No sorprende la actitud derogatoria con que la abrumadora mayoría de los comentarios periodísticos se refirieron a la toma de protesta del pasado 20 de noviembre. Lo que se pretende no es sólo ridiculizar el evento; se busca descalificarlo y en última instancia abolirlo. Vaciarlo de todo contenido ético y político. Presentarlo como una mascarada irrelevante. Minimizar sobre todo la presencia y el significado del principal actor del evento: la entusiasta y esperanzada militancia popular.
Muy pocos mencionan que el Zócalo estaba lleno y ninguno se refiere al gentío de las calles adyacentes, menos aún al clima de emoción y respeto que envolvió a la ceremonia. Asoman apenas escuetas referencias numéricas. Casi todos hablan de "miles" de personas y uno alude a "decenas" de miles. Curioso sistema contable, ya que la asistencia estimada fue de medio millón, con lo que habría que multiplicar la unidad escogida por cincuenta veces en un caso y por quinientas en el otro.
Podría haberse empleado el método comparativo. Haber traído a la memoria que en 1988 la manifestación más concurrida fue de la mitad de los asistentes de ahora. O bien que ninguna de las protestas tumultuarias de los migrantes en los Estados Unidos rebasó la asistencia del lunes pasado. También pudo haberse mencionado que manifestaciones menos concurridas han derrocado regímenes políticos en varios continentes.
Dice una reconocida frase que el desdén es el tributo que la mediocridad rinde al talento. También es cierto que el ninguneo suele ser la respuesta elemental frente a lo indeseable. Quién no recuerda aquella discapacidad voluntaria de "ni los veo ni los oigo". La razón de ese gesto era la misma que la de nuestros actuales deturpadores. Fingir una normalidad inexistente y negar la causa del reclamo público: la ilegitimidad de un gobierno impuesto por la violación de un sufragio.
Destacan las reflexiones bienpensantes y los consejos hipócritas. Se insiste que en una "joven democracia" los actores políticos están particularmente obligados al acatamiento de las "reglas del juego"; pero no hay mención alguna a la violación de la legalidad ni a la clausura de la transición mexicana por la voluntad arbitraria de Fox. Menos, al reconocimiento explícito que éste ha hecho de su fechoría en la descarada afirmación de que "ganó dos elecciones".
No falta quienes derraman lágrimas de cocodrilo por un supuesto extravío de las fuerzas progresistas, al transgreder las fronteras que el poder les ha marcado. Hablan de una "claudicación de la izquierda" frente a la ambición personal. Se aferran al gradualismo acomodaticio que los hizo aceptar las concesiones del antiguo régimen. Olvidan su empeño tortuoso en socavar, hace 18 años, la voluntad mayoritaria de impedir la consumación del fraude. Esa sí claudicación histórica que traicionó al movimiento popular e hizo posible la implantación del neoliberalismo en el país.
Ciertamente, la tradición más consistente de la izquierda está cifrada en la creación de instituciones democráticas. En la construcción de un Estado garante de los derechos ciudadanos que en verdad encarne el pacto social. Por ello mismo, en el pensamiento progresista han de prevalecer la honestidad política y el rigor crítico. Aceptar una escandalosa simulación institucional equivaldría en cambio a validar la violación de los principios por los que hemos luchado y echar por la borda el esfuerzo de una generación.
En ese sentido dirigí mi alocución a las familias poblanas que rememoraron hace unos días el sacrificio de los hermanos Serdán. Quien lea con atención el libro precursor de Francisco I. Madero, La sucesión presidencial en 1910, encontrará la descripción puntual de lo que hoy llamamos "la República simulada": el decorado prolijo de un falso orden democrático dominado por un solo hombre y asentado en la desigualdad y la represión. Por eso la proclama de Madero es equivalente a la expresión "al diablo con sus instituciones".
El llamado central de la ceremonia fue la edificación de una Nueva República. Aquella que proteja los derechos del pueblo, defienda el patrimonio de los mexicanos y afirme la soberanía nacional. Ese cambio pasa hoy por el desconocimiento de la legitimidad de las autoridades impuestas al margen de la legalidad y por la movilización popular dirigida a impedir la consumación de más retrocesos políticos y sociales. Debe también encaminarse a través de proyectos de reforma correspondientes a la plataforma de la Coalición por el bien de todos y resumidas en los veinte puntos del programa anunciado por López Obrador.
Mientras no ocurran nuevas elecciones que restauren el orden constitucional, el gobierno legítimo puede ejercer, a un tiempo, acciones de gobierno y de contragobierno. A través de los grupos parlamentarios del Frente Amplio hará llegar al Congreso iniciativas de ley en el sentido de las transformaciones que proponemos. Podrían desvalorizarlas diciendo que no tenemos mayoría en las Cámaras y olvidando que ellos tampoco la tienen. Por ese camino desacreditarían pronto la inclinación al diálogo que pregonan.
Serán también acciones de gobierno las que tomen las autoridades locales del Frente conforme al programa trazado. El próximo Ejecutivo del Distrito Federal ya se ha comprometido a emprender acciones específicas que contrarresten el alza de precios decretado por la autoridad federal. Son innumerables las reformas que pueden emprender nuestros gobiernos estatales y ayuntamientos en el marco de sus competencias. Cambios profundos de rumbo en la política municipal, modificaciones legales y administrativas de trascendencia en las entidades federativas y la convocatoria para revisar integralmente sus constituciones.
Subrayo que el punto primero del proyecto presentado alude al proceso para la renovación integral de las instituciones públicas. Conforme al resolutivo de la Convención Nacional Democrática llamaremos a un debate nacional y promoveremos un plebiscito para la elaboración de un nuevo marco constitucional. De poco valdría en efecto volver a naufragar en los laberintos parlamentarios dominados por intereses de corto plazo, en ausencia de una voluntad política fundacional que podría emerger de la consulta ciudadana y ser más tarde procesada por los responsables políticos del país.
Ese es el objetivo último que perseguimos. Es claro que no puede ser cumplido en la falsificación gubernamental ni en los bloqueos y pantanos de la vida parlamentaria. Por eso creo en la necesidad de profundizar la crisis y de encontrar las respuestas que el país exige en otro estadio histórico. Resultaría contradictorio ensalzar las virtudes de una nueva constitucionalidad y negarse a respaldar los cambios políticos que la hagan posible.
Muy pocos mencionan que el Zócalo estaba lleno y ninguno se refiere al gentío de las calles adyacentes, menos aún al clima de emoción y respeto que envolvió a la ceremonia. Asoman apenas escuetas referencias numéricas. Casi todos hablan de "miles" de personas y uno alude a "decenas" de miles. Curioso sistema contable, ya que la asistencia estimada fue de medio millón, con lo que habría que multiplicar la unidad escogida por cincuenta veces en un caso y por quinientas en el otro.
Podría haberse empleado el método comparativo. Haber traído a la memoria que en 1988 la manifestación más concurrida fue de la mitad de los asistentes de ahora. O bien que ninguna de las protestas tumultuarias de los migrantes en los Estados Unidos rebasó la asistencia del lunes pasado. También pudo haberse mencionado que manifestaciones menos concurridas han derrocado regímenes políticos en varios continentes.
Dice una reconocida frase que el desdén es el tributo que la mediocridad rinde al talento. También es cierto que el ninguneo suele ser la respuesta elemental frente a lo indeseable. Quién no recuerda aquella discapacidad voluntaria de "ni los veo ni los oigo". La razón de ese gesto era la misma que la de nuestros actuales deturpadores. Fingir una normalidad inexistente y negar la causa del reclamo público: la ilegitimidad de un gobierno impuesto por la violación de un sufragio.
Destacan las reflexiones bienpensantes y los consejos hipócritas. Se insiste que en una "joven democracia" los actores políticos están particularmente obligados al acatamiento de las "reglas del juego"; pero no hay mención alguna a la violación de la legalidad ni a la clausura de la transición mexicana por la voluntad arbitraria de Fox. Menos, al reconocimiento explícito que éste ha hecho de su fechoría en la descarada afirmación de que "ganó dos elecciones".
No falta quienes derraman lágrimas de cocodrilo por un supuesto extravío de las fuerzas progresistas, al transgreder las fronteras que el poder les ha marcado. Hablan de una "claudicación de la izquierda" frente a la ambición personal. Se aferran al gradualismo acomodaticio que los hizo aceptar las concesiones del antiguo régimen. Olvidan su empeño tortuoso en socavar, hace 18 años, la voluntad mayoritaria de impedir la consumación del fraude. Esa sí claudicación histórica que traicionó al movimiento popular e hizo posible la implantación del neoliberalismo en el país.
Ciertamente, la tradición más consistente de la izquierda está cifrada en la creación de instituciones democráticas. En la construcción de un Estado garante de los derechos ciudadanos que en verdad encarne el pacto social. Por ello mismo, en el pensamiento progresista han de prevalecer la honestidad política y el rigor crítico. Aceptar una escandalosa simulación institucional equivaldría en cambio a validar la violación de los principios por los que hemos luchado y echar por la borda el esfuerzo de una generación.
En ese sentido dirigí mi alocución a las familias poblanas que rememoraron hace unos días el sacrificio de los hermanos Serdán. Quien lea con atención el libro precursor de Francisco I. Madero, La sucesión presidencial en 1910, encontrará la descripción puntual de lo que hoy llamamos "la República simulada": el decorado prolijo de un falso orden democrático dominado por un solo hombre y asentado en la desigualdad y la represión. Por eso la proclama de Madero es equivalente a la expresión "al diablo con sus instituciones".
El llamado central de la ceremonia fue la edificación de una Nueva República. Aquella que proteja los derechos del pueblo, defienda el patrimonio de los mexicanos y afirme la soberanía nacional. Ese cambio pasa hoy por el desconocimiento de la legitimidad de las autoridades impuestas al margen de la legalidad y por la movilización popular dirigida a impedir la consumación de más retrocesos políticos y sociales. Debe también encaminarse a través de proyectos de reforma correspondientes a la plataforma de la Coalición por el bien de todos y resumidas en los veinte puntos del programa anunciado por López Obrador.
Mientras no ocurran nuevas elecciones que restauren el orden constitucional, el gobierno legítimo puede ejercer, a un tiempo, acciones de gobierno y de contragobierno. A través de los grupos parlamentarios del Frente Amplio hará llegar al Congreso iniciativas de ley en el sentido de las transformaciones que proponemos. Podrían desvalorizarlas diciendo que no tenemos mayoría en las Cámaras y olvidando que ellos tampoco la tienen. Por ese camino desacreditarían pronto la inclinación al diálogo que pregonan.
Serán también acciones de gobierno las que tomen las autoridades locales del Frente conforme al programa trazado. El próximo Ejecutivo del Distrito Federal ya se ha comprometido a emprender acciones específicas que contrarresten el alza de precios decretado por la autoridad federal. Son innumerables las reformas que pueden emprender nuestros gobiernos estatales y ayuntamientos en el marco de sus competencias. Cambios profundos de rumbo en la política municipal, modificaciones legales y administrativas de trascendencia en las entidades federativas y la convocatoria para revisar integralmente sus constituciones.
Subrayo que el punto primero del proyecto presentado alude al proceso para la renovación integral de las instituciones públicas. Conforme al resolutivo de la Convención Nacional Democrática llamaremos a un debate nacional y promoveremos un plebiscito para la elaboración de un nuevo marco constitucional. De poco valdría en efecto volver a naufragar en los laberintos parlamentarios dominados por intereses de corto plazo, en ausencia de una voluntad política fundacional que podría emerger de la consulta ciudadana y ser más tarde procesada por los responsables políticos del país.
Ese es el objetivo último que perseguimos. Es claro que no puede ser cumplido en la falsificación gubernamental ni en los bloqueos y pantanos de la vida parlamentaria. Por eso creo en la necesidad de profundizar la crisis y de encontrar las respuestas que el país exige en otro estadio histórico. Resultaría contradictorio ensalzar las virtudes de una nueva constitucionalidad y negarse a respaldar los cambios políticos que la hagan posible.
!!Tenemos Presidente, AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!
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