Con la discreción y austeridad que lo caracteriza, sin publicar mensajes de felicitación inducidos (y pagados) el diario Reforma celebró ayer su decimotercer aniversario del modo que mejor puede hacerlo: trabajando, ofreciendo información propia, resultado de un esfuerzo consistente de investigación. Por un lado, publicó los resultados de su encuesta nacional telefónica sobre la protesta de Andrés Manuel López Obrador, en que un 56 por ciento de los interrogados desaprueba ese gesto. Y, por otra parte difundió contundente información sobre la campaña publicitaria del presidente Fox al cabo de su sexenio.
Desde agosto de 2005, en su fase inicial con el pretexto de concitar la atención pública hacia su quinto informe de gobierno, la Presidencia ha realizado una imparable y onerosa campaña propagandística, que se acentuó durante el proceso electoral (etapa en que se pasaron por alto disposiciones de los otros poderes, trasladando el protagonismo presidencial justamente cuestionado a la publicidad de los sectores de su gobierno). No satisfecho con el exceso en esa fase previa a las elecciones (que sin duda generó un efecto de refuerzo a la propaganda proselitista directamente difundida por el PAN), todavía después de la jornada electoral se han reportado nuevos incrementos.
En efecto, de enero a junio pasados la oficina presidencial destinó poco más de seis millones de pesos a la propaganda del Ejecutivo (un millón al mes, en promedio), pero sólo de julio a septiembre la cifra ascendió a cerca de nueve millones de pesos (es decir se triplicó, porque fue de aproximadamente tres millones mensuales). Comparado el periodo total (de enero a septiembre) con el mismo lapso del año pasado, en este en que hubo elecciones y hay que decir adiós, el gasto más que se duplicó.
Esas cifras son sólo una mínima adherencia al uso de los tiempos oficiales y fiscales en radio y televisión, que por no significar una erogación directa conviene medir por su duración. En ese renglón el abuso es evidente y aun mayor: en todo el año pasado la Presidencia utilizó más de cuatro mil horas de televisión y doce de mil de radio, mientras que en los primeros nueve meses de este año se han utilizado cinco mil 600 horas de televisión y ¡31 mil 151! en radio.
Los contenidos de la propaganda son de corte estalinista, puro fomento al culto de la personalidad. Fox aparece como el demiurgo, causa de todo los abundantes bienes que se derraman sobre el país. A pesar de que el Instituto mexicano del seguro social nació en el mismo año que Fox, la propaganda lo presenta casi como su fundador, el autor de la buena salud de sus derechohabientes.
Hay un spot en que se incurre francamente en la mentira. Una hija pregunta a su padre si podemos obtener información sobre uso de recursos públicos y el satisfecho padre foxista asegura que sí, pues para ello Fox promovió la transparencia iniciando la ley que rige en la materia (afirmación que figura en todos los balances del sexenio, incluido el que con autoregodeo suscribió el propio Fox la semana pasada).
Nada más apartado de la realidad. La ley de acceso a la información pública surgió de una iniciativa ciudadana que adquirió dinamismo en 2001 cuando se hizo evidente que el gobierno no tenía intención de promoverla y cuando, llevado a rastras a hacerlo, propuso normas muy por debajo de niveles ya fijados por una opinión pública que fue sensible a los trabajos del grupo Oaxaca.
A partir de un seminario sobre derecho a la información y reforma democrática, celebrado en mayo de 2001 en aquella ciudad, convocado por instituciones académicas, medios y asociaciones de editores y periodistas se establecieron principios que deberían fundar la ley que los participantes en el seminario esperaban que surgiera del gobierno. Cuando se advirtió que había desinterés y aun pasmo en la todavía flamante administración, el ya para entonces denominado grupo Oaxaca decidió preparar un anteproyecto que finalmente hicieron suyo diputados de todos los partidos representados en la Cámara, excepto el PAN. Y si bien la Presidencia se anticipó a presentar su propia iniciativa días antes de que lo hicieran los legisladores, el dictamen que permitió la emisión de la Ley de transparencia y acceso a la información adoptó sobre todo los planteamientos de la Comisión técnica del grupo mencionado.
Los diarios Reforma y El Universal habían publicado previamente el decálogo en que debería desplegarse la legislación pertinente, que caracterizaba el derecho a recibir información de los órganos del estado y de toda entidad que manejara recursos públicos. Esos principios fueron resumidos así por Juan Francisco Escobedo, uno de los participantes en su elaboración: 1) Derecho humano universal; 2) La información pública pertenece a las personas; 3) Máxima apertura de los poderes del estado; 4) Obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado; 5) Procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos; 6) Mínimas excepciones a la norma; 7) Organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias; 8) Tras la pista del dinero; 9) Consistencia jurídica: 10) Promoción del federalismo.
La ley fue aprobada en San Lázaro el 24 de abril de 2002 y en el Senado seis días después. El Presidente actuó errática y lentamente al comenzar su aplicación y ha sido reticente cuando se le ha reclamado información. Por eso resulta grotesco que en su costosa propaganda se ufane de lo que no ha hecho.
Desde agosto de 2005, en su fase inicial con el pretexto de concitar la atención pública hacia su quinto informe de gobierno, la Presidencia ha realizado una imparable y onerosa campaña propagandística, que se acentuó durante el proceso electoral (etapa en que se pasaron por alto disposiciones de los otros poderes, trasladando el protagonismo presidencial justamente cuestionado a la publicidad de los sectores de su gobierno). No satisfecho con el exceso en esa fase previa a las elecciones (que sin duda generó un efecto de refuerzo a la propaganda proselitista directamente difundida por el PAN), todavía después de la jornada electoral se han reportado nuevos incrementos.
En efecto, de enero a junio pasados la oficina presidencial destinó poco más de seis millones de pesos a la propaganda del Ejecutivo (un millón al mes, en promedio), pero sólo de julio a septiembre la cifra ascendió a cerca de nueve millones de pesos (es decir se triplicó, porque fue de aproximadamente tres millones mensuales). Comparado el periodo total (de enero a septiembre) con el mismo lapso del año pasado, en este en que hubo elecciones y hay que decir adiós, el gasto más que se duplicó.
Esas cifras son sólo una mínima adherencia al uso de los tiempos oficiales y fiscales en radio y televisión, que por no significar una erogación directa conviene medir por su duración. En ese renglón el abuso es evidente y aun mayor: en todo el año pasado la Presidencia utilizó más de cuatro mil horas de televisión y doce de mil de radio, mientras que en los primeros nueve meses de este año se han utilizado cinco mil 600 horas de televisión y ¡31 mil 151! en radio.
Los contenidos de la propaganda son de corte estalinista, puro fomento al culto de la personalidad. Fox aparece como el demiurgo, causa de todo los abundantes bienes que se derraman sobre el país. A pesar de que el Instituto mexicano del seguro social nació en el mismo año que Fox, la propaganda lo presenta casi como su fundador, el autor de la buena salud de sus derechohabientes.
Hay un spot en que se incurre francamente en la mentira. Una hija pregunta a su padre si podemos obtener información sobre uso de recursos públicos y el satisfecho padre foxista asegura que sí, pues para ello Fox promovió la transparencia iniciando la ley que rige en la materia (afirmación que figura en todos los balances del sexenio, incluido el que con autoregodeo suscribió el propio Fox la semana pasada).
Nada más apartado de la realidad. La ley de acceso a la información pública surgió de una iniciativa ciudadana que adquirió dinamismo en 2001 cuando se hizo evidente que el gobierno no tenía intención de promoverla y cuando, llevado a rastras a hacerlo, propuso normas muy por debajo de niveles ya fijados por una opinión pública que fue sensible a los trabajos del grupo Oaxaca.
A partir de un seminario sobre derecho a la información y reforma democrática, celebrado en mayo de 2001 en aquella ciudad, convocado por instituciones académicas, medios y asociaciones de editores y periodistas se establecieron principios que deberían fundar la ley que los participantes en el seminario esperaban que surgiera del gobierno. Cuando se advirtió que había desinterés y aun pasmo en la todavía flamante administración, el ya para entonces denominado grupo Oaxaca decidió preparar un anteproyecto que finalmente hicieron suyo diputados de todos los partidos representados en la Cámara, excepto el PAN. Y si bien la Presidencia se anticipó a presentar su propia iniciativa días antes de que lo hicieran los legisladores, el dictamen que permitió la emisión de la Ley de transparencia y acceso a la información adoptó sobre todo los planteamientos de la Comisión técnica del grupo mencionado.
Los diarios Reforma y El Universal habían publicado previamente el decálogo en que debería desplegarse la legislación pertinente, que caracterizaba el derecho a recibir información de los órganos del estado y de toda entidad que manejara recursos públicos. Esos principios fueron resumidos así por Juan Francisco Escobedo, uno de los participantes en su elaboración: 1) Derecho humano universal; 2) La información pública pertenece a las personas; 3) Máxima apertura de los poderes del estado; 4) Obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado; 5) Procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos; 6) Mínimas excepciones a la norma; 7) Organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias; 8) Tras la pista del dinero; 9) Consistencia jurídica: 10) Promoción del federalismo.
La ley fue aprobada en San Lázaro el 24 de abril de 2002 y en el Senado seis días después. El Presidente actuó errática y lentamente al comenzar su aplicación y ha sido reticente cuando se le ha reclamado información. Por eso resulta grotesco que en su costosa propaganda se ufane de lo que no ha hecho.
!!Ya tenemos Presidente, AMLO Presidente Legitimo de los Mexicanos!!
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