Preventiva.
El infortunio de Oaxaca (cuyos extremos más graves acaso no hemos conocido aún) resulta de la acumulación secular de agravios y desdén. Acción Nacional accedió a formar en 2004 una coalición que evitara la continuación del gobierno de José Murat, más desaprensivo en el cumplimiento de sus obligaciones que sus antecesores. Pero una vez victorioso Ulises Ruiz el Gobierno Federal dio pábulo al autoritarismo local en forma gradual hasta convertirse en el factor decisivo de la permanencia de un gobernador abusivo e indeseado por amplias porciones de la sociedad oaxaqueña, legitimando el terrorismo gubernamental simultáneamente con su farisaica condena de una sospechosa violencia surgida por encargo.
La imposición del orden en Oaxaca por la fuerza federal ha permitido al Gobernador consolidarse en un cargo en el que se mantuvo precariamente y en vísperas de la sucesión presidencial le permite decir, ufano y arrogante: "Aquí estoy, aquí seguiré defendiendo lo que es de todos los ciudadanos y de todos los mexicanos". Gracias al apoyo federal, condensado en la represión policiaca, ministerial y judicial, Ruiz saldrá de este conflicto no sólo firme sino convertido en héroe civil, que abatió a los enemigos de la democracia.
La conducta del gobierno foxista en el conflicto de Oaxaca comprendió algunas de sus peores actitudes: negligencia, simulación y rudeza. Fue abúlico en mayo, cuando se formuló la petición magisterial de homologación de su salario con el que se paga en otras zonas. Fingió entonces que el asunto no le concernía, sino que era de carácter local. Pretendió soslayar la evidencia de que el asunto era de su resorte, como lo comprobó el posterior acuerdo con Elba Ester Gordillo (en acuerdo con Felipé Calderón) para destinar más de cuarenta mil millones de pesos a la rezonificación salaria (en todo el país, no sólo en Oaxaca).
La fase de simulación se inició con una tenue presencia de la Secretaría de Gobernación y continúa hasta el día de hoy, en que el ministerio de Bucareli justifica las acciones del gobierno local, que van desde la provocación de actos vandálicos hasta la feroz persecución y encarcelamiento de centenar y medio de activistas de la APPO (y de decenas de personas que nada tienen que ver con las movilizaciones). Mediante la acción policiaca, Gobernación ha permitido a Ruiz no restablecer la paz, sino aplicar la receta del autoritarismo cerril: a los enemigos hay que encerrarlos, desterrarlos y si se obstinan, enterrarlos.
Decretó Gobernación este domingo, al día siguiente de la más inquinosa batalla de la policía federal contra la APPO, que "la violencia deslegitima cualquier causa, por positiva que ésta pudiera ser". Con eso abandonó los compromisos que condujeron a la Sección 22 del sindicato magisterial al retorno a las aulas y justifica los alcances de la represión ejercida combinadamente por la fuerza federal y las policías locales, con uniforme o vestidas de civil al estilo de los halcones capitalinos de 1971. La secretaría de que es titular Carlos Abascal incurre en el cinismo cuando en ese mismo párrafo dice que esa violencia no se justifica "en un estado democrático como el nuestro en el que existen los cauces institucionales para atender y resolver cualquier problema o diferendo".
Esa misma secretaría ha reconocido en diversos momentos anteriores que esos cauces están azolvados, y hasta desafió a Ruiz, como requisito para su permanencia, a lograr acuerdos con sus gobernados, sin que como es evidente lo haya conseguido. Lo reconoció el Senado cuando, si bien no declaró que los poderes han desaparecido, sí hizo suyo el diagnóstico preparado por los legisladores comisionados para examinar la situación sobre el terreno. De diversas maneras el informe senatorial, contradictorio con la conclusión, reparó en la ingobernabilidad provocada por el Gobernador. En un ambiente en que el diálogo ha sido imposible, resulta ridículo si no mentiroso que Gobernación inste "a las partes en conflicto" a "que aprovechen todas las vías legales e institucionales para resolver la problemática que ha tenido ya un altísimo costo para la sociedad oaxaqueña".
Imposible creer al Gobierno Federal cuando se presenta como distante de "las partes en conflicto". Asociado con Ruiz, el gobierno de Fox es si duda una de las parte en conflicto. Lo es desde que en agosto el líder panista Manuel Espino actuó como promotor del rechazo a la petición ciudadana de que el Senado declarara que había lugar a nombrar a un gobernador sustituto. Orilló a senadores de su partido a firmar un dictamen, ya de salida su Legislatura, a favor de Ruiz que, a la postre y también con el empuje panista sirvió de base al dictamen senatorial del veinte de octubre, preámbulo para la intervención, nueve días después, de la Policía Federal Preventiva.
El infortunio de Oaxaca (cuyos extremos más graves acaso no hemos conocido aún) resulta de la acumulación secular de agravios y desdén. Acción Nacional accedió a formar en 2004 una coalición que evitara la continuación del gobierno de José Murat, más desaprensivo en el cumplimiento de sus obligaciones que sus antecesores. Pero una vez victorioso Ulises Ruiz el Gobierno Federal dio pábulo al autoritarismo local en forma gradual hasta convertirse en el factor decisivo de la permanencia de un gobernador abusivo e indeseado por amplias porciones de la sociedad oaxaqueña, legitimando el terrorismo gubernamental simultáneamente con su farisaica condena de una sospechosa violencia surgida por encargo.
!!AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
!!Todos al Zocalo el próximo 1 de Diciembre 2006 a las 07:00 a.m.!!
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