Javier Lozano Alarcón será el secretario de Trabajo y Previsión Social. A últimas fechas ostentaba una situación ambigua: aparecía como representante del gober precioso en el Distrito Federal, y al mismo tiempo actuaba en el equipo cercano al candidato primero y después presidente electo Felipe Calderón. En los días recientes los rumores palaciegos indicaban que sería secretario de Comunicaciones y Transportes, quizá sólo porque en el sector correspondiente, como subsecretario y como presidente de la Cofetel, ha pasado el periodo más prolongado de una carrera caracterizada por la movilidad. Pero resulta que reemplazará a Francisco Javier Salazar, no obstante que en esa área carece de estudios y experiencia. Ha dicho que aprende pronto. Es cierto. Aprendió a desdecirse en beneficio de sí mismo, de sus jefes y Francisco Gil Díaz.
El episodio respectivo figura en el libro Isosa. Fraude transexenal a la nación, del periodista Miguel Badillo, que ofrece “la historia completa y los documentos” de esa singular compañía Si se cumple el diseño ordenado en Los Pinos, en estos días culminará la liquidación de esa empresa, Integradora de servicios operativos, SA, Isosa, practicada por la Secretaría de la Función Pública más como medio de obturar cualquier ulterior investigación sobre sus operaciones que como adecuado remedio a una larga cadena de irregularidades.
Creada como empresa privada, en combinación con dos fideicomisos relacionados con la operación aduanera, Isosa ha manejado durante los trece años de su existencia miles de millones de pesos. Se trata de recursos públicos a los que se trata como si fueran privados, por lo que no pudo escrutarlos la Auditoría Superior de la Federación. Desde siempre, sin embargo, en la propia Secretaría de Hacienda donde fueron creadas esas entidades jurídicas quedó claro que se cometían deslices de gran alcance al operar de esa manera.
Según Badillo, cuando Francisco Gil Díaz, que en su carácter de subsecretario de Ingresos creó los fideicomisos y la sociedad anónima para manejar recursos públicos, dejó ese cargo pidió a su sucesor Ismael Gómez Gordillo avalar su funcionamiento. Gómez Gordillo encargó un análisis sobre uno de esos fideicomisos, conocido como Aduanas 1. El Director General de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas y Gastos, un joven recién egresado de la Escuela Libre de Derecho llamado Javier Lozano Alarcón, concluyó que “Aduanas 1 es un fideicomiso público y que su manejo ha violado toda la normatividad aplicable”, y sostuvo su afirmación ante Gómez Gordillo quien al compartirla le advirtió:
“Ahora prepárate para que se finquen responsabilidades al Secretario de Hacienda, al ex subsecretario Gil Díaz, al subsecretario Ruiz Sacristán, al Oficial Mayor, al Director de Aduanas y a todos los directores de la Subsecretaría de Ingresos, a ti mismo porque conociste del asunto y a mi porque ya tengo seis meses como subsecretario y lo he tolerado. A todos nos deben fincar responsabilidades penales”.
Enseguida, sin embargo, matizó:
“No cambies tu opinión. Nada más te pido que te pongas a estudiar rápido cómo vas a salvar tu responsabilidad y la de Ruiz Sacristán, mientras yo estudio cómo salvo la mía y la de Pedro Aspe, porque con tu oficio tenemos responsabilidades todos, empezando por ti, porque estás reconociendo que lo conoces desde hace un año y eso se llama encubrimiento, y como estamos hablando de responsabilidades penales, el señor Gil Díaz es un delincuente y nosotros somos sus cómplices por aceptar ser copartícipes. No lo cambies, nada más vete preparando para ver cómo nos defendemos”.
Lozano corrigió su opinión inicial, y a partir de allí Gómez Gordillo obtuvo de María Elena Vázquez Nava, la secretaria de la Contraloría, una suerte de aval que bautizó las irregularidades del fideicomiso Aduanas 1. Con esa tranquilidad, cuando Gil Díaz volvió a Hacienda, ahora como titular, imprimió nuevo ímpetu a sus creaturas, y ante la insistencia del órgano de fiscalización del Congreso para conocer las cuentas respectivas, consiguió que el presidente Fox iniciara ante la Suprema Corte una controversia constitucional, resuelta a favor de la opacidad apenas en agosto pasado.
El libro de Badillo es una pormenorizada relación de los pasos dados por Gil Díaz en principio con un buen fin: modernizar la administración aduanera ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, y hacerlo con recursos procedentes de la dinamización de importaciones y exportaciones. Sólo que el mecanismo empleado para ello ha impedido que se conozca el destino de más de treinta mil millones de pesos. El secreto tal vez quedará sellado con la liquidación de las entidades en cuestión, que según el anuncio de la Secretaría de la Función Pública debe ocurrir antes de que concluya la presente administración, es decir la próxima semana.
Pero no con esa medida quedará cancelada la tarea del periodismo como el practicado por Badillo, quien siguió el caso hace mucho tiempo y lo hace culminar, por ahora, con documentación relativa a las tareas de Francisco Obel Villarreal Artelo, que fue director operativo de Isosa desde fines de 1997 hasta el 29 de agosto pasado, en que fue asesinado. No obstante que según dictamen del propio Secretario de Hacienda es un crimen común, uno de los muchos que se cometen en esa ciudad, la Procuraduría General de la República no permitió que lo averigüe el Ministerio Público local, como corresponde, y atrajo la investigación.
El episodio respectivo figura en el libro Isosa. Fraude transexenal a la nación, del periodista Miguel Badillo, que ofrece “la historia completa y los documentos” de esa singular compañía Si se cumple el diseño ordenado en Los Pinos, en estos días culminará la liquidación de esa empresa, Integradora de servicios operativos, SA, Isosa, practicada por la Secretaría de la Función Pública más como medio de obturar cualquier ulterior investigación sobre sus operaciones que como adecuado remedio a una larga cadena de irregularidades.
Creada como empresa privada, en combinación con dos fideicomisos relacionados con la operación aduanera, Isosa ha manejado durante los trece años de su existencia miles de millones de pesos. Se trata de recursos públicos a los que se trata como si fueran privados, por lo que no pudo escrutarlos la Auditoría Superior de la Federación. Desde siempre, sin embargo, en la propia Secretaría de Hacienda donde fueron creadas esas entidades jurídicas quedó claro que se cometían deslices de gran alcance al operar de esa manera.
Según Badillo, cuando Francisco Gil Díaz, que en su carácter de subsecretario de Ingresos creó los fideicomisos y la sociedad anónima para manejar recursos públicos, dejó ese cargo pidió a su sucesor Ismael Gómez Gordillo avalar su funcionamiento. Gómez Gordillo encargó un análisis sobre uno de esos fideicomisos, conocido como Aduanas 1. El Director General de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas y Gastos, un joven recién egresado de la Escuela Libre de Derecho llamado Javier Lozano Alarcón, concluyó que “Aduanas 1 es un fideicomiso público y que su manejo ha violado toda la normatividad aplicable”, y sostuvo su afirmación ante Gómez Gordillo quien al compartirla le advirtió:
“Ahora prepárate para que se finquen responsabilidades al Secretario de Hacienda, al ex subsecretario Gil Díaz, al subsecretario Ruiz Sacristán, al Oficial Mayor, al Director de Aduanas y a todos los directores de la Subsecretaría de Ingresos, a ti mismo porque conociste del asunto y a mi porque ya tengo seis meses como subsecretario y lo he tolerado. A todos nos deben fincar responsabilidades penales”.
Enseguida, sin embargo, matizó:
“No cambies tu opinión. Nada más te pido que te pongas a estudiar rápido cómo vas a salvar tu responsabilidad y la de Ruiz Sacristán, mientras yo estudio cómo salvo la mía y la de Pedro Aspe, porque con tu oficio tenemos responsabilidades todos, empezando por ti, porque estás reconociendo que lo conoces desde hace un año y eso se llama encubrimiento, y como estamos hablando de responsabilidades penales, el señor Gil Díaz es un delincuente y nosotros somos sus cómplices por aceptar ser copartícipes. No lo cambies, nada más vete preparando para ver cómo nos defendemos”.
Lozano corrigió su opinión inicial, y a partir de allí Gómez Gordillo obtuvo de María Elena Vázquez Nava, la secretaria de la Contraloría, una suerte de aval que bautizó las irregularidades del fideicomiso Aduanas 1. Con esa tranquilidad, cuando Gil Díaz volvió a Hacienda, ahora como titular, imprimió nuevo ímpetu a sus creaturas, y ante la insistencia del órgano de fiscalización del Congreso para conocer las cuentas respectivas, consiguió que el presidente Fox iniciara ante la Suprema Corte una controversia constitucional, resuelta a favor de la opacidad apenas en agosto pasado.
El libro de Badillo es una pormenorizada relación de los pasos dados por Gil Díaz en principio con un buen fin: modernizar la administración aduanera ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, y hacerlo con recursos procedentes de la dinamización de importaciones y exportaciones. Sólo que el mecanismo empleado para ello ha impedido que se conozca el destino de más de treinta mil millones de pesos. El secreto tal vez quedará sellado con la liquidación de las entidades en cuestión, que según el anuncio de la Secretaría de la Función Pública debe ocurrir antes de que concluya la presente administración, es decir la próxima semana.
Pero no con esa medida quedará cancelada la tarea del periodismo como el practicado por Badillo, quien siguió el caso hace mucho tiempo y lo hace culminar, por ahora, con documentación relativa a las tareas de Francisco Obel Villarreal Artelo, que fue director operativo de Isosa desde fines de 1997 hasta el 29 de agosto pasado, en que fue asesinado. No obstante que según dictamen del propio Secretario de Hacienda es un crimen común, uno de los muchos que se cometen en esa ciudad, la Procuraduría General de la República no permitió que lo averigüe el Ministerio Público local, como corresponde, y atrajo la investigación.
!!AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
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