PLAZA PÚBLICA - Miguel Ángel Granados Chapa

Tlahuac, dos años después

A dos años de los linchamientos de Tláhuac, ninguna persona ha sido condenada por su participación en esos hechos atroces y lamentables. Y, al contrario, después de transcurrido tan largo lapso el Ministerio Público Federal acordó no ejercer acción penal contra los jefes policiacos indiciados por los sucesos, incluido Marcelo Ebrard.

La noche del 23 de noviembre de 2004, una turba golpeó hasta privarlos de la vida a Víctor Mireles y Cristobal Bonilla, cuyos cuerpos fueron después quemados. Suerte semejante iba a correr su compañero Édgar Moreno Nolasco, quien fue rescatado por agentes de la Policía judicial del Distrito Federal. Los tres eran miembros de la Policía Federal Preventiva, que realizaban una acción encubierta, no comunicada por sus superiores a las autoridades capitalinas. Gente que los atacó se había percatado de su presencia en San Juan Ixtayopan, la localidad de Tláhuac donde ocurrieron los sucesos, y los retuvo por considerarlos sospechosos de vigilar a niños para eventualmente secuestrarlos. Sin embargo, la espontánea acción de la multitud fue dirigida hasta su brutal desenlace por personas cuya actividad había sido identificada por los agentes.

Las policías, tanto la Preventiva capitalina como la Federal, llegaron tarde y sus jefes decidieron moderar su intervención para no provocar daños mayores. La Agencia Federal de Investigación practicó al día siguiente una redada que produjo la captura de 33 personas, en un procedimiento rudo que no descansaba en indicios certeros sobre la eventual responsabilidad de los detenidos. Cuatro personas fueron dejadas en libertad y los 29 restantes quedaron consignados a la Jueza Decimoséptima de Distrito, que en los días siguientes dejó libres a tres personas más. De entre ellos sobresalió el caso de Sergio Montealegre, guardia de seguridad de la empresa embotelladora Femsa. Como otros que eso no obstante fueron procesados, el guardia pudo probar que se encontraba en su casa, o en camino a ella, en los momentos en que ocurrieron los acontecimientos. Fue decisivo para su libertad el interés de la empresa en defenderlo, en acciones que llegaron hasta los estadios deportivos: los jugadores del club de futbol Monterrey saltaron a la cancha portando pancartas en que reclamaban la libertad de Montealegre.

Dos años después, no obstante que la Constitución fija como plazo máximo un año para que se dicte sentencia en un proceso, los 24 procesados --entre ellos dos mujeres-- continúan presos. A nadie se le oculta la enorme dificultad técnico-jurídica de establecer responsabilidades específicas en homicidios tumultuarios, sobre todo a partir de indicios muy tenues (o careciendo de ellos, por la arbitrariedad de las detenciones), pero el lapso transcurrido es demasiado largo. También lo es la impunidad de Alicia Zamora y Eduardo Torres, la pareja que instigó a los vecinos a exterminar a los agentes federales. Como es característico en ese cuerpo, la AFI ha sido incapaz de localizarlos y detenerlos.

También ha sido lenta la actuación de la PGR respecto de los jefes involucrados en los sucesos. Apenas ahora, dos años después, se anunciará que no hay elementos para procesarlos. Dos de ellos, Ebrard y el almirante José Luis Figueroa, comisionado de la PFP, fueron cesados dos semanas después de la tragedia por el presidente Fox, pues el Ejecutivo federal nombra y puede remover al secretario de Seguridad Pública de la ciudad de México. Figueroa había ascendido al mando de la policía federal apenas el ocho de octubre anterior, dos meses antes de su caída.

Al comparecer en calidad de indiciado el 6 de enero de 2005 ante el Ministerio Público Federal, Ebrard se enteró de que se le imputaba "haber omitido realizar las acciones que por disposición de la ley tenía la obligación de cumplir y con ello evitar la producción del resultado típico de los delitos que se investigan". Tales delitos, en cuya averiguación se trataba de establecer su responsabilidad, eran: homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, robo y ejercicio indebido del servicio público.

Ebrard estuvo en comunicación con el subsecretario Gabriel Regino tan pronto se enteró, hacia las 19 horas, de que la turba tenía en su poder a los agentes federales. Después de varias llamadas, en una de las cuales recibió la noticia que resultó falsa, de que los rehenes habían sido liberados, acudió en helicóptero al lugar de los hechos, hacia las 21.30 horas, cuando todo se había consumado.

El jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador lo reincorporó a su gabinete, como secretario de Desarrollo Social, el 8 de febrero, donde actuaría sólo durante diez meses exactos. Con ese nombramiento López Obrador ratificó su preferencia porque Ebrard fuera el candidato perredista a sucederlo. En esa línea, el Secretario de Desarrollo Social dejó de serlo el 8 de septiembre y dos meses después, el 6 de diciembre, aquella previsión se cumplió. Ebrard derrotó con amplia diferencia, en la contienda interna, a Jesús Ortega, y con semejante holgura abatió el dos de julio pasado a Demetrio Sodi, el ex perredista a quien el PAN opuso al favorito de López Obrador.

Dos años después de su defenestración en la Secretaría de Seguridad Pública Ebrard asumirá la jefatura de Gobierno del DF. Su homólogo federal, Ramón Martín Huerta, al que se le hubieran podido imputar omisiones como las que no prosperaron contra el inminente gobernante capitalino, murió en un accidente aéreo el 21 de septiembre de 2005.

!!Ya tenemos Presidente, AMLO Presidente Legítimo de los Mexicanos!!